EEUU pidió ayuda a Pérez Molina para detener asesinatos relacionados al caso Bámaca

El cable 04GUATEMALA2191 de la Embajada, filtrado por WikiLeaks a Plaza Pública, habla de las gestiones de los diplomáticos y la activista estadounidense Harbury por proteger la vida de los familiares de Otoniel de la Roca Mendoza, el testigo clave para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara en el año 2000 al Estado de Guatemala como responsable de la desaparición, tortura y ejecución del comandante Everardo, detenido tras un enfrentamiento de la guerrilla con el ejército en Retalhuleu en marzo de 1992, cuando Pérez Molina era director de Inteligencia militar, durante el gobierno de Jorge Serrano.

De la Roca y su familia próxima salieron al exilio después del juicio en la Comisión, pero entre 2000 y 2004, cuatro de sus primos fueron asesinados, probablemente en venganza.

“El 25 de agosto (de 2004), el embajador discutió el caso con el general retirado Otto Pérez Molina, pidiéndole su ayuda para pasar un mensaje: que se detengan y desistan de las amenazas y los asesinatos a quien sea que fuera el responsable. El embajador también le preguntó a Pérez Molina cómo podrían localizarse los restos de Bámaca a estas alturas. Pérez Molina evitó hacer un compromiso firme, pero se mantuvo pensativo y atento a lo largo de la conversación”, reza la comunicación diplomática firmada por John Hamilton.

El cable menciona que Jennifer Harbury cree que los exmilitares Alberto Gómez Guillermo, Juan Oliva Carnera y Napoleón Rojas, mencionados por De la Roca, están involucrados en las amenazas contra los familiares del testigo.

Stein consideró una buena idea que EEUU hablara con Pérez

En la misma misiva, Hamilton explica que habló con el entonces vicepresidente Eduardo Stein, hoy coordinador de la transmisión de mando del gobierno de Otto Pérez, sobre las posibilidades de que el ejército devolviera el cuerpo de Bámaca, pero Stein respondió que tal cosa “era complicada”. Cuando el embajador le contó que tocaría el tema con el ahora presidente electo, el ahora coordinador de la transición respondió que “le parecía una buena idea”. 

Ante los estadounidenses, así como ante la opinión pública, Pérez Molina ha negado cualquier relación con el caso, como refiere el cable 07GUATEMALA1941. En esta segunda carta, la embajada concluye que si bien hay rumores y sospechas sobre la participación del presidente electo, no hay ninguna evidencia.

La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, afirmaba algo similar en un telegrama de 1994 sobre toda su generación: “En general sus objetivos son democráticos y actualmente pueden ser la mejor esperanza del ejército. Al mismo tiempo, sus raíces, sobre todo del círculo más íntimo, salen del interior de las filas de la D-2 y sus antecedentes se remontan a los días más sangrientos de principios de los ochenta, cuando la D-2 perpetraba ajusticiamientos extrajudiciales. Son progresistas que crecieron con las manos manchadas de sangre, aunque no tenemos información directa que sugiera que el coronel Pérez haya estado involucrado, personalmente, en actividades de esta naturaleza. Al mismo tiempo, no se puede decir con autoridad que este grupo de oficiales progresistas no sigue influenciado por su pasado”.

Extraño desistimiento del caso

Una parte de la sentencia de la Comisión Interamericana en 2000 era la orden de reabrir el caso de la desaparición de Efraín Bámaca en tribunales guatemaltecos. Jennifer Harbury, viuda del comandante Everardo, presentó una denuncia en marzo de 2011 en la que demanda, entre otros, a Otto Pérez Molina. Si bien Guatemala se encontraba todavía en medio de un conflicto armado interno entre ejército y guerrilla, los crímenes de tortura y desaparición son considerados por las convenciones internacionales como crímenes de lesa humanidad y no son permitidos dentro de los márgenes de guerras limpias.

El viernes de la semana pasada, 5 de enero, la jueza de Alto Impacto Carol Patricia Flores desestimó la denuncia presentada por Harbury. La misma jueza fue la que liberó a Alejandro Giammattei, exdirector de Presidios demandado por el caso Pavón, en la misma semana en la que se cerraban las inscripciones de aspirantes a elección popular en el Tribunal Supremo Electoral. Esto provocó la protesta contra la jueza por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), porque permitió a Giammattei inscribirse como candidato del partido Casa –quedó en penúltimo lugar– y gozó de inmunidad durante un semestre.

La jueza Flores aseguró que resolvió de esta manera sobre el caso Bámaca porque así lo había solicitado el fiscal del caso, Manuel Vásquez, de la Fiscalía de Derechos Humanos. Al diario Siglo21, Vásquez respondió que no había hecho tal solicitud. Javier Monterroso, asesor de la Fiscal Claudia Paz y Paz, respondió que fue “una decisión personal del fiscal Vásquez y no responde a una línea institucional”. Vásquez fue citado por el despacho para una reunión explicativa esta mañana de lunes.

Mientras tanto, el desistimiento fue celebrado por el presidente electo, quien reafirmó que no tenía nada que ver con el caso. No obstante, el cable estadounidense filtrado por WikiLeaks deja entrever que la embajada de Estados Unidos considera que, al menos, cuenta con información.