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Duelo sin cadáver: La muerte en soledad durante la pandemia

La OPS recomienda respetar los valores y tradiciones culturales y sociales para el manejo de cadáveres durante la pandemia.
Esta situación se agrava para familiares de los enterrados en La Verbena, porque existe incertidumbre acerca del lugar exacto en que yacen.
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Duelo sin cadáver: La muerte en soledad durante la pandemia

Historia completa Temas clave

El Gobierno anuncia la muerte de personas por COVID19 a diario. Los familiares tienen seis horas para recibir y enterrar el cuerpo. A pesar de que el Ministerio de Salud permite que menos de 10 personas asistan a la inhumación, en el cementerio público de La Verbena no dejan entrar a los deudos, y en los cementerios privados solo a uno o dos.

Redes-lateral

La entrada del cementerio La Verbena, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, se convirtió en el espacio para despedir a quienes murieron por COVID19. Frente a la caseta «Los Lamentos», donde venden aguas gaseosas, cervezas y refacciones, está congregado un grupo de personas desde las ocho de la mañana. Son unas 20, todas de luto.

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A eso de las diez de la mañana se acerca una camioneta tipo Van y se estaciona en la esquina de la 14 calle de la zona 7. Dentro hay un ataúd con el cuerpo de Juana de Luca, una mujer de 64 años que murió durante la madrugada. La caja está envuelta en plástico. Estuvo internada durante tres días en el Hospital General San Juan de Dios. Tenía diabetes e insuficiencia renal. Y COVID19.

Los dos trabajadores de la funeraria, un hombre y una mujer, bajan del vehículo y abren la portezuela trasera. Entonces el grupo de dolientes atraviesa la calle y se acerca. Tienen poco tiempo para las honras fúnebres.

Las mujeres lloran con un llanto más sonoro. Es media mañana, el sol está cada vez más fuerte y el lamento del duelo se confunde con las bocinas de los carros y el ruido de los tuk tuk y las motocicletas. Una de las asistentes lleva una bocina. En ella suena una canción sobre el amor de Dios y la promesa de la vida eterna. Una mujer anciana que llora desde hace rato cae al suelo. Varios se amontonan para ayudarla, el trabajador de la funeraria a cargo del vehículo les recomienda que le abran espacio y la dejen recibir aire.

La despedida dura lo que la trabajadora de la funeraria tarda en hacer el papeleo para enterrar a Juana de Luca. Unos diez minutos. En ese lapso, el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de la zona 12 (Juana de Luca servía ahí) empieza una oración. El llanto baja y poco a poco el lugar queda en silencio. Entonces el diálogo con Dios se percibe como un susurro que se hace más fuerte al tiempo en que las manos de los presentes se levantan hacia el cielo y el ataúd. Algunos de los asistentes no oran, toman fotografías o videos con sus teléfonos celulares.

«Digámosle adiós a mi abuela con un aplauso», dice Sindy Luca, de 33 años, cuando termina la oración. Entonces la trabajadora de la funeraria regresa, le informa al grupo que ya todo está listo y el tiempo vuelve a andar muy rápido. Un niño aparece, lleva un ramo de rosas, lo lanza, cae en el ataúd, cierran la portezuela, el vehículo arranca, entra al cementerio por una puerta lateral.

En la esquina quedan los familiares y amigos de Juana de Luca. Es la calle y los carros y los tuk tuk y las motocicletas siguen transitando con el mismo ruido de sus motores. Vecinos del lugar también pasan entre el grupo que ocupa toda la banqueta. Todos ven hacia la puerta del cementerio en donde será enterrada una de las 1,902 personas que han muerto por la pandemia. 

«De la bolsa la trasladaron de una vez a la caja. Con la misma ropa que entró al hospital la enterramos porque ni siquiera la pudimos cambiar», afirma Sindy Luca. Dice que la familia pagó 2,500 quetzales por todo el servicio funerario.  

Ya pasaron tres meses y tres semanas desde del primer caso de COVID19 identificado en Guatemala. «Quiero expresar nuestras más sinceras condolencias para los familiares de los fallecidos registrados este día», repetía el entonces ministro de Salud, Hugo Monroy, cada vez que anunciaba en cadena nacional la cifra diaria de muertos. Ahora el Gobierno traslada por medios oficiales una infografía con los datos diarios y los casos acumulados.

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El cementerio público

Por orden del Ministerio de Salud, La Verbena es el cementerio para quienes murieron por COVID19. Ahí van las personas que no tienen lugar en un cementerio privado o los muertos sin reclamar.

Hasta el 30 de junio, en La Verbena habían enterrado 421 personas, 293 hombres y 128 mujeres. De ellos, 26 hombres y 17 mujeres fueron enterrados como XX, personas de las cuales se conoce el nombre y el lugar en el que murieron, pero que no fueron reclamados por sus familiares.

