La Usac, no solo por ser la única universidad pública sino, fundamentalmente por su papel histórico, es una institución llamada a tener un rol esencial en el acontecer nacional. Debido a su alto perfil académico en épocas pasadas, la Usac formó profesionales capaces y con un profundo compromiso con la sociedad. Desde las aulas y la cátedra de la Tricentenaria, se debatía sobre la situación nacional y la necesidad imperiosa de un cambio que modificara las predominantes estructuras de exclusión.
Ese compromiso con la transformación representó una gigantesca pérdida en vidas valiosas. Profesionales, estudiantes y personal de la Usac sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial o exilio. Miles y miles de integrantes de la comunidad sancarlista pagaron con su vida la osadía de pensar en una Guatemala distinta. Los informes de memoria histórica recogen testimonios y análisis del impacto de la represión contrainsurgente en la vida universitaria.
La ausencia de liderazgo de alto nivel, por desaparición, muerte o exilio, dio paso al surgimiento y consolidación de una élite mediocre y corrupta que paulatinamente fue escalando en los espacios de poder. A ello se suma que por su función, la Usac tiene presencia en diversos espacios de decisión que impactan en la vida nacional. Además, por mandato constitucional debe recibir un porcentaje fijo del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. De manera que, los espacios de poder y el acceso a recursos de estado o préstamos internacionales hacen de la Usac un botín tentador para la mediocridad corrupta.
Si a ello se añade la necesidad de la élite que ha cooptado el estado, se comprende por qué recurrieron al más descarado fraude para tomar el control de ella. De allí que lejos de respetar los procedimientos de ley, la banda criminal que se enquistó en el Consejo Superior Universitario (CSU) utilizara los más burdos mecanismos de fraude para impedir que la oposición definiera un titular distinto en la rectoría. Por tal motivo, el grupo afín al pacto de corrupción dio un golpe a la rectoría de la USAC al imponer por chanchullo al usurpador Walter Mazariegos.
La celebración de los 51 años de autonomía está empañada por la presencia de una banda de mercenarios en el CSU. Mismos que utilizan el poder en el CSU para reprimir a quienes como Camilo García, representante estudiantil de la Facultad de Farmacia, procuran que se rectifique el fraude cometido.
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Al igual que la Usac ha sido asaltada por la corrupción, la PDH también ha caído en manos de la élite depredadora y que controla el aparato de Estado. En agosto, Alejandro Córdova asumió la titularidad de la PDH en sustitución de Jordán Rodas Andrade. Rodas cumplió a cabalidad su papel de fiscalizador de la acción estatal para garantizar la defensa de Derechos Humanos. En cambio Córdova ha llegado a la PDH para defender la instalación de la dictadura que busca desaparecer la democracia.
Al igual que la vicepresidencia de la república, la jefatura de la PDH hoy día parece más bien una plaza fantasma puesto que el titular de la misma está absolutamente desaparecido. Y no es porque no existan razones para que actúe. De hecho, si algo ha abundado en estas fechas es precisamente la violación de libertades y garantías.
Hace apenas una semana, en una ocupación militar que persiste, varias comunidades de Purulhá, en Baja Verapaz fueron desalojadas por la fuerza. La persecución a jueces, fiscales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos es el día a día de Guatemala. No obstante, Córdova parece no enterarse y por omisión, se convierte en parte de la estructura que violenta los derechos de la sociedad.
Usac y PDH, esenciales para un ejercicio democrático son en estos momentos dos entidades al servicio de la corrupción y la impunidad. Al haberles alcanzado el asalto a la institucionalidad, ambas han dejado de ser un referente democrático. En el caso de la Usac corresponde a la comunidad sancarlista la sostenibilidad de la resistencia hasta desalojar a los usurpadores. En tanto que a las bancadas de oposición en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso toca velar porque su comisionado deje de ser un holograma y cumpla sus obligaciones.
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