Días atrás, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportó que la recaudación a agosto de 2011 registra un crecimiento de alrededor de 18% sobre lo recaudado en igual periodo de 2010. ¿Con este dato podemos ser optimistas?
Lamentablemente no. No se nos olvide que la carga tributaria en 2007 era 12.1%, y que con el golpe que recibimos con la crisis económica mundial en 2009 cayó a 10.3%, abriéndose un enorme agujero de recaudación perdida de 1.8% del PIB (equivalentes hoy a unos Q6,500 millones). Si ese 18% de crecimiento interanual se sostiene hasta el final del año, la carga tributaria cerraría en 2011 en torno al 11%, es decir, habremos recuperado recaudación por alrededor de 0.7% del PIB (unos Q2,500 millones), aún mucho menor a lo perdido.
Es decir, hemos subido del sótano a la planta baja, pero estamos muy por debajo del piso que habíamos alcanzado en 2007, antes de la crisis. Mantener esto en mente es de importancia capital, ya que nos permite comprender que la crisis de las finanzas públicas se debe principalmente a una caída en los ingresos, más que a un aumento desmedido en el gasto público.
Y sólo conociendo realmente cuál es el problema, es que podemos hablar de soluciones. Ante el desplome de los ingresos en 2009, el gobierno de Colom tenía tres opciones: reforma fiscal integral, reducir el gasto o recurrir a más deuda. Aunque propuso la reforma, no logró su aprobación. Entonces optó por la deuda, priorizando el gasto social.
El resultado fue que un incremento en el gasto social, pero manteniendo el gasto total como porcentaje del PIB en torno al promedio de la última década.
Pero este esfuerzo es insostenible. Aun con el endeudamiento alto, ya no alcanza para la inversión pública en infraestructura (el proyecto de presupuesto para 2012 refleja una reducción de más de 50% en la inversión real directa). Entonces, al no poder sostener el ritmo acelerado de endeudamiento, volvemos al punto de partida en el momento de la crisis: ¿reducir el gasto o incrementar los ingresos?
Sé que algunos en Guatemala aclamarían una reducción en el gasto. Pero, primero es legalmente inviable, y segundo, reducir el gasto no necesariamente es lo que más nos conviene. Y acá surgen las divergencias ideológicas, por no decir dogmáticas. Personalmente pienso que Guatemala sí necesita más maestros, servicios de salud, seguridad ciudadana e inversión pública en infraestructura. Todo, por supuesto, con más transparencia y calidad.
Es decir, despidiendo maestros no vamos a mejorar ni la cobertura ni la calidad de la educación pública, ni tampoco nos vamos a volver más desarrollados o competitivos.
Entonces, si legal o políticamente es inviable reducir el gasto público (¿qué candidato presidencial se atrevería hoy a ofrecer despidos masivos?), y si ya no podemos endeudarnos más, entonces toca incrementar los ingresos. Una responsabilidad que debimos haber asumido en 2008, y que hemos pospuesto a costa de más deuda pública.
Así, la pregunta ya no se trata de si es o no necesario incrementar los ingresos. La pregunta es cómo y cuándo se va a hacer. Una vía es la propuesta seria y responsable que el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal hizo en 2008, ahora retomada por el G-40: integral, con calidad y transparencia del gasto, y medidas tributarias diseñadas con base a los principios de justicia y capacidad de pago.
Existen otras propuestas, más identificadas con la idea de “no complicarse la vida”, simples y brutalmente injustas. Insisto, la solución a la crisis fiscal actual debe ser un acto de responsabilidad social, sin dejar de lado la justicia y equidad como principios rectores.
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