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Dudas y desconfianzas en el currículo del candidato
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Dudas y desconfianzas en el currículo del candidato

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El vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre baraja un nuevo nombre para designar a su Secretario Privado. En un segundo intento, ha nominado a Leonel Oswaldo Enríquez, un hombre con vasta experiencia en el área de derechos humanos, pero que también ha acumulado desconfianzas, sobre todo por su trayectoria en instituciones como el MP, la PDH y el Ministerio de Gobernación. En su carrera profesional hay algunos datos confusos, como el que sea reconocido como Abogado y Notario sin que haya registro de la finalización de su carrera; y su participación en instancias como la CIJ y su puesto como vicepresidente en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Plaza Pública tuvo información de al menos dos casos en los que se acusa a Enríquez por acoso sexual. Una de las presuntas víctimas dio sus declaraciones, dando información detallada de fechas, lugares y pruebas, pero solicitó un total anonimato y protección a su identidad.
Oswaldo Enríquez Contreras fue presentado por la vicepresidencia como “jurista”. Sin embargo, en otros espacios es reconocido como abogado y notario, y en documentos a los que Plaza Pública tuvo acceso, se consigna que ha firmado como “licenciado”.

Tras seis días como Vicepresidente, Alejandro Maldonado Aguirre aún no tiene a la persona que se convertirá en su mano derecha desde la Secretaría Privada de la Vicepresidencia. La primera opción de Maldonado, Fernando Leal Estévez, fue cuestionado por actos de corrupción cuando fungió como interventor de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) en 1995, y finalmente fue descartado. Ahora, el Vicepresidente ha nominado a Leonel Oswaldo Enríquez Contreras, pero antes de hacer oficial su nombramiento, pidió tiempo: un plazo de 48 horas para que “una auditoría pública” evalúe si esta nueva propuesta es la mejor opción y, probablemente, en un intento por lograr el equilibrio con sectores que en este momento le son adversos.

Durante la gestión de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, el cargo de Secretario Privado de la Vicepresidencia fue ocupado por Juan Carlos Monzón, prófugo desde el pasado 16 de abril, acusado de dirigir una red de defraudación aduanera. Y, el martes 19, fue acusado por defraudación Juan de Dios Rodríguez López quien durante el primer año de gobierno fue secretario privado del presidente Otto Pérez Molina. Por ello, este puesto ha adquirido una significativa relevancia y la ciudadanía mantiene una mirada inquisitiva –con marchas y protestas– ante una nueva posibilidad de corrupción desde el Ejecutivo.

Así, Oswaldo Enríquez fue presentado como: “Un experto en Derechos Humanos”, al impulsar su nominación.

Enríquez trabajó en 2003 como secretario privado del fiscal General, Carlos de León Argueta, que terminó su carrera acusado de lavado de dinero, de cohecho pasivo y tráfico de influencias. En 2005 inició en la Procuraduría de Derechos Humanos como consultor para realizar una investigación social sobre violencia política, y se retiró en 2012 cuando ocupaba el cargo de “Coordinador de Programa”. Al interior de la Procuraduría se consideraba a Enríquez como hombre de confianza del Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, quien dejó su puesto bajo las críticas por su insistencia en ser reelegido; y en cuya última postulación en 2012 obtuvo ocho tachas entre las que se le señaló de carecer de idoneidad, de cuestionamientos éticos durante su gestión, y de faltas de cumplimiento de su obligación constitucional. Morales fue acusado también  de nepotismo, compadrazgo, obstrucción de casos de violaciones a los Derechos Humanos, a la compra de voluntades y a la corrupción. Dentro de esta institución a Enríquez se le ubica como alguien que se dedicó a ejecutar gastos de representación  –tanto en el interior de Guatemala como en el exterior–. Viajes a Washington, New York, Miami… con pocos resultados.

Vacíos en la hoja de vida

Oswaldo Enríquez Contreras fue presentado por la Vicepresidencia como “jurista”. Sin embargo, en otros espacios es reconocido como abogado y notario, y  en documentos a los que Plaza Pública tuvo acceso, se consigna que ha firmado como “licenciado”. Varios medios de comunicación han presentado la postulación de Enríquez, nombrándolo también como abogado y notario, sin que haya habido hasta ahora, por parte de la Vicepresidencia o del mismo Enríquez, una aclaración o información relacionada con su titulación. Enríquez no aparece en los registros del  Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) como colegiado. 

