Comprendamos por qué. El presupuesto público es el único lugar donde la riqueza social se materializa para medir el alcance del proyecto nacional. Este revela además el tamaño del sector público. En Guatemala ronda un crónico 13 % del PIB y alcanza hasta a un 15 %, pero sin respaldo orgánico.
De ahí que la presión fiscal, que se mantiene en un 11 % del PIB y en una estructura regresiva, sea insuficiente para cubrir el déficit. Tal es el origen técnico de la deuda: un problema de déficit fiscal, en vez de que la deuda sea para financiar desarrollo o proyectos estratégicos (los objetivos del milenio o un canal seco, por ejemplo).
Según datos oficiales, la deuda está, entre préstamos externos y la deuda bonificada, en 117 994.7 millones de quetzales, de la cual el 51.8 % corresponde a deuda interna y el 48.2 % a deuda externa. De la deuda interna, el 65 % es para el sistema bancario privado a tasas de interés del 9.5 %, y el resto es deuda al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) principalmente.
Mientras la deuda externa ha venido decreciendo, la interna ha venido creciendo desde 1995, lo cual corresponde claramente a la prohibición constitucional del artículo 133.
Situados ya en el proyecto de presupuesto del 2016, está contemplado que los servicios de la deuda sean de Q12 449, de los cuales 7 millardos son para intereses y el resto para capital. Ello representa el 18 % dentro del presupuesto. Y por si fuera poco, otros 14 millardos están previstos para cubrir déficit con más deuda.
Y aunque el porcentaje total de la deuda pública no ha rebasado los niveles críticos y se mantiene por debajo del 25 % del PIB (en países desarrollados se considera aceptable un margen de 60 % sobre el PIB), el problema en Guatemala es claramente crónico y estructural. Y sobre todo, un negocio privado.
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La deuda pública en Guatemala es un problema moral y de eficiencia. Es inmoral porque la legislación está hecha para privatizar el bien común. También es inmoral porque es una forma de redistribuir riqueza, pero de abajo arriba, o sea, los pobres financiando a los free riders de arriba.
Y es antitécnica porque la supuesta despolitización de lo público impide al Estado la planificación estratégica del desarrollo, hacer lo que mandata la Constitución.
Entonces, si la deuda beneficia más al sector financiero privado, ¿por qué piden austeridad? Porque es mejor mantener un Estado enano que uno que compita con el sector privado en materia económica.
Austeridad, pero orientada al equilibrio fiscal. O sea, cero deudas públicas sobre la base de presupuesto ajustado a los 50 millardos de quetzales de ingresos actuales, lo cual hipotéticamente haría innecesario endeudarse. Suena bien, pero es populismo de derecha.
En la práctica, eso significaría mantener al sector público ya no en la desnutrición crónica actual, sino en la atrofia permanente.
La austeridad como discurso es solo el primer paso. Tiene una larga tradición intelectual de fracaso aun dentro del capitalismo, como ya lo ha demostrado, por ejemplo, Mark Blyth en su Austeridad: historia de una idea peligrosa (2014). Con datos comparados en varios países, Blyth argumenta que esta no ha servido ni para generar ahorro ni para estimular el crecimiento económico, sino todo lo contrario.
En una reciente reunión con miembros del equipo de transición de gobierno del presidente electo Jimmy Morales en la que estuve presente, la impericia en materia de gestión pública se notó enseguida en este punto. Hablaron de cerrar secretarías de Estado como un mecanismo inicial de austeridad, entre otros.
Como sea, cualquier solución al problema de la deuda pasa por realizar reformas en lo financiero, lo fiscal y lo económico. Algunas de las soluciones serían:
- Revisar la Constitución Política de la República, artículos 132 y 133, para separar a los bancos de la Junta Monetaria y regular la deuda pública para que sea posible, desde el Banguat otra vez, al menos dentro del mismo ejercicio fiscal, cubrir problemas de caja o de inversión. Esto último, en correspondencia con el Congreso de la República y, claro, a tasas de interés más bajas que las del mercado para que sea competitivo.
- En lo fiscal hace falta reducir al mínimo la evasión del ISR a personas y comercios. Según datos del Ministerio de Finanzas, esta suma 1 152 millones de quetzales cada mes, o sea, 13 824 millardos anuales. Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debería dedicarse a tiempo completo a este propósito, y el Ministerio Público debería crear una fiscalía especial para el efecto. Porque, pese a la desarticulación de La Línea, la defraudación aduanera sigue allí.
- La reforma económica de acabar con la política de privilegios, subsidios y proteccionismos a empresas nacionales y extranjeras.
El siguiente cuadro, de elaboración propia, describe buena parte de este aserto.
Fuente: elaboración propia.
Si con todas estas consideraciones y todos estos datos no concluimos que el neoliberalismo le sale caro a Guatemala, estamos mal.
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