Una forma es el establecimiento de un nuevo modelo de sociedad. Un modelo menos egoísta, más plural y menos etnocéntrico. Menos individualista y más solidario. Más equitativo, menos exclusivo y, por ende, más justo.
Aquí, en ese concierto de ideas e ideales, entra el debate sobre la naturaleza y la función del Estado en una economía y en su interrelación: ese insuperado debate que ha sido incluso fuente de conflictos políticos de envergadura global por tener argumentos fuertes desde diversas perspectivas de pensamiento y fundamento filosófico.
Existe evidencia de que las políticas de dejar pasar y dejar hacer en industrias concentradas tienden a concentrarlas más. En contextos de desigualdades estructurales y de pobreza acentuada, poder concentrado y exclusión, prácticas discriminatorias profundas, tenderán a reproducir y consolidar el statu quo a favor del grupo dominante.
Por lo general, las agendas de caridad o de inversión social tienen un objetivo comercial o político. Las donaciones de empresas buscan eludir impuestos y hacer publicidad, lo cual beneficia a las empresas al acaparar más poder de mercado como consecuencia, minar oportunidades y desplazar a los pequeños empresarios en dichas industrias. Grandes conglomerados llegan al colmo de comprar voluntades políticas a través del lobby, si no es también por medio de prácticas corruptas o capturando instituciones. Legalmente son parte de directorios, ministerios o puestos de toma de decisión política los mismos representantes del poder concentrado.
En un contexto como el planteado, es posible, conveniente y necesaria la intervención exógena en los mercados a través del Estado, con base en criterios técnicos o representando el mayor bienestar común.
Así como el Estado puede construir carreteras para que los ingenios, las plantaciones de palma y las fincas sean más competitivos en la escena globalizada, el Estado puede brindar también educación de calidad universal, salud universal, inversión en capital humano y acceso a capital financiero, además de brindar y facilitar herramientas de desarrollo a poblaciones excluidas de ese modelo productivo global o a toda la población de manera universal y subsidiada. Esto no es comunismo.
Brindar servicios en especie, transferir oportunidades a quienes nacen más vulnerables y no castigar a los más pobres evitando competir globalmente con salarios debajo del mínimo vital se convierte en una función imprescindible del Estado en contextos como el arriba mencionado. Nada alejado de la realidad de Guatemala y de muchos países en Latinoamérica, surasiáticos y del África subsahariana, entre otros.
El papel del Estado en la economía guatemalteca
La gráfica, tomada del estudio de Maynor Cabrera, Nora Lustig e Hilcías Moran (2014), muestra que Guatemala se encuentra muy por debajo del promedio latinoamericano en cuanto a su estructura de ingresos fiscales y de inversión social. De cada dólar producido en el país, el Estado recibe casi 12 centavos por concepto de impuestos, mientras que en Latinoamérica y el Caribe el promedio es de 24.6 centavos. De impuestos directos a los ingresos, la recaudación es de menos de un centavo por cada dólar producido. Por parte del gasto público, el nivel de inversión social (básicamente salud curativa y preventiva, nutrición y educación) en Latinoamérica es de casi 14 centavos por cada dólar producido en el país, mientras que en Guatemala es de casi la mitad (6.9).
Actualmente, la estructura tributaria no favorece la reducción de la pobreza y de las desigualdades (Cabrera, Lustig y Morán, 2014). Y además de tener un Estado secuestrado, raquítico, y una institucionalidad corrupta, el marco tributario es injusto por inequitativo. El pobre que paga impuestos no recibe beneficios del Estado, como sí los reciben quienes poseen grandes fincas alrededor de carreteras y de obras de infraestructura públicas. Los impuestos indirectos al consumo como el IVA castigan al pobre e incrementan la desigualdad, mientras que las transferencias condicionadas y el programa de asistencia al adulto mayor muestran aliviar marginalmente la pobreza y reducir la desigualdad. El círculo vicioso de la pobreza no puede romperse endógenamente mientras siga existiendo bajo nivel de consumo, bajo nivel de ahorro, baja inversión y, por consiguiente, baja productividad en ese grupo poblacional.
Impuestos: ¿progresivos o regresivos?
Impuestos progresivos
En general, un sistema de impuestos progresivos enfocado a reducir desigualdades, erradicar la pobreza absoluta y promover la equidad funciona así: una persona en el espectro más pobre, que gana hasta cierta cantidad que le permita cubrir sus necesidades básicas, no pagará impuestos directos. A partir de allí existen impuestos directos escalonados. De cierto rango mínimo a cierto rango máximo, los impuestos directos serán un cierto porcentaje de ese rango a pagarle al Estado para invertir en quienes ganan menos. Ganar un poco más es entrar en el siguiente rango y se pagará un porcentaje de impuestos de acuerdo con ese incremento adicional que se acumule en el siguiente rango, y así sucesivamente hasta llegar al último rango de ingresos, que en este caso serían los multimillonarios, quienes pagarían un porcentaje mayor según lo que ganen en ese último rango. En algunos países escandinavos el impuesto a los multimillonarios asciende hasta el 40 o 50 % de ese último rango de ingresos. Cabe mencionar que ese es el impuesto que más alergias ocasiona en la población que concentra grandes cuotas de poder. Bajo argumentos que oscilan entre dañar la productividad, desincentivar la economía, promover el conformismo y hasta el del peligro de caer en un comunismo, quienes pagarían esos impuestos tienen la capacidad y el poder de promover mediáticamente dicho discurso y de disuadir a la población a que desista de dicha propuesta. Cabe mencionar que ese grupo, por el rango de ingresos, comprendería un 1 % o menos de la población total. Es decir, ni usted que lee esto ni yo que lo escribo estaríamos representados en ese grupo poblacional.
