El camino que parecía llano

La sesión del pasado 2 de febrero marcó el final de un episodio en el que el partido de Gobierno se había encontrado con una serie de resultados favorables que le permitieron sentar algunas de las bases para los cuatro años de gestión que le esperan.

El apoyo obtenido por la mayoría de bloques legislativos le permitieron al Partido Patriota (PP) la aprobación de varios decretos -algunos buscados inútilmente por el gobierno pasado- en dos semanas  y la esperanza de aprobar una reforma fiscal que promete facilitar considerablemente el trabajo de las nuevas autoridades.

Sin embargo, la ruptura provocada por una nueva distribución de fuerzas, la discusión de las comisiones legislativas y la posibilidad de cambiar los procedimientos internos en el Congreso pueden ser el anuncio de un cambio de dirección sobre la forma en que se han alcanzado los acuerdos con las fuerzas políticas del país.

Un comienzo de rompe y rasga

Se define como “luna de miel” el período en el que el Gobierno entrante parece tener la situación a su favor. Goza de popularidad, los medios aún no critican con dureza su gestión, logra consensos y consigue con relativa facilidad la aprobación de leyes que le ayudarán durante los cuatro años siguientes.

Durante las primeras dos semanas de su período presidencial, el caso de Otto Pérez Molina ha sido un ejemplo de esta tendencia. La elección de la Junta Directiva no fue muy complicada para las nuevas autoridades. Con la retirada de Alejos de la contienda –por decisión propia o por falta de apoyo–, la planilla que ponía al oficialista Gudy Rivera como presidente, acompañada de miembros de otras bancadas, se presentó como opción única y logró 143 votos.

Pero antes de haber tomado el mando el 14 de enero, las negociaciones sobre la Ley del Presupuesto evidenciaban que las cosas comenzarían bien para el nuevo gobierno.

A diez días de que concluyera el plazo para aprobarlo, en noviembre de 2011, el futuro del Presupuesto no estaba claro. El PP pretendía elevarlo a la cifra de Q59.5 millardos, pero la Comisión de Finanzas no había emitido siquiera un dictamen favorable. Ante las prácticas filibusteras que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Libertad Democrática Renovada (Lider) empleaban para perjudicar al gobierno electo –prácticas idénticas a las que el PP utilizó durante los cuatro últimos años para bloquear la agenda en el hemiciclo– el nuevo gobierno corría el riesgo de tener que conformarse con el presupuesto del año anterior de Q54.3 millardos. Sin embargo, el apoyo del entonces presidente del Legislativo -el hasta hacía siete días uneísta Roberto Alejos- y de los bloques que fueron aliados de la UNE,  le otorgarían al PP su presupuesto deseado.

El reacomodo de fuerzas

El panorama para después de la toma de posesión era aún más prometedor que en los meses anteriores.

Las negociaciones que se dieron antes del traspaso de mando provocaron que esta Legislatura empezara con una buena parte de los diputados electos fugándose de una bancada a otra y la UNE –aparentemente el principal grupo de oposición, tan fortalecida tras unas elecciones en las que obtuvo casi un millón de votos– bajo mínimos: el partido del gobierno saliente había logrado 48 curules, pero para el momento de la primera sesión plenaria, el número, cercenado por el transfuguismo, se había reducido a 12.

El desplome de la UNE se explicó de varias maneras: Roberto Alejos sostiene que se había perdido el sentido socialdemócrata y eso motivó a muchos a abandonar la agrupación: Roberto Kestler, del mismo bloque que Alejos, asegura que en el partido se habían olvidado de su distrito. Otros, todavía miembros de la agrupación, como Orlando Blanco, apuntan al supuesto pago de “sobresueldos” en las nuevas bancadas o al cobro en especie: agilización de proyectos para sus distritos.

Aún había una forma más de explicarlo: los diputados se fueron a integrar la bancada ganadora, las bancadas que podrían convertirse en bisagra, o incluso la de Lider, el partido controlado por el candidato que obtuvo el segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales y probable aspirante en las venideras.

Los movimientos le dieron al PP y sus aliados más cercanos 85 votos pero el bloque independiente de Alejos, identificado con las corbatas moradas, fue uno de los más favorecidos: contaba con una plataforma legislativa de 42 diputados de varias bancadas, que ofrecían un apoyo condicionado.
En total, eran  127 votos de 158 posibles.

