Pompeo, en teoría, atendería el requerimiento de Almagro, a quien el presidente Alejandro Giammattei solicitara la activación de la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo del sistema regional enfocado en la protección de la democracia que desde 2019 se le había planteado al titular de la OEA, pero este se había hecho el sordo.
Una misión de la naturaleza de la que encabeza Pompeo requiere de actuar con absoluta imparcialidad y generar confianza en todas las partes, algo que el enviado de Almagro difícilmente puede lucir, pues su presencia como presunto observador imparcial aparece contaminada de entrada por conflicto de intereses vinculados a negocios con el Estado guatemalteco. Y cabe añadir que quien amenaza la democracia en Guatemala es precisamente quien invoca ese instrumento de la OEA.
Desde su llegada al Gobierno, después de 20 años de intentarlo, el exdirector del Sistema Penitenciario inició acciones que profundizaron el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Puso la tapa al pomo al proceso iniciado por su antecesor, Jimmy Morales Cabrera, en el cierre de las entidades que se derivaron de los acuerdos de paz. Entre otras, desmanteló la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), la Secretaría de la Paz (Sepaz), la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI).
Mientras debilitaba la institucionalidad de la paz y de los derechos humanos, Giammattei fortaleció las estructuras represivas y de corrupción en el Gobierno. El movimiento más reciente fue la designación de Gendri Reyes como titular de Gobernación y de Carlos Franco Urzúa como viceministro de Seguridad en dicha cartera. El resquebrajamiento de la estructura profesional de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutado por Enrique Degenhart durante el gobierno de Morales abrió la puerta para que se instalara un esquema represor en la entidad. El desborde autoritario y agresor planteado por la PNC el 21 es ni más ni menos que una consecuencia del proceso iniciado por Morales y Degenhart.
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La fuerza de seguridad llamada a proteger a la ciudadanía se torna en su agresora, caminando de la mano con el Ministerio Público (MP), cuya titular, Consuelo Porras, forma parte de la #DictaduraDeCorruptos que se instala a pasos agigantados y a la cual el descontento ciudadano expresado masivamente en las plazas del país le resulta incómodo e inaceptable, pues cuestiona su ejercicio abusivo del poder.
El año arrancó llevando al poder a un sociópata y avanzó con el arribo al país de la pandemia del covid-19, que aniquiló la casi devastada red de salud nacional. Con la pandemia, la mayoría de la población fue afectada económicamente. Y el Gobierno, lejos de mitigar los golpes a la bolsa de quienes se quedaron sin recursos, manejó con total opacidad los fondos que le asignaron para apoyar a la sociedad, a la vez que protegió al sector económico elitario, al cual le permitió reiniciar labores sin que la pandemia estuviese controlada.
Dos fenómenos naturales, el huracán Eta y la tormenta Iota, agudizaron la ya de por sí precaria situación de las familias en la Franja Transversal del Norte al inundar sus viviendas y anegar los poblados enteros. Y el Gobierno no actuó con diligencia para apoyarlas.
La rabia social expresada en las plazas no es casual ni es invento. Es resultado de la acumulación de sinsabores que los abusos y desmanes de las autoridades han empujado. Pompeo no puede emitir un informe que oculte estos hechos y que presente solo la versión de quien ha sido el principal destructor de la democracia y nos ha hecho vivir un terrible año en constante peligro.
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