 

Se contactó a Enríquez la noche del martes 20, en que fue presentado como posible secretario,  pero se negó a dar declaraciones. Sin embargo, hizo una excepción cuando se le cuestionó sobre su falta de colegiación como abogado:

 “Yo me gradué en Costa Rica”, argumentó Enríquez.  En el CV que Oswaldo Enríquez ha presentado en otras ocasiones, y al que Plaza Pública tuvo acceso, únicamente indica tener “estudios en derecho” en la Universidad de San Carlos y en la Universidad de Costa Rica, sin que se indique que haya llegado a culminar sus estudios. Se intentó obtener información sobre los estudios de Enríquez en Costa Rica, pero al cierre de éste, no se había obtenido respuesta de la universidad. En el perfil del sitio electrónico Linkedin, Enríquez se identifica como abogado, aunque no se pudo corroborar si  el perfil fue creado por él.

Enríquez Contreras con excepción de su declaración sobre su graduación en Costa Rica,  prefirió guardar silencio. Se negó a dar más declaraciones para no perjudicar, como enfatizó, el plazo de 48 horas pedido por el Vicepresidente para evaluar su nominación. “Lo que no esperaba del Vicepresidente era que me expusiera públicamente. Aún no confirmo nada”, puntualizó Enríquez.

En el currículo difundido por Vicepresidencia, se expone la participación de Enríquez Contreras en distintas instituciones internacionales de Derechos Humanos.  

Sin embargo, a tan sólo horas de su nominación y de la publicación de su currículo, algunos abogados de organizaciones internacionales desconocían a Oswaldo Enríquez como defensor de estos tópicos. El primero de ellos fue Ramón Cadena, abogado representante de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), y pedía desmarcarse de esta nueva propuesta de Maldonado Aguirre: “Oswaldo Enríquez no es miembro de la CIJ y no tiene relación alguna con la CIJ en Suiza. Esta es una información equivocada de la Vicepresidencia”, reclamaba Cadena. 

En la hoja de vida entregada por la Vicepresidencia, se consigna que fue vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en París. Plaza Pública se comunicó con la federación para corroborar el dato. Y, aunque en un inicio confirmaron conocer a Enríquez, posteriormente en un correo electrónico,  Lucie Kroening la oficial de prensa de FIDH decía: Finalmente no puedo confirmar el hecho que el Señor Enríquez haya sido vicepresidente de FIDH. Sin embargo sí es fundador de una de nuestras organizaciones miembros: Comisión de Derechos Humanos de Guatemala.”

¿Un paladín de los Derechos Humanos?

La primera vez que el nombre de Oswaldo Enríquez fue asociado al tema de Derechos Humanos fue con su participación dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Costa Rica, a inicios de la década de los noventa. Antes, había sido integrante de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). “(Oswaldo Enríquez) Nunca fue un combatiente, fue más bien alguien estratégico. Enríquez fue colocado como parte de un Frente Internacional de ORPA para integrar la Comisión de Derechos Humanos en Costa Rica”, indica el excomandante guerrillero, Pedro Pablo Palma Lau, fundador de ORPA, y hoy asesor del Ministerio de Gobernación.  La función principal de Enríquez, como señala Palma Lau, en ese primer cargo relacionado a los derechos inalienables del ser humano, fue intentar mantener la atención internacional sobre Guatemala a causa de las múltiples violaciones de Derechos Humanos.

En 1996, Enríquez Contreras, luego de permanecer algunos años en el exilio, regresó a Guatemala. Según uno de sus excompañeros de ORPA, además ex miembro del partido Frente Democrático Nacional de Guatemala (FDNG) que pide que no se publique su nombre, el regreso de Enríquez a Guatemala estuvo marcado por los eventos de la firma de la Paz. Sobre todo, a causa de la expectativa, los largos debates, los pulsos al interior de las organizaciones insurgentes y , ante todo, la crisis que se vivió en el interior de ORPA, cuando meses antes de la firma de la Paz, algunos integrantes de esta agrupación guerrillera decidieron secuestrar a Olga de Novella. “Fue una de las razones por las que el Comandante Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias) no participó en los Acuerdos de Paz”, recuerda Palma Lau.

“El reclamo por el peligro que corrió la firma de la Paz debido a las acciones de ORPA repercutiría en muchos de sus miembros. Oswaldo Enríquez, frustrado, cambió, se desconectó de todo”, dice su ex compañero del FDNG. “Enríquez se volvió un ser bastante errático, muy ambiguo, sin convicciones, obediente del mando inmediato en cualquier instancia, sobre todo la laboral”, agrega.

De esta manera, su excompañero de partido, se explica a sí mismo el modo en que Enríquez Contreras logró mantenerse durante toda la gestión del exfiscal Carlos de León Argueta. Y luego, de la misma forma, “impávido”, durante el periodo de Sergio Morales al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde logró capitalizar su pasado relacionado al tema de Derechos Humanos. “Un sobreviviente, un reducto de la ORPA al lado de Palma Lau, ayudando militares”, explica otro exguerrillero.

