A pesar de ello, sufrió una crisis financiera a finales del 2018. La AEU (la recuperada democráticamente después de 17 años sin elecciones libres), en ejercicio de la representación oficial de la comunidad estudiantil de la USAC, acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) a buscar amparo ante lo evidente: el presupuesto asignado a la USAC era inferior al 5 % constitucional establecido.
La CC ha definido que el concepto de ingresos ordinarios son los impuestos (según los expedientes 1688-2007, 5298-2013 y 427-2019), por lo que se parte de la base de que los cálculos presupuestarios que establece el texto constitucional deben realizarse a partir de la cantidad total de ingresos tributarios. Para el año 2019 se estimaba una recaudación tributaria de 64,000 millones de quetzales, de modo que el 5 % serían 3,200 millones. Sin embargo, a la USAC se le asignó un aporte constitucional de poco más de 1,500 millones. ¿Por qué se le asigna menos de la mitad que le corresponde? Cuestionar dicha asignación menor fue el motivo del amparo.
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La respuesta a la interrogante: por tres décadas el Ministerio de Finanzas y el Congreso de la República han creado una serie de artimañas jurídicas para incumplir con la totalidad de los porcentajes constitucionales, a los cuales realizan deducciones, algunas veces amparados en leyes ordinarias (lo cual fue declarado inconstitucional en el expediente 5298-2013 de la CC) y otras veces interpretando erróneamente la Constitución al dar jerarquía a algunos gastos sobre otros y dejar de último el reparto de recursos a la USAC o al OJ. Este error matemático acaba de ser enmendado por la CC en el expediente 5510-2018, de modo que se le dio la razón a la AEU y se le ordenó al Congreso que no realice más deducciones para calcular los porcentajes constitucionales que deben ir en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado.
Si se aplica lo anterior, ello significaría una reconfiguración presupuestaria del Estado de Guatemala a gran escala. Son casi 2,000 millones de quetzales los que habría que agregar al presupuesto de la única institución pública que presta el servicio de impartir educación superior. Desde ya se empiezan a pronunciar algunos analistas en contra aduciendo que las finanzas del Estado sufrirán con esta sentencia. Nada más alejado de la realidad, según un último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en 2017. Guatemala invierte menos en educación superior pública que el promedio de los demás países de América Latina: se invierte un 0.3 % del producto interno bruto cuando el promedio latinoamericano es del 1.1 %.
Es evidente que sufrimos por el subdesarrollo (Guatemala ocupa el puesto 127 de 189 países en el índice de desarrollo humano), y una de las razones es la baja inversión en educación. Este tema, más allá de preocupar respecto a la asignación de los fondos faltantes a la USAC, debe interpelarnos como país y hablar de dos cosas: de la calidad de gasto del Estado (mantenemos al segundo presidente mejor pagado de América —Q145,454.33 mensuales—, por ejemplo) y de una reforma fiscal profunda (según datos de la SAT, la evasión fiscal en 2018 representó más de 40,000 millones de quetzales). La educación superior pública no es un gasto, sino una inversión. Dados los grandes desafíos de la época, necesitamos personas que piensen críticamente, que tengan conciencia ambiental y que respeten los derechos humanos. Y la llamada a formar a tales personas es la universidad pública. Esta sentencia de la CC es una oportunidad de cambiar el rumbo de la inversión pública en educación superior y, por consiguiente, de generar desarrollo.
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