Sin embargo hay que decir que cada Gobierno tiene responsabilidades directas y el del señor Colom hizo muy poco y más bien generó riesgos adicionales en ciertos espacios y componentes ambientales y provocó un mayor debilitamiento de la modesta institucionalidad ambiental.
Colom se desentendió del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y lo dejó en manos de personas sin capacidades ni interés genuino en la gestión ambiental del país. Mientras la gente que dirigió el MARN navegaba por el mundo de foro en foro pidiendo recursos –que no llegan– para una agenda errática, en todo el territorio nacional, la calidad de vida de las personas se deteriora debido a una creciente escasez de bienes y servicios naturales y se incrementa la conflictividad territorial derivada de disputas en torno de iniciativas que tranquilamente impulsaron otras carteras como la de Energía y Minas.
Con el liderazgo presidencial del Gobierno saliente y en contubernio con el MARN, hemos podido ver una de las agresiones más fuertes a la autoridad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en toda su historia. Agresiones que se asociaron a la ampliación de actividades petroleras en el Parque Nacional Laguna del Tigre y las pretensiones de desarrollar infraestructura industrial en el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, entre otros casos. Aunque las autoridades de la Secretaría Ejecutiva del CONAP mantuvieron firmeza en las posiciones institucionales, estos casos se zanjaron al remover de su cargo a dos de ellos. Es triste que los méritos del CONAP se reduzcan a reconocer estas posiciones defensivas de sus autoridades, pues mientras estos casos mantuvieron en vilo a la Institución, las áreas protegidas fueron el blanco de los más grandes frentes de deforestación nacional, lo cual es lógico pues es en éstas áreas donde están los últimos remanentes boscosos de gran tamaño.
El Instituto Nacional de Bosques (INAB) tuvo que experimentar durante el Gobierno que se va, la segunda crisis institucional más importante desde su creación. La primera fue la intervención ilegal que se realizó durante el Gobierno del señor Portillo, causando una importante erosión de la credibilidad institucional. La segunda, durante el Gobierno que se va, ha sido la crisis financiera más dramática desde su creación, de tal forma que la Institución ha acumulado deudas de desempeño en todas las áreas que corresponden a su mandato. Se puede concluir objetivamente que el Gobierno saliente deja a la ya escasa institucionalidad ambiental en una peor situación que aquella que tenía cuando inicio su mandato.
Si estas instituciones hacen poco y en algunos casos, impulsan procesos de manera equivocada, no podemos esperar otra cosa que una situación ambiental en abandono que se moldea erráticamente conforme el ritmo de otros sectores generadores de impacto. Estos son, obviamente, aquellos que se aglutinan en el subsistema económico, así como todos los hogares guatemaltecos. Y es que de lo que se trata es que la institucionalidad ambiental pueda regular estos impactos –que son inevitables–, minimizándolos a tal grado que no rebasen limites que comprometan la estabilidad de todo el sistema país. Sumemos a estas particularidades de la realidad chapina las inminentes repercusiones del cambio del clima global que, dicho sea de paso, son totalmente ignoradas por estas pobres instituciones.
Así las cosas y con la ya conocida marginalidad financiera global que padecen estas entidades, así como con la indiferencia a la realidad ambiental nacional que exhibe el aparato ejecutivo en su conjunto –así como el legislativo y el judicial–, el 2012 se inicia con un territorio mermando en sus atributos y funciones naturales.
Una manera de medir la funcionalidad de los sistemas naturales es a través de la evaluación del grado de fragmentación de la cobertura vegetal y al respecto solo podemos decir que nuestro territorio está totalmente fragmentado. Los últimos grandes bloques boscosos, cada vez más aislados, se ubican en las partes altas de los volcanes, la Sierra de las Minas, los Cuchumatanes y en el norte de Petén. Todos sistemáticamente amenazados por ritmos de deforestación nacional que sobrepasan las 130,000 hectáreas anuales de pérdida bruta. Esta realidad no solo inviabiliza la estabilidad de las poblaciones naturales de flora y fauna sino también compromete la posibilidad de abastecer agua, generar alimentos y energía, amortiguar los impactos del cambio climático, en fin, compromete objetivamente la calidad de vida de todos, pero más fuertemente la de los pobres rurales.
Además de esta realidad que recibe el señor Pérez Molina, también recibe un país donde no hay políticas e instrumentos legales claros, ni capacidades financieras reales para gestionar el agua, la energía, la conservación de suelos, la deforestación, la contaminación creciente, el cambio del clima, la restauración natural, entre otros. Ciertamente no dijo nada en su campaña electoral sobre el tema y su Plan de Gobierno es ambiguo al respecto, pero ahora que le toca encabezar el Gobierno, todos esperamos que lo asuma como debe ser en el caso de un estadista. Lo mínimo que se espera es que evite convertirse en fuente de generación de mayor riesgo ambiental. Lo máximo, es que dote a Guatemala con los elementos básicos que requiere un país civilizado para gestionar prudentemente la naturaleza. Esto puede ser parte de su legado.
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