Desde inaugurada, la línea 12 del metro de la ciudad de México ya había generado dudas y controversias. Construida con la promesa de ser una de las obras más destacadas de la ciudad por su diseño y su modernidad, terminó costando 744.5 millones de pesos adicionales al costo inicial calculado —estimado en 17,500 millones—, lo cual desde el inicio generó la sospecha de corrupción.
Pero los problemas y las controversias no habían terminado. Apenas un año y medio después de su inauguración fue ordenada la suspensión parcial de su operación a causa de una evaluación externa que recomendó reparaciones de fondo en 11 de las 20 estaciones por fallas de construcción y por mal diseño de la obra, lo que ha obligado al Gobierno citadino a invertir periódicamente millones de pesos adicionales para darle mantenimiento a la obra, considerada por ello la más onerosa de la ciudad. La sombra de la impunidad y de la corrupción se cierne sobre la línea 12 del metro mexicano.
Muchos analistas ven el accidente ocurrido en el tramo de las estaciones Olivo y Tezonco la noche del 3 de mayo como la consecuencia lógica de una larga historia de controversias nunca resueltas y de fallos estructurales nunca atribuidos a nadie, por lo que el reclamo por encontrar responsables y deducir responsabilidades es más fuerte que nunca. La tragedia se venía anunciando desde hacía mucho tiempo.
La historia detrás de la tragedia de la línea 12 del metro mexicano es solamente una metáfora real y dolorosa de lo que produce la corrupción: cobra víctimas inocentes, produce daños colaterales innecesarios y fomenta una profunda y sistemática desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades, pues todo el tiempo sospechan que la mala fe, la incompetencia y la negligencia son la forma regular en la que se desempeñan los funcionarios públicos.
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Es también la historia de cómo se producen los colapsos y las crisis políticas. De forma silenciosa se van socavando las bases de la moral y de la solidaridad, de manera que paulatinamente se van erosionando la estructura social y el accionar de las instituciones, hasta que de pronto, de la noche a la mañana, ocurre el desastre que todos han anticipado, pero del cual nadie puede predecir el momento exacto en que sucede. Es la crónica de las crisis y los desastres anunciados.
Lamentablemente, el accidente de la línea 12 no tendrá solución fácil. Se espera que en la consecuente revisión de toda la obra se inviertan muchos millones adicionales de pesos, pero sin la debida seguridad de que tal inversión solucionará los fallos estructurales y de diseño que provocaron el colapso. Adicionalmente, la población que usaba la millonaria obra tendrá que invertir costos adicionales para buscar otras formas de transporte más caras e ineficientes ante las malas condiciones de viabilidad prevalecientes en la ciudad, con sus secuelas en cuanto al aumento del tráfico superficial, la pérdida de tiempo y la contaminación del medio ambiente.
Esta tragedia en la ciudad de México debe alertarnos a los ciudadanos guatemaltecos de lo que ocurre cuando validamos o toleramos la corrupción y la impunidad. Recientemente, las bandadas mayoritarias del Congreso de la República han aprobado reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que, según se sospecha, ayudarán a fomentar la opacidad, la ineficiencia, la inefectividad, el favoritismo, el sobrecosto y, por ende, la corrupción. Pese a este diagnóstico, en las conversaciones públicas y en las discusiones dominantes de las redes sociales el tema ha acaparado poca atención ciudadana, al igual que tantos otros temas similares que han pasado prácticamente inadvertidos. Lo más probable es que los ciudadanos guatemaltecos, en su mayoría, hayan dejado de esperar algo bueno de sus autoridades, por lo que desde hace mucho tiempo dependen más de las numerosas redes de solidaridad que prevalecen en la población, así como del trabajo y el ingenio propios, que de la capacidad y la respuesta de sus autoridades.
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