Desborde penitenciario

El sistema penitenciario cuenta con 12 centros de atención preventiva, cinco centros de rehabilitación, cuatro de cumplimiento de condena y uno de máxima seguridad. De ellos, ocho son para hombres, y dos para mujeres. El sistema tiene una capacidad para albergar 6,412 reclusos. Al 31 de diciembre de 2013, la Dirección tenía bajo su custodia a 16,887 privados de libertad, sobrepasando su capacidad en un 163.37%. En el papel, el presupuesto de la DGSP se ha multiplicado por cuatