El asedio

La maquinaria se desató. Los primeros indicios se hicieron evidentes cuando, contra toda lógica jurídica y científica procesal penal, dos juezas torcieron sus argumentos para garantizarle impunidad al exgobernante Alfonso Portillo Cabrera. Para dos de las tres profesionales del derecho y responsables de impartición de justicia que tuvieron a su cargo el impartir sentencia, no es delito robar sino gastar lo robado. Así, argumentaron que la Fiscalía debió haber probado en qué clase de caprichos Portillo gastó el dinero que sustrajo junto con su camarilla de conspiradores civiles y militares. No bastó a estas dos alfiles de la impunidad que los peritajes, análisis e informes documentaran hasta la saciedad cómo el exmandatario y sus secuaces conspiraron para sustraer decenas de millones de quetzales, en efectivo y en movimientos bancarios, del presupuesto estatal, particularmente del militar amparados en el secreto por seguridad. De semejante argumento se hicieron las juezas para cumplir su rol en la cadena y dejar a Portillo libre de culpa por sus crímenes contra la sociedad.

Esta sentencia se hermanó con la resolución que en primera instancia redujo arbitrariamente los términos de la acusación contra Alejandro Giammattei Falla —cómplice de Carlos Vielman, Javier Figueroa y Erwin Sperisen— por su papel en la masacre perpetrada por las autoridades del Ministerio del Interior en septiembre de 2006. Tales resoluciones, además de que nos dieron una bofetada con el puño de la impunidad, lanzaban los primeros cañonazos contra la Fiscalía.
Luego llegó la masacre de la finca Los Cocos. Allí, 27 jornaleros y jornaleras fueron ejecutados brutalmente por un grupo de criminales entrenado militarmente y que utilizó métodos contrainsurgentes —exactamente como los aplicados durante la acción estatal contra la población y el movimiento guerrillero en el conflicto armado interno— para masacrar a sus víctimas.

Durante el proceso de investigación de la masacre, un atentado con bomba y una balacera en la cabecera de Petén ampliaron la zozobra. La Fiscalía debió desplazar a muchos de sus funcionarios para atender la investigación y conducir las primeras capturas de los sospechosos de perpetrar estos hechos.

Pocos días después, sendas mantas amenazantes son colocadas en distintos puntos del país, para amedrentar a las autoridades y a la prensa, pero en especial a la Fiscalía, a fin de que cese en su persecución de los criminales.

Esta semana se inició con el secuestro y asesinato brutal y despiadado (similar a la masacre en Los Cocos), del auxiliar fiscal de Cobán, Allan Stowlinsky Vidaurre, así como la amenaza directa a la agencia fiscal de esa localidad.

Han sido dos semanas en las que desde distintos ángulos se muestra lo que se ha venido definiendo como un asedio sistemático, aparentemente invisible por ser semi-inmaterial, a la acción decidida de la Fiscalía y en particular de su titular Claudia Paz y Paz, contra las estructuras criminales.
Por primera vez en mucho tiempo, el Ministerio Público (MP) tiene al frente a una persona, una mujer, capaz profesional y éticamente hablando, que se ve asediada por las estructuras de la impunidad y limitada ante el cerco económico contra la institución. El fiscal Stowlinsky, al igual que muchos buenos profesionales del MP, careció de protección ante las acciones que dirigía.

La oficina de la fiscalía está en trapos de cucaracha intentando resolver los volcanes de impunidad que heredó y que están lanzando lava día con día, al tiempo que enfrenta los nuevos hechos que el crimen pone sobre la mesa. Tomó más de una hora convencer a las autoridades del Ministerio de Gobernación que era indispensable proteger a quienes acudían al velorio del fiscal Stowlinsky y a su familia. Ni la voz demandante de Paz y Paz logró que el Ejecutivo destinara a los efectivos necesarios ante un hecho que, a todas luces, requería ofrecer seguridad inmediata. Menos aún, se logró que hubiese garantía de seguridad para el resto de profesionales que continúan en la agencia fiscal de la ciudad norteña. Igual suerte enfrentan muchas dependencias del MP en el resto del país. Situación que completa el asedio iniciado con las sentencias de impunidad.

Por lo tanto, es menester demandar de las autoridades responsables la garantía de seguridad para los funcionarios del MP en general y para aquellos que enfrentan procesos de alto impacto en particular. Es menester, también, señalar a las estructuras del sistema de justicia, coludidas con la impunidad y el crimen, a fin de que las autoridades judiciales impulsen procesos efectivos de depuración. Para ambos reclamos, la voz social y ciudadana es vital. De lo contrario, habremos permitido que el asedio alcance su objetivo.