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Ejecución extrajudicial y no homicidio culposo
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Ejecución extrajudicial y no homicidio culposo

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Sin uniformes militares, de corbata, vestidos elegantemente, los nueve elementos del ejército procesados por la muerte de seis personas en la Cumbre de Alaska, Totonicapán, escucharon lo que no querían oír. Una negativa a la petición de su defensa para reformar el delito de ejecución extrajudicial por el de homicidio culposo.

La jueza argumentó que no habían variado las circunstancias originales que llevaron a ligar a los imputados a proceso por los delitos referidos.

La estrategia de los abogados que defienden a los militares, presentada hace tres días, consistía en buscar una medida sustitutiva a la prisión provisional que el coronel Juan Chiroy Sal y ocho soldados cumplen en la cárcel del Cuartel Militar Mariscal Zavala.

El encierro de los nueve militares es la medida cautelar dictada por el Juez Miguel Ángel Gálvez, el pasado 12 de octubre, para que el Ministerio Público terminé la investigación que individualizará a los acusados en un acto conclusivo el lunes 14 de enero de 2013.

Los sindicados son miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Ejército de Guatemala y fueron ligados a proceso por su probable participación en la “ejecución extrajudicial de seis manifestantes y la ejecución extrajudicial en grado de tentativa de dieciséis personas”, toda ellas heridas con arma de fuego, y todas ellas, participantes de la manifestación del 4 de octubre del 2012 en la Cumbre de Alaska, kilómetro 169 de la Carretera Interamericana.

La Jueza Carol Patricia Flores, del juzgado de Primera Instancia, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Casos de Mayor Riesgo “A”, confirmó, no obstante, que dentro del caso se mantiene “la impugnación de delito de ejecución extrajudicial” contra los nueve militares. 

La jueza argumentó que no habían variado las circunstancias originales que llevaron a ligar a los imputados a proceso por los delitos referidos. El Ministerio Público y la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán, que forman parte de los querellantes adhesivos, a su vez, rechazaron la petición de la defensa. Y la decisión final fue no dar lugar a la solicitud de la defensa de revisar la prisión preventiva otorgada a los sindicados, “por existir aún peligro de obstaculización a la verdad por parte de los mismos”.

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