A diferencia de un cementerio privado, en donde al menos un familiar, con traje especial de protección, puede estar presente durante el entierro del cuerpo, aquí los familiares solo pueden llegar a la puerta. Desde ella se despiden para siempre de quien murió víctima de la pandemia.

Los familiares de los enterrados en La Verbena no tienen certeza del lugar en que se depositó el cuerpo. Empleados de algunas funerarias dicen que los dejan en fosas comunes y otros señalan que, aunque son individuales, la débil capacidad administrativa del lugar hará muy difícil su localización posterior o exhumación.

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«En La Verbena, la única diferencia entre un cuerpo identificado y otro que no fue reclamado por sus familiares, es que los primeros van en la caja y los otros solo en bolsa plástica», dice Fernando Molina, dueño de Funerales Molina, a un lado del Hospital General San Juan de Dios. «Al final todos van al mismo hoyo», asegura.

El Ministerio de Salud afirma que las fosas son individuales. En el lugar los entierros se realizan de seis de la mañana a cuatro de la tarde, «pero si hay necesidad de hacer inhumaciones después de esa hora, se coordina y se realizan», afirma Julia Barrera, vocera del Ministerio de Salud.

«Ahora todavía los están enterrando en fosas individuales», dice Gustavo Lima, de Funerarias Esquipulas, mientras espera la autorización para ingresar un cuerpo. Lleva un traje especial de protección. «Después, cuando esto se ponga peor, quién sabe», agrega.

De acuerdo con Fredy Peccerelli, director de la Fundación de Antropología Forense (FAFG), en ninguna circunstancia los cuerpos deben ser enterrados en fosas comunes. «No haber podido despedirse del familiar en el hospital ni enterrarlos de manera digna es un daño que no estamos listos para afrontar», enfatiza.

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Entierro exprés

El manejo de los cadáveres tiene un sentido de urgencia que deja poco tiempo y espacio para que las personas asuman la muerte de su familiar. Enrique Andrade, logoterapeuta especializado en el abordaje de duelos, explica: «Es algo normal y natural que sufren todas las personas que tienen una pérdida. Esta puede ser desde una cuestión simbólica hasta la muerte. El funeral es importante porque permite que el doliente reciba acompañamiento social».

En el caso de COVID19, a la incertidumbre sobre la enfermedad y el estado de los pacientes, se suma la celeridad con la que deben enterrar a las víctimas mortales del virus.

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El Ministerio de Salud elaboró un protocolo para el manejo de cadáveres. Lo creó el 7 de abril y lo actualizó dos meses y medio después. Personal de varias funerarias afirmaron que no recibieron este documento hasta junio. Desde el inicio de la pandemia ellos elaboraron uno propio. Ponían más énfasis en el uso de trajes de protección para los trabajadores y la limpieza de los vehículos en donde trasladan los cuerpos.

El protocolo del Ministerio de Salud subraya (literalmente) que cuando una persona muere por o con COVID19 «el funeral debe ser inmediatamente después del fallecimiento (6 horas máximo), se prohíbe la velación y servicios religiosos». Además, manda que el cuerpo sea colocado en una bolsa especial «y por la seguridad de los familiares no debe abrirse y luego colocarse en el ataúd».

«Este periodo se encuentra establecido en el Código de Salud, el cual considera ese tiempo en casos de enfermedades emergentes infecciosas», afirmó Barrera, vocera del Ministerio de Salud.

Sin embargo, Fredy Peccerelli, director de la FAFG, dice que esta disposición no está basada en ciencia. «El cuerpo en sí no representa más riesgo que una persona viva. El contagio de COVID19 es a través de hablar, estornudar y toser. Un cuerpo muerto no puede hacer nada de esto, por lo que el contagio se limita a los fluidos. Una de las razones por el entierro en seis horas puede ser la descomposición. El cuerpo se empieza a descomponer y emana líquidos, pero si el cuerpo se enfría o si se pone en una bolsa de cadáver ya no hay problema», dice.

Michelle Stephenson es jefa de Genética Forense de la FAFG. Ella dice que el riesgo de contagio de los cuerpos es mínimo. «El hecho de la incertidumbre es consecuencia de que no haya ningún estudio que diga que no sean más o menos infecciosos. Como consecuencia, se llegan a estos extremos de prevenir al máximo sin considerar los deseos y el dolor de los familiares», afirma.

A diferencia de Guatemala, en México sí se permite que las personas hagan un velatorio de sus familiares, aunque el tiempo permitido es de menos de cuatro horas. El Gobierno instruyó a que estas actividades se realicen en espacios que permitan el distanciamiento social, con una asistencia máxima de 20 personas y con el féretro cerrado.

