En la revolución guatemalteca de 1871, los liberales tenían miedo de dictar una constitución liberal, ya que esta limitaba o intentaba limitar los abusos del poder dando garantías y derechos a quienes de alguna manera podían constituirse en la oposición. Los positivistas políticos y jurídicos se volvieron defensores de la dictadura: una enfermedad necesaria para los intereses de los poderosos y para el mantenimiento del poder estructurado en las formas coloniales.
En su concepción, las dictaduras democráticas contemplan que quien ejerza la presidencia, una vez que ostente el poder con el beneplácito de los que representarán a los ciudadanos, los diputados, continúe y que, tras cierto período de tiempo, estos mismos lo juzguen para determinar si se sostiene en el poder o no. Pero ¿quiénes han sido considerados ciudadanos? Los hombres blancos con rentas o tierras propias, criollos y con formación académica.
La revolución de 1944 no se atrevió a cambiar la república de 1847, pero sí chocó con las ideas de 1871 sobre las dictaduras democráticas acuñadas, que entrañaron dos dictaduras que en total suman 36 años de la historia de este país (1898-1920 y 1930-1944). Sin embargo, sabemos que desde 1954, con la contrarrevolución, se instalaron de nuevo aquellas ideas, solo que ahora con el poder en manos de militares, quienes centralizaron este en sus figuras y configuraron el cambio de poder en votaciones disfrazadas de democracia, pero que solo eran la nueva versión de las dictaduras democráticas.
Las dictaduras democráticas 3.0 son la Guatemala que nunca cambió, que sigue asentada en el modelo colonial y que aparenta democracia cuando más parece una dictadura disfrazada.
Con la Constitución de 1985, pero dejando en vigor el orden público (Código Civil, Ley de Orden Público y Ley de Libre Emisión del Pensamiento, entre otras normas), las dictaduras democráticas de segunda generación intentaron sostener el manejo jurídico y político desde un positivismo garantizador de sus negocios y de su impunidad. Sin embargo, el proceso de democratización del país, la firma de los acuerdos de paz y la instalación de la Cicig dieron cuenta de cómo el sistema de partidos políticos no es más que un mecanismo de negocios en el cual el mayor engaño es hacerle creer al ciudadano que solo con votar ya hizo patria, ya cumplió su deber democrático, y que de ahí en adelante debe dejar hacer y dejar pasar a quien esté en el Gobierno.
Las dictaduras democráticas 2.0, además, dejaron instalado un sistema que les garantiza el manejo de estas formas de poder. Configuraron un Tribunal Supremo Electoral basado en la exclusión de muchos ciudadanos para dar paso a la inclusión de letrados juristas defensores de su postulado justificativo y aparentar así que otros pueden participar desde la oposición, pero en realidad impedir que obtengan poder.
Con el desenmascaramiento hecho por la Cicig acompañada de los movimientos sociales y de las acciones efectivas de la fiscalía contra la impunidad, el sistema se les agotó. Ahora han configurado las dictaduras democráticas 3.0, que descansan en coartar libertades fundamentales, en concentrar el poder bajo la fachada de una democracia y en aparentar justicia, pero en realidad negarla.
Las dictaduras democráticas 3.0 son la Guatemala que nunca cambió, que sigue asentada en el modelo colonial y que aparenta democracia cuando más parece una dictadura disfrazada.
