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El camino del presidente a los tribunales
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Opinión

El camino del presidente a los tribunales

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Hemos vivido una de las semanas más atípicas de nuestra historia reciente. Pasamos de un gobernante prepotente y bravucón a uno acorralado por su propia ineptitud y autoritarismo. De parecer el héroe de la dignidad nacional, pasamos a verlo acompañado de lo más indigno y sucio de la política nacional, arropado en las sábanas sucias de los políticos tradicionales.

Él y Álvaro Arzú amenazaron de guerra y demostraron que no les importan ni la democracia ni la paz, sino únicamente la protección de sus más particulares e indignos intereses. El Taquero ha dejado su marca y pareciera que Jimmy Morales está dispuesto a cumplir al cien por ciento sus deseos, es decir, sacar a Iván Velázquez del país para que tanto Marvin Marín, alias el Taquero, como Jimmy Morales, alias Nito, puedan seguir tranquilamente con sus prácticas criminales.

Con toda desvergüenza, el domingo 27 el presidente afirmó que lo declaraba no grato porque había querido imponer una reforma constitucional. Cualquiera que medio sepa las reglas básicas del funcionamiento institucional del Estado guatemalteco sabrá que, para que una reforma de ese tipo sea aprobada, se necesita que primero lo haga la mayoría calificada del Congreso para luego ser aceptada por la mayoría en un referendo. Velásquez, la jefa del Ministerio Público (MP) y el procurador de los derechos humanos promovieron una reforma que el mismo Morales apoyó en sus inicios. Pero a él y a sus secuaces —pues no se puede calificar de otra manera a quienes le han brindado su apoyo en esta coyuntura— no les conviene un MP independiente, con un cuerpo de jueces y magistrados nombrados y elegidos estrictamente en función de méritos, y no por compadrazgos políticos y familiares.

Es por ello que el gesto autoritario con el que quiso cubrir sus faltas le ha traído más problemas que beneficios. Quiere tener lejos a Iván Velásquez, pero no porque supuestamente esté interviniendo en asuntos nacionales, sino porque lo ha denunciado penalmente por crímenes políticos. Mas, en lugar de sacar de inmediato todos los comprobantes e informes de auditoría que se le piden y así demostrar que no es siquiera sospechoso de algún crimen político, al no tenerlos optó por jugar al dictador. Y en esa absurda aventura se ha hecho acompañar de todos los que de una u otra forma quieren ser dueños de los fondos públicos y usarlos en su personal beneficio.

Al comisionado se le retiró de inmediato la protección policial y hay indicios de que se intentó detenerlo y ponerlo de inmediato en un avión. Pero el recién electo procurador de los derechos humanos no quiso ver el país envuelto en tal desorden y no solo solicitó amparo legal ante la Corte de Constitucionalidad por la decisión, sino que también pidió medidas cautelares en favor del funcionario extranjero. En un extraño y oscuro accidente, esa misma noche del 27 de agosto murió el general de brigada Pedro Reyna Caro, comandante del Mariscal Zavala. El silencio que ha seguido a su deceso deja una estela de suspicacias.

Funcionarios de carrera, dignos y honestos, horas antes habían sido destituidos de sus cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores por no apoyar los absurdos procedimientos del aprendiz de dictador. Los embajadores Carlos Raúl Morales y Carlos Ramiro Martínez fueron separados abruptamente de sus puestos. Al típico estilo serranista, Jimmy Morales nombró amigas en los cargos, dispuesto a atrincherarse en la defensa de su autoritaria decisión. En solidaridad con sus colegas y ante tanto desatino, la viceministra Ana María Diéguez presentó su renuncia irrevocable.

Con clara visión de país y dispuestos a no ensuciar más sus nombres colaborando con un gobierno que viaja veloz al despeñadero, la ministra Lucrecia Hernández Mack y todos sus viceministros presentaron también sus cartas de renuncia irrevocable, un acto de dignidad y seriedad que lamentablemente no fue seguido por sus otros colegas de gabinete, lo que muestra la soledad y el aislamiento en el que siempre estuvieron, aunque Morales los usase para, demagógica e hipócritamente, mostrar una apertura política y un compromiso con los problemas centrales de la sociedad guatemalteca que nunca ha tenido.

El escenario político, en consecuencia, no puede estar más que claro. Jimmy Morales no solo ha cometido delitos electorales al no declarar millonarias sumas de dinero que fluyeron a su campaña de segundo turno, cuyo origen y cuyo destino se desconocen, sino que ahora también es acusado de irresponsabilidad administrativa al usar argumentos falaces en el acto de declarar persona non grata al comisionado contra la impunidad. Él y su gente piden que no se ventilen los casos públicamente, que la población desconozca lo que sucede, en un evidente esfuerzo por acallar a la prensa y así seguir desinformando a la población, como lo han hecho por décadas con el apoyo de los canales de televisión abierta.

Las próximas semanas serán decisivas para el futuro político del país. El Congreso deberá decidir si le retira al presidente el privilegio de la inmunidad judicial o no. Morales deberá comparecer ante los tribunales, y mientras más pronto lo haga más rápido habremos superado la crisis.

Aquí no hay conspiración estadounidense, como tampoco rastros de su sombra imperialista y mucho menos del comunismo demócrata. Mucho menos nos jugamos ninguna revolución. Simplemente estamos ante la posibilidad de dignificar la política y mejorar el funcionamiento del Estado o de seguir siendo gobernados por forajidos prepotentes y autoritarios al tiempo que dejamos de lado cualquier aspiración democrática.

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