Aunque el inicio de la Legislatura se enredó en una lucha por las oficinas y los espacios después de la readecuación de fuerzas en el Parlamento, las primeras sesiones sirvieron para aprobar una serie de decretos sin mayores confrontaciones, con el respaldo de una mayoría de votos, incluidos los de la UNE.

Pese a sus viejas rencillas con el PP, la UNE estaba apoyando las iniciativas del nuevo Ejecutivo y en esas circunstancias Gudy Rivera, el presidente del Congreso, no veía la necesidad de imponer, ante el ex partido de gobierno, su primacía numérica en el debate de temas trascendentales para Otto Pérez como las reformas a la Ley Orgánica del Ejecutivo que crearon el Ministerio de Desarrollo Social.

Sí lo hizo, sin embargo, ante otro partido de oposición. Los diputados de Lider, los únicos que han intentado torpedear las iniciativas del gobierno de Pérez Molina, vieron truncadas sus intenciones cuando Gudy Rivera les negaba la palabra durante las discusiones previas a las votaciones y se tenían que conformar con razonar su voto o discutir con el tiempo limitado por decisión de la mayoría de los asistentes a la sesión plenaria.

Según Leonardo Camey, subjefe del bloque de Lider, la forma en que Rivera ha “pasado la aplanadora” ha sido ilegal.

Mientras los diputados de esa agrupación estudian si impugnar algunas leyes ya aprobadas, el Congreso ha avanzado con siete decretos en cuatro sesiones, una cifra que habla de un grado de consenso rara vez visto los últimos cuatro años.

El consenso para la reforma tributaria

Entre los decretos aprobados en 2012 se encuentra la ley Antievasión II, una normativa que el gobierno de Álvaro Colom impulsó infructuosamente durante su gestión.

La normativa forma parte del paquete de reforma fiscal, que tiene como objetivo aumentar los ingresos del Estado en un país con una de las cargas tributarias más bajas del mundo. La reforma integral fue uno de los principales objetivos del gobierno pasado, pero nunca logró el apoyo de las bancadas.

La oposición del PP y, en ocasiones, Lider, sumada a las dificultades para convencer a sus aliados o a sus mismos diputados hacía que cualquier tema relacionado con créditos, bonos, transferencias o el mismo Presupuesto General, se entrampara por semanas enteras. Ahora, el oficialismo pretende lograr lo que le vedó al gobierno anterior.

Aunque quedan por aprobar siete leyes para completar la modernización tributaria que busca el gobierno de Pérez Molina, la mayoría de bloques han hecho público su interés por lograr que se concrete. Si bien esto tampoco es garantía de que el resultado sea satisfactorio, es más de lo que se veía hace casi cuatro años.

La reforma se basa en las recomendaciones del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal que estuvieron a punto de ser enviadas al Congreso durante los primeros años del gobierno de Colom; pero no carece de modificaciones.

El pasado 31 de enero, Plaza Pública dio a conocer algunos detalles sobre las implicaciones de la reforma. En el artículo se establece que los empresarios tendrán que pagar más en materia de utilidades de la empresa, pero recibirán una compensación con los dividendos personales, por lo que su tributación no será muy diferente a la actual.

Es posible que este cambio haya motivado a los diputados que se identifican más con los sectores empresariales a estar de acuerdo con las medidas, pero tampoco causa mucho rechazo entre quienes se definen como socialdemócratas.

Taracena dice estar consciente de que será la clase media la más afectada con el paquete fiscal, por lo que su bancada planteará las enmiendas que considere necesarias para hacer más equitativo el incremento en los impuestos. No obstante, aclara que aun sin estas modificaciones, los diputados de la UNE apoyarán el paquete debido a la necesidad de Estado de contar con más recursos para enfrentar la crisis constante en la que vive el país.

El primer obstáculo
El Congreso ya recibió el paquete de reforma. El ejecutivo lo presentó el pasado viernes pero el clima no era el que se hubiera esperado días atrás, cuando la agenda fluía de manera excepcional. Estaba enrarecido. Un día antes había habido algo como un punto de inflexión en la relación de los oficialistas y el resto de bancadas: un primer roce. O más bien, había emergido a la superficie un desacuerdo.

