Discrecionalidad y competencia

Para algunos, es una forma para lograr incrementar la competitividad del país, pues la posición monopólica de muchas empresas está evitando, con sus altos precios y mala calidad, que el país sea más competitivo.  Para otros, la Ley será una forma de extorsionar empresas que no son afines al partido de gobierno, con multas que pueden llegar a ascender al 10% de las ventas… lo cual para alguna empresas pueden ser varias decenas de millones de quetzales.

Incluso entre los economistas no hay acuerdo sobre el tema… y eso es problemático, porque ellos serían la principal profesión que tendría que estar vinculada con implementar la legislación:

• Algunos se enfocan en intervenir en aquellos mercados con pocas empresas, pues consideran que la “estructura del mercado” es donde reside el poder monopólico.  El problema en este caso es definir cuál es el producto relevante y el tamaño del mercado relevante.  Por ejemplo: ¿puede considerarse al shukero frente a la discoteca un monopolista o no?
• Algunos se enfocan en intervenir cuando aprecian prácticas poco competitivas. Por ejemplo, estos economistas ven como prácticas poco competitivas cuando un negocio saca publicidad que dice “Si usted encuentra un precio más bajo, nosotros se lo igualamos”, pues es una forma de decirle a los otros negocios: no compitamos por precios bajos.  El problema es que esta práctica puede ser efectivamente competitiva y generar en algunos mercados precios más bajos, mientras que en otros genera que los precios no bajen.
• Alguno se enfocan en reducir aranceles y eliminar regulaciones del Gobierno que favorecen a unas pocas empresas.  El problema con esta práctica es que muchas veces llega a generarse mucha frustración entre la población pues “el poder de mercado” de ciertas empresas no se genera por regulación del Gobierno, sino por otros factores, como costos de transporte, la monopolización de una materia prima esencial, etc.

El problema no es fácil de resolver, y espero que los legisladores y sus asesores tomen en cuenta estas complicaciones, pues el análisis de los mercados no es sencillo y debe tenerse mucho cuidado con las recomendaciones.  En todo caso, creo que una cosa debe quedar muy clara: ante los problemas que puede generar esta Ley, es de suma importancia definir claramente un mecanismo que garantice la profesionalidad y seriedad de sus autoridades.  La entidad que llegue a quedar a cargo de implementar la Ley de Competencia no puede ser víctima del juego político al que vemos sometida la elección del Contralor General de la Nación o a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, entre otras entidades.

¿Qué opción podría generarse?  Acudir al apoyo de los Colegios Profesionales, a elección directa vía el Congreso de la República, o a una terna definida exclusivamente por el Presidente de la República parece que no han sido estrategias muy exitosas en Guatemala.  Tal vez hay que seguir las recomendaciones del servicio civil de otros países, en donde es necesario aprobar un examen difícil para poder ser candidato al puesto público.  Al respecto, propongo que evaluar el uso de un examen a ser realizado por el Banco de Guatemala.  La idea es que sirve como un "primer filtro" en el proceso de selección, tras el cual puede definirse que la decisión final quede a manos de una terna del Gobierno.  De esta manera, lo que se estaría logrando es garantizar un nivel mínimo de profesionalidad y de capacidad técnica.  De lo contrario, esta entidad terminará siendo otra entidad fallida del sector público guatemalteco.