Desde 2012, Oswaldo Enríquez ocupó el puesto como asesor dentro del Ministerio de Gobernación, dirigido por el politólogo y Teniente Coronel en retiro, Mauricio López Bonilla. En el portal de Guatecompras se detalla que en cuatro años, Enríquez ha obtenido del Mingob Q747, 533.90. 

Para Jorge Santos, miembro de la Unidad de Protección para Defensores y Defensoras de Guatemala (Udefegua), la entrada de Oswaldo Enríquez al Mingob fue desgastante. Diversos sectores de Derechos Humanos decidieron que no era posible un diálogo con alguien incapaz de abordar el tema de la protección a defensores con seriedad. Varias organizaciones, cansadas de escuchar sobre su pasado como defensor del pueblo desde ORPA, abandonaron la mesa técnica que presidía Enríquez Contreras. “La unidad de Mingob era buena hasta 2012. A partir de ahí se transformó de tal manera que la criminalización de la defensa de Derechos Humanos se ha legitimado, y no únicamente eso, sino que se han incrementado los ataques en contra de los defensores en los últimos años”, dice Santos.

Las organizaciones que se separaron de la mesa técnica presidida por Enríquez Contreras fueron Udefegua, la Convergencia para los Derechos Humanos en Guatemala y la Plataforma contra la Impunidad. Anabella Sibrian, de la Plataforma contra la Impunidad, recuerda que Oswaldo Enríquez, al quedarse sin quorum, sin nadie que le siguiera el juego, continuó ejecutando el presupuesto de la mesa técnica al incluir algunos sindicatos.

De hecho, Oswaldo Enríquez empezó su carrera política con el sindicalismo. Fue líder de la organización laboral del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en los años setenta.

Santos, de Udefegua, recuerda el momento más crítico durante la gestión de Enríquez para que los defensores de Derechos Humanos abandonaran, en definitiva, el diálogo con el Mingob: “La sala de reuniones del Mingob en Derechos Humanos era priorizada para que los empleados del Mingob recibieran clases de Zumba”.

“No es un verdadero defensor de los derechos humanos”, señala Sibrian.

Contrario a ello, Édgar Celada, Jefe de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del Ipnusac (Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos), explica que Oswaldo Enríquez es un abogado progresista que bien puede funcionar como un enlace entre el Vicepresidente y los sectores populares. “Es capaz de establecer vínculos desde la administración para el manejo de la crisis”, indica Celada.

“La distinción está en el manejo del discurso, con sólo la teoría. Un verdadero defensor de Derechos Humanos trabaja directamente con las comunidades”, dice Santos. Desde la perspectiva de Udefegua esta es la carencia más importante en la gestión de Enríquez desde el Ministerio de Gobernación: Alguien que estuvo cercano al gobierno durante la masacre en contra de los campesinos de los 48 Cantones de Totonicapán en octubre de 2012, alguien que ha sido testigo de la implantación de Estados de Sitio en Huehuetenango, Escuintla y Jalapa, e incluso ejecuciones extrajudiciales como las ocurridas en 2013 en las comunidades de Semococh, en Alta Verapaz. “Un verdadero defensor de Derechos Humanos”, recalca Santos, “ante este tipo de atropellos de parte del gobierno hubiera renunciado. Pero ahora (de ser electo por Maldonado Aguirre) este mismo discurso será elevado a la Vicepresidencia. Y eso resulta más que preocupante”.

Otro de los señalamientos contra Enríquez, repetido constantemente por las fuentes consultadas, está relacionado con delitos sexuales. Plaza Pública tuvo información de al menos dos casos en los que se acusa a Enríquez  por acoso sexual. Una de las presuntas víctimas dio sus declaraciones, dando información detallada de fechas, lugares y pruebas, pero solicitó un total anonimato y protección a su identidad. Se solicitó a fuentes del Ministerio Público y de la Procuraduría de Derechos humanos información o reportes de denuncias contra Enríquez; pero en ambas instituciones negaron tener cualquier denuncia o documento relacionado con él o que implicara al candidato en cualquier ilícito.

El tiempo establecido por Maldonado Aguirre para nombrar oficialmente a su nuevo secretario finaliza el jueves 21. Aunque el recién nombrado vicepresidente, Maldonado Aguirre, insistió en su interés por conocer la opinión de los sectores sociales sobre el nombramiento;  la Vicepresidencia no especificó ninguna dinámica de cómo hacer llegar la denominada “auditoría ciudadana”.  El tiempo establecido por Maldonado Aguirre para nombrar oficialmente a su nuevo secretario finaliza este jueves 21.

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