La primera jornada electoral prevista para este lunes 28 de noviembre se ha visto eclipsada por una nueva fase de violencia. En la calle, los manifestantes exigen la postergación de las elecciones y la renuncia inmediata de un poder militar cada vez más cuestionado. Las FFAA dicen confiar en la “mayoría silenciosa” de Egipto.
Las primeras elecciones multipartidistas tras el derrocamiento de Hosni Mubarak podrían haber sido todo un hito en la configuración del nuevo Egipto. Una oportunidad para dotar de legitimidad al sistema político, para que generaciones de egipcios que habían votado durante años en comicios fraudulentos –en los que Mubarak y su Partido Nacional Democrático obtenían mayorías abrumadoras– participaran efectivamente en la designación de sus representantes. Eso, en teoría.
En la práctica, el proceso electoral cuyo inicio está previsto para el lunes 28 de noviembre se ha visto ensombrecido por la peor oleada de violencia desde la caída del rais, en febrero pasado. En los últimos días la violencia, los enfrentamientos y la represión a las protestas populares contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) han dejado un saldo de 40 víctimas mortales y cientos de heridos, profundizando la brecha existente entre los militares y los protagonistas de la revuelta.
En un contexto de cuestionamiento abierto a la legitimidad del CSFA, los manifestantes exigen ahora la entrega inmediata del poder a un gobierno civil y la postergación de las elecciones. Unos comicios que despertaban escepticismo por su compleja mecánica electoral desde antes de que hombres y mujeres volvieran a concentrarse masivamente en la PlazaTahrir.
Críticas a las FFAA
Aunque en un principio fue percibido como valedor de la revuelta contra Mubarak –al forzar su salida del poder y presentarse como un garante del orden en el país– progresivamente el CSFA ha sido identificado como uno de los principales obstáculos para la transición a la democracia en Egipto.
Políticas y medidas impulsadas por los militares en los últimos meses han sido objeto de críticas y cuestionamientos. De hecho, las recientes manifestaciones fueron una reacción al intento de los militares por garantizar su influencia en el futuro político del país y su incidencia en la redacción de la nueva Constitución.
El CSFA pretendía que se preservaran unos principios “supra-constitucionales” que garantizarían la ascendencia del Ejército como garante dela Constitución, sobre cuyo articulado tendrían capacidad de veto. Además, los militares pretendían asegurar sus privilegios, exigiendo que se les garantizara que no habría supervisión civil a los militares ni a su abultado presupuesto.
La represión a las protestas de la última semana –que obligó al CSFA a ofrecer disculpas públicas– se enmarca en una política que también ha sido denunciada con dureza en Egipto y por organizaciones internacionales.
Hace tan sólo unos días, Amnistía Internacional publicó un informe en el que señalaba que las autoridades militares habían sido incapaces de cumplir sus promesas de mejora de los derechos humanos en el país y que, por el contrario, podían ser consideradas responsables de una serie abusos, incluso peores que los de la anterior etapa.
Entre ellos se menciona la disolución violenta de una manifestación de cristianos coptos por parte de las fuerzas de seguridad el pasado 9 de octubre –los incidentes de Maspero– que dejó 29 muertos, en su mayoría por heridas de bala o aplastamiento, al ser atropellados por vehículos acorazados.
Al excesivo uso de la fuerza contra manifestantes en este y otros episodios se suman otras medidas cuestionables, entre ellas:
- la celebración de juicios militares a miles de civiles –13 de los cuales habrían sido condenados a muerte–,
- la ampliación del ámbito de aplicación de las polémicas leyes de excepción vigentes durante el régimen de Mubarak,
- las denuncias de torturas,
- el acoso a periodistas,
- las promesas de investigaciones sobre los hechos de violencia como una fórmula para acallar las críticas.
De ahí el emplazamiento al CSFA para que deje de utilizar el argumento de la seguridad, como excusa para mantener las mismas prácticas del pasado.
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