La explicación sencilla pero incompleta es que hay intereses encontrados entre importadores y exportadores. Los importadores, el gremio de comerciantes y las cámaras de comercio binacionales ven la propuesta de una devaluación como una amenaza. La razón: una devaluación hace que los productos importados sean más caros, de modo que se vuelven más atractivos los productos hechos en Guatemala. Mientras tanto, los exportadores y los productores para el mercado local tienden a ver la devaluación como algo positivo, pues sus productos se vuelven más baratos que los productos extranjeros.
Donde la explicación se quiebra es en el análisis de la posición de grupos fuertes de la economía.
Por ejemplo, ¿por qué Fundesa se opone? Uno creería que hay al menos dos razones para apoyar la propuesta. Primero, hay exportadores dentro de su consejo de fiduciarios. Segundo, porque la propuesta de Fundesa alrededor de Mejoremos Guate no puede comprenderse sin una devaluación. Debe recordarse que dicha propuesta se inspira en los estudios del profesor Ricardo Hausmann, quien con Dani Rodrik publicó hace un tiempo un artículo en el que claramente se señala el rol que tiene la devaluación del tipo de cambio en la aceleración del crecimiento económico.
Sin embargo, parece que hay intereses financieros más fuertes para oponerse a la devaluación. En una economía con libre negociación de divisas, con bancos que ofrecen créditos en dólares y con facilidad para ir a pedir créditos al exterior, muchas grandes empresas y muchos bancos se han endeudado en dólares. Esto tiene sentido, pues el endeudamiento es más barato, especialmente cuando se aprecia el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque, cuando las empresas tienen que salir al mercado a comprar dólares, cada vez deben utilizar menos quetzales para comprar dólares y pagar su deuda. Es por eso que muchas grandes empresas y muchos bancos con capacidad de endeudarse en dólares no quieren una devaluación. Si hay que compartir los costos del desarrollo, una devaluación sería un primer paso, ¿no?
También hay que analizar los grupos no empresariales del país. Una devaluación favorece a las familias que reciben remesas. Van a incrementar su capacidad de consumo, pues sus dólares pueden comprar más, lo cual los beneficia a ellos y a sus proveedores. También se beneficia el guatemalteco promedio, que tiene posibilidad de ser empleado por la industria nacional y por las actividades exportadoras, pues al crecer pueden generar más empleo. Estos empleos, a la vez, incrementan el nivel de consumo, que beneficia de manera indirecta a las mipymes del país.
Por otro lado, está la preocupación sobre el aumento de los precios. Sin embargo, la preocupación sobre la canasta básica parece estar sobredimensionada. Tomando en cuenta las cifras de un estudio del Banco de Guatemala, el impacto de la devaluación nominal que experimentó Guatemala en el período 1997-2000, una devaluación de un 10 % en la cual el tipo de cambio pasa de Q7.70 a Q8.47, implicaría que los precios se incrementan entre 1 y 2 %. Aun con esta devaluación se lograría seguir dentro de la meta inflacionaria del Banco de Guatemala.
En todo caso, quienes sí pueden verse afectados son los miembros de la clase alta y de la clase media, quienes pueden ver disminuido su acceso a bienes de lujo. Dado que no hay productores nacionales como carros, televisiones y celulares, no encontrarán sustitutos baratos.
¿Qué nos dice este ejercicio? Que es es importante analizar al detalle los intereses alrededor del tipo de cambio. ¿Es la defensa de la actual apreciación una defensa de los consumidores o realmente de los bancos y de las empresas endeudadas en dólares? Si los consumidores solo ven incrementar sus costos un 2 %, pero las empresas ven sus costos financieros crecer un 10 %, ¿a quién se está defendiendo? ¿Preferimos defender el consumo de bienes de lujo de la clase media o generar fuentes de empleo para ampliar el tamaño de la clase media?
¿Cómo lograr la devaluación? ¿Qué resultados podemos esperar? En la siguiente columna estaré hablando del tema para colaborar así al debate nacional.
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Posdata 1. Este es el vínculo al artículo anterior, en el que hablo de por qué el tipo de cambio es un precio especial, pues puede poner en peligro los procesos de desarrollo económico. En el caso de Guatemala, la apreciación del tipo de cambio lleva cerca de 16 años.
Posdata 2. El juez Gálvez ha sugerido que el salario mínimo diferenciado fue negociado por Roxana Baldetti a cambio de un negocio de cines en Estanzuela. Dado que yo he insistido en la importancia de esta política (ver 1, 2, 3 y 4), considero que conviene una breve respuesta. Si hay evidencia de corrupción, debe procederse con lo que manda la ley. Ahora bien, al día de hoy, lo único que se ha hecho público es una apreciación subjetiva del juez en la cual sus deducciones están, con la información que hoy es pública, fuera de los hechos que son sujetos de la investigación. Por eso considero pertinentes tres aclaraciones. Primero, los acuerdos gubernativos de los salarios mínimos diferenciados (SMD) no permiten que se aprovechen para actividades como cines o servicios en general. Su enfoque era crear empleo en manufactura ligera (fábrica de ropa, juguetes, productos eléctricos, etcétera). Dada la visibilidad política y mediática, es difícil creer que un cine sería fácil de disfrazar de manufactura ligera. Segundo, la propuesta de los lugares antecede su presentación en gabinete de gobierno y estuvo vinculada a tres criterios: 1) que el costo de transporte de importación y exportación sea bajo (para lo cual debe ubicarse en el corredor logístico entre la ciudad de Guatemala y los principales puertos marítimos del país), 2) que se genere empleo en el interior del país (para lo cual debe ubicarse fuera de la ciudad de Guatemala) y 3) que hubiese interés y apoyo de las autoridades municipales (para facilitar la instalación de los parques industriales y de las fábricas y el apoyo de infraestructura que ello requiera). Tercero, la evidencia debe resolver dos preguntas. Por un lado, los SMD estaban también propuestos en otros tres municipios. ¿Hay evidencia allí de corrupción? Por otro, Baldetti ya contaba con propiedades en otros municipios, como se aprecia a partir de las noticias sobre extinción de dominio (ver 1, 2 y 3). ¿Por qué no impulsó los SMD en dichos municipios?
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