En México se establece que lo mejor es la cremación del cadáver, pero también se puede practicar la inhumación en sepultura o bóveda. «Si el destino final es entierro, este se da en las condiciones habituales», señala la guía que elaboró el Gobierno de ese país.

En El Salvador, al igual que en Guatemala, están prohibidos actos religiosos y velaciones cuando muere una persona por COVID19. Se manda a que el entierro o incineración sea de manera inmediata. Sin embargo, en el protocolo del país vecino se permite a dos familiares estar presentes en la inhumación y manda a que los cementerios registren e informen a los familiares la ubicación de la fosa en donde se depositó el cadáver.

En México y en El Salvador también se recomienda meter los cadáveres en bolsas especiales.

A decir de Peccerelli, «el tratamiento de cuerpos debe ser adecuado según la cultura de las personas y debe respetar el derecho de tener un entierro digno», aunque sean víctimas de COVID19.

Este mismo criterio lo aplicó la Fundación de Antropología Forense en otros casos de desastres naturales y sociales. Ellos trabajaron en el área afectada de Panabaj por la tormenta Stan y también en una serie de inhumaciones de víctimas del conflicto armado interno.

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 «Las disposiciones del Ministerio de Salud afectan la vida de las personas, de la familia y de la comunidad permanentemente. Una de las cosas que nos define como humanos frente a otros animales es el trato de los cuerpos», afirma.

De hecho, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también recomienda respetar los valores y tradiciones culturales y sociales para el manejo de cadáveres durante la pandemia. «Aplique principios de sensibilidad cultural», señala en su documento sobre el tema que publicó en abril.

«Si la familia del paciente desea ver el cuerpo después de su extracción de la sala de aislamiento o área relacionada, se le puede permitir hacerlo con las siguientes precauciones estándar en todo momento, higiene de las manos. Dé a la familia instrucciones claras de no tocar ni besar el cuerpo», agrega la OPS.

Y es que los rituales sociales para asumir la muerte de los familiares son fundamentales para mantener el sentido de la vida. Así lo afirma el logoterapeuta, Enrique Andrade: «Los ritos relacionados con la muerte, como el funeral y los servicios religiosos, permiten que las personas sientan reconocido y validado su dolor», asegura.

La soledad y lo indigno

Una mujer llora cerca de la puerta del cementerio La Verbena por la que entran los vehículos que trasladan los cuerpos de personas que murieron por COVID19. Está acompañada por sus dos hijas, una niña y otra adolescente. Acepta hablar, pero prefiere no decir ni su apellido ni el de su esposo. «Tengo miedo», dice.

Luis tenía 39 años y padecía de asma y diabetes. Trabajaba como mecánico en la zona 18, donde vivía. La semana pasada empezó a sentirse mal. Le costaba respirar y temblaba. «Nadie me quiso ayudar y yo misma lo tuve que llevar al Parque de la Industria», dice ella.

Cuenta que su esposo entró a escondidas un teléfono celular con el que se logró comunicar durante los cinco días que estuvo hospitalizado. «Es tan injusta la vida», dice su esposa. «Él me decía que tenía frío, que tenía hambre, que quería bañarse». Ella cuenta que la llamaron por la madrugada para decirle que había fallecido. «No entiendo. Cuando lo fui a dejar no estaba tan mal», exclama.

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Cuando el vehículo que lleva el cuerpo de Luis avanza hacia el cementerio su esposa le pide a uno de sus familiares que tome fotos o video de ese último momento. Luego se sienta en la acera de la calle. Espera a que el trabajador de la funeraria regrese con un papel de registro del lugar donde fue enterrado Luis.

En su protocolo, el Ministerio de Salud señala que al entierro puede asistir un máximo de 10 personas. Prohíbe la asistencia de niños y ancianos y señala que el funeral no debe durar más de 15 minutos. Esto también tiene una lógica con las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Sin embargo, en La Verbena no dejan entrar a nadie.

Esta situación implica el inicio de un duelo en el que los familiares no pueden tener contacto con el cadáver. Según el psicólogo Enrique Andrade, esto tiene consecuencias emocionales y sociales muy fuertes y rememora a la época del conflicto armado interno, cuando muchas familias se quedaron sin saber el paradero de las víctimas de desaparición forzada.

«Está ocurriendo un duelo sin cadáver. En Guatemala hubo mucha gente que nunca tuvo la oportunidad de despedirse de la persona que, se supone, está fallecida. Eso implica que los familiares se puedan quedar en la etapa de la negación del duelo, es decir, que no logran aceptar la realidad y la ausencia de su ser querido», dice Andrade.

Esta situación se agrava para familiares de los enterrados en La Verbena, porque existe incertidumbre acerca del lugar exacto en que yacen.

