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El beneficio es para todos… los que ya tienen sus frecuencias
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El beneficio es para todos… los que ya tienen sus frecuencias

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La polémica en torno a la reforma de la ley tiene que ver con esos dos elementos: la prolongación de un sistema de medios electrónicos y telecomunicaciones concentrado y poco proclive a la apertura democrática a distintas voces, y la supeditación de la política a los negocios de sus financistas.
La pena iría de los seis a los 10 años de prisión y el decomiso y pérdida de su equipo de transmisión. Es decir un mínimo superior al del delito de enriquecimiento ilícito, cuya pena va de los cinco a los 10 años, más una multa de 50,000 a Q500,000.
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Las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, con las que se amplían los períodos de usufructos de frecuencias, abre de nuevo la discusión sobre mantener el modelo actual en el que se otorgan las frecuencias radioeléctricas o plantear una alternativa con mayor participación de la población y mayores beneficios para el Estado. La nueva ley reconcentra un sistema de comunicaciones ya concentrado. En camino viene una enmienda más: penar con cárcel las transmisiones ilegales.

Había quien le demandaba que vetara las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones pero Otto Pérez Molina frustró sus intenciones: el 5 de diciembre se publicó el decreto en el diario oficial.

El presidente había sancionado el decreto y entra hoy en vigor. Con él se amplían los plazos de usufructos de frecuencias radioeléctricas de 15 a 20 años y se establece la posibilidad de prorrogar los contratos por medio de una solicitud escrita.

Los diputados Amílcar Pop, de Winaq; C...

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