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Por otro lado, ¿qué hace el Estado con esos ingresos? En un esquema de justicia redistributiva y de promoción de la equidad, el Estado invierte en desarrollo humano. Invierte en otorgarle servicios a la población para dotarla de herramientas para que pueda competir con equidad y construir su propia riqueza. Invierte en facilitar acceso a mercados a los más vulnerables, acceso a libertad y a oportunidades. Muchos países con los más altos índices de desarrollo humano, ecológico y social cuentan con este esquema. No son países comunistas ni totalitarios, como se hace creer.
¿Es justo o injusto? Aunque el tema de la justicia es de por sí debatible, pues existen muchas aproximaciones y escuelas de pensamiento, de manera pragmática se puede decir que una persona en el espectro más rico le dirá que es injusto. Injusto porque el Estado le está quitando parte de sus ingresos para darle a quien no tiene nada. Muchas veces con el argumento de que quien no tiene nada es por haraganería y por lo tanto no merece que alguien más productivo subsidie su pereza.
Por el otro lado, una persona en el extremo más pobre le dirá que un sistema fiscal redistributivo a través de impuestos directos progresivos es más justo porque, respecto a sus ingresos, quien gana menos paga menos y quien gana más pagará más. Sobre todo porque en Guatemala muchos de quienes se encuentran en el espectro del 1 % de quienes ganan más heredaron sus fortunas, sus privilegios, y se benefician de un Estado que los premia por el simple hecho de haber nacido en ese grupo social.
La reducción de los niveles de desigualdad es evidente a través de un sistema fiscal redistributivo. Por ejemplo, la gráfica de Max Roser (2015), basada en microdatos del año 2000, muestra que en Japón el índice de Gini por ingresos antes de impuestos es de 0.49; y después de impuestos, de 0.33. Asimismo, en Dinamarca dichos índices son 0.56 y 0.33; en Canadá, 0.55 y 0.38; y en Estados Unidos, 0.0.57 y 0.42 (según el estudio Desigualdad en ingresos, de Max Roser, 2015). Recordemos que el índice de Gini mostrará más desigualdad mientras más se acerque a 1 y menor asimetría mientras más se acerque a 0.
(Autorizado para compartirse bajo licencia Creative Commons).
Esto no ocurre accidentalmente, pero tampoco automáticamente ni por ósmosis. Es producto de políticas redistributivas que combinan impuestos progresivos (incluyendo ingresos por ganancias de capital, renta, sueldos, herencias, etcétera), inversión social y provisión de servicios, entre otras políticas públicas. Esto no es comunismo.
Impuestos regresivos
Si el país tuviera un impuesto único al consumo, por ejemplo el flat tax, usando el famoso impuesto al valor agregado (IVA), este les quitaría más proporción de sus ingresos a los más pobres y menos proporción de sus ingresos a los más ricos. Alguien que gana $100 al mes y al comprar sus alimentos gasta $50 y paga 15 % de IVA en sus compras dejará de percibir $7.50 de lo que gana al pagarlo al Estado, lo que corresponde a un 7.5 % de sus ingresos totales, mientras que una persona que gana $100 000 al mes, al comprar la misma cantidad de alimentos, gasta $50 y paga 15 % de IVA (de nuevo $7.50), lo que corresponderá a un 0.00075 % de sus ingresos totales. La redistribución, por consiguiente, castiga más a los extremos de menos ingresos y premia a los de más ingresos, de modo que mina las oportunidades de desarrollo individual que el más pobre necesita.
Numerosos estudios evidencian que los impuestos indirectos o al consumo (como el IVA) son impuestos regresivos que aumentan de proporciones en el impacto de la población según las condiciones y los niveles de pobreza de una sociedad.
A manera de corolario
Un sistema tributario redistributivo contempla más factores como las herencias, las ganancias de capital, etc. Con un sistema fiscal redistributivo justo, al final del día tanto las personas de más altos ingresos como quienes están en la escala económica más baja se verían recompensados por pagar impuestos al Estado, siempre que este cuente con una estructura de inversión social robusta, democrática, transparente y eficaz. La ciudadanía en general estaría invirtiendo en mejores seres humanos, en protección ambiental, en convivencia armónica, en limpieza, en tolerancia, en solidaridad, en desarrollo humano, ecológico, cultural y social, que a la larga produciría un mejor entorno para vivir, para hacer negocios y desarrollarse como persona y como sociedad. La agenda política la establece la ciudadanía, no una dictadura, por lo que el argumento de la discrecionalidad en el gasto es debatible. Aunque existen retos, algunos costos superarían los beneficios. Por un lado, el costo de pagar servicios privados por las consecuencias de las grandes asimetrías en la población puede ser más alto que dejar de pagar y revitalizar servicios públicos universales y de calidad. El costo de las políticas enfocadas a dejar hacer y dejar pasar, que se han mantenido como panacea en los últimos 30 años a nivel mundial, se manifiestan actualmente en muchas carencias y abandonos por parte del Estado, sobre todo en poblaciones vulnerables.
Por otro lado, la reducción en la concentración de riqueza en pocos reduciría la compra de voluntades y la corrupción a la que tienen acceso muchos de quienes se encuentran en la escala más alta de ingresos y que facilita la captura del Estado para seguir reproduciendo prácticas que consolidan su poder y sus privilegios en el tiempo. Esto, al contrario de lo que un discurso caduco quiere hacer parecer en una sociedad acrítica, no es comunismo. Más bien es un modelo que podemos empezar a ver como alternativa a una corriente conservadora que no contribuye a la reducción de la pobreza y que ensancha y consolida las asimetrías y la concentración de poder, ergo insostenible y vulnerable.
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