También se presentan casos más extremos. En San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, pobladores impidieron que Enrique Carrillo, de 45 años y fallecido por COVID19, fuera inhumano en un cementerio de la localidad. Familiares denunciaron que las autoridades y líderes del lugar lo enterraron en un lugar con basura y animales carroñeros. «Mi hermano no es un perro. Me lo fueron a tirar en el basurero», dijo Esperanza Carrillo, hermana del fallecido, en una conferencia de prensa.

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El caso de los cementerios privados

El acceso a los servicios privados ofrece otro tipo de oportunidades para los deudos, porque intentan suplir las carencias que impone la gestión de la emergencia. Capillas Señoriales, por ejemplo, afirma que implementan un homenaje virtual que se realiza a través de una plataforma de Internet. «El concepto fue creado para acercar a todos aquellos que están lejos físicamente a manera de acortar distancias y permitirles expresar sentimientos necesarios en esta etapa por la pérdida de un ser querido», asegura Éricka Maldonado, una de las gerentes de la empresa.

En el Cementerio Las Bouganvilias solo ofrecen servicios a personas que ya tienen un nicho. Carolina Alvarado, gerente de ventas, asegura que entierran a personas fallecidas por COVID19 a las siete de la mañana y bajo tierra, no en nichos de paredón. «Lo hacemos a esa hora porque todavía no hay ningún cliente», dice.

De hecho, los servicios funerarios son más caros para quienes han muerto por COVID19. Fernando Molina, dueño de Funerales Molina, que funciona desde hace 30 años, dice que el precio está entre 6,500 y 7,000 quetzales, dependiendo del tipo de caja que escojan los familiares. El costo es más elevado porque deben comprar los insumos de protección para los trabajadores, un traje desechable para la persona que acompaña el cuerpo y desinfectar el carro fúnebre después de cada servicio. Cuando el servicio no está relacionado con COVID19 el precio es desde 3,500 quetzales.

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Lo que viene: el acompañamiento y el reconocimiento del dolor

España es uno de los países más afectados por COVID19. Es el noveno con más casos confirmados (253,056) y el séptimo con más muertes por el virus (28,401). Durante la última semana la curva de contagios va hacia la baja y lleva varias semanas con su proceso de desescalada de las medidas de confinamiento y distanciamiento social. El 26 de mayo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, decretó 10 días de luto oficial. Además, el 16 de julio se realizará un homenaje de Estado a las víctimas y a los servidores públicos que lucharon contra la pandemia.

Según el logoterapeuta Enrique Andrade, después de la pandemia será necesario este tipo de actividades en Guatemala. Afirma que, aunque los familiares de las personas fallecidas por COVID19 llevan el duelo más doloroso, todas las personas nos encontramos en este proceso. «Nos estamos enfrentando a una realidad en donde la población está perdiendo trabajos, relaciones, espacios de convivencia y, lo más importante, la confianza en el otro. Ahora vemos a los demás como un peligro, una posibilidad de contagio», dice el experto.

Por ello después de la epidemia del COVID19 podría llegar otra relacionada con la salud mental. «Lo correcto es que el Estado empiece a dar acompañamiento a las personas que están muriendo en los hospitales, pero también a los familiares que no se pueden despedir», recomienda. 

Miguel Stephenson, jefa de Genética Forense de la FAFG, recomienda al Gobierno y demás autoridades que escuchen a la población para adecuar el manejo de cuerpos a las necesidades de la población. «Se debe tener un diálogo con la población para que se entiendan las medidas que se toman. Se debe escuchar a la sociedad y a las familias para llegar un acuerdo para que estén consideradas las necesidades culturales, religiosas y psicológicas de la población. Acá no se trata solo de tomar medidas prácticas para contener el virus. De lo contrario se verán efectos más adelante en temas de salud mental», dice.

Las consecuencias de las decisiones sobre el manejo de cadáveres no repercuten solo en los familiares de los fallecidos. Es un problema social. «Que el dolor no sea reconocido puede ocasionar violencia entre la sociedad, depresión, aumenta la desesperanza y el ánimo bajo. Muchas de las cosas que suceden ahora en Guatemala son consecuencias de duelos que se interrumpieron durante el conflicto armado interno. Hay muchos duelos abiertos», concluye Enrique Andrade.

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Tres personas lloran recostados en una carroza fúnebre. Es una anciana y dos jóvenes. A diferencia de los otros cinco casos que se presentaron durante la mañana frente al cementerio La Verbena, a ellos no los acompaña nadie más.

«Sí, es un hombre, que murió por COVID19», dice la anciana. «Pero no diremos nada más, por el estigma». Entonces se da la vuelta y pone la mano sobre el ataúd que está forrado en plástico.

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