Era obvio porque después de tanta cuesta abajo en todas las iniciativas en esta jornada la sesión se había estancado por casi siete horas y después, cuando el quórum cayó bajo el mínimo, se había suspendido, y dejó sobre la mesa sin el beneplácito el tema que se debatía: las reformas a la Ley Orgánica del Legislativo.
Era una forma de protesta ante la moción privilegiada que  el jefe de bloque del PP, Valentín Gramajo, había presentado para que se aprobara de urgencia nacional. La falta de una discusión previa provocó el rechazo en varios bloques, incluido el del diputado que la había formulado, Roberto Alejos.

Los últimos movimientos de cambio de bancada por parte de los diputados dieron como resultado el fortalecimiento de la alianza integrada por  el PP, la Unión del Cambio Nacional (UCN), Visión con Valores (Viva) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) con 85 votos. Con una asistencia mínima de los miembros de estos bloques, la cantidad puede ser suficiente para aprobar la mayoría de normativas mediante un procedimiento normal de tres lecturas, sin tener que consensuar con otros bloques. Sin embargo, algunas iniciativas necesitan 105 votos para su aprobación y es en esas circunstancias que se hacen necesarios al menos de 20 votos adicionales. Según fuentes en el Congreso, el entrampamiento del pasado jueves se dio también porque Alejos se esforzó por recordarle eso al oficialismo y sus aliados.

La iniciativa de reforma a los procedimientos internos del Congreso planteaba reducir el número de las salas de trabajo y asignarlas de acuerdo al número de diputados de cada bancada. También pretendía regular las sesiones plenarias y los mecanismos para combatir el obstruccionismo parlamentario, entre otras cosas. Con ello se limitarían mucho las negociaciones que pueden hacer las bancadas para obtener la presidencia de una comisión y se reduciría por lo tanto una práctica muy común en el Parlamento por parte de los opositores (el hoy partido oficial fue su estandarte en la pasada legislatura): entrampar la agenda como medida de presión.

Sin embargo, si bien esta medida aligeraría el ritmo legislativo también implicaría reducir la capacidad de los bloques de condicionar sus votos ante el partido de Gobierno.

Además, había dicho Taracena al micrófono, no debía aprobarse sin discusión, como pretendía el PP, sin siquiera regular los recursos adicionales que reciben los miembros de la directiva: “Q25 mil  el presidente, Q20 mil los vicepresidentes y Q15 mil los secretarios”. El resto de las bancadas asintió a la exposición de Taracena.

Otra de las quejas del jefe de la bancada de la UNE se centraba en que había hablado al inicio de Gobierno con la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, y había acordado con ella hacer avanzar la agenda de manera armoniosa, pero la moción de Gramajo iba en una línea opuesta. Según Taracena, fue este acuerdo con Baldetti lo que motivó a Alejos a apoyar también las iniciativas con los votos de las bancadas que lo secundan para no quedarse fuera de las negociaciones.

Sin embargo, los recortes a la capacidad de negociación de las bancadas, la regulación de los procedimientos parlamentarios no eran lo único que había dado al traste con las intenciones del PP aquel día. Había algo más, un sustrato de malestar. La noche anterior se habían pactado preliminarmente las salas de trabajo pero muchos estaban aún inconformes con el resultado y otros se quejaban de haber quedado fuera de la negociación.

Esto resultó en que las iniciativas del Ejecutivo llegaran al Congreso no solo en un momento en que se buscaba restablecer un consenso recientemente roto, sino que lo hacían sin que se hubiera conformado la Comisión de Finanzas, la encargada de emitir el dictamen favorable para la aprobación en el pleno.

Si en los próximos días el PP logra llegar a acuerdos para distribuir las comisiones es posible que el Congreso le conceda al partido oficial algunos de sus objetivos, como las reformas a la Ley Orgánica del Legislativo o la propuesta fiscal. Sobre todo ahora que el apoyo incondicional de UCN, Viva y PAN pueden darle más de 80 votos, es decir, una mayoría simple.

Pero también es posible que la ruptura de la semana pasada haya marcado, si no el final de este período de enamoramiento, de luna de miel, sí al menos el comienzo de un capítulo menos ideal y más abrupto. Y que el partido oficial tenga que trabajar más duro de ahora en adelante para conseguir todos los acuerdos que precisa para lograr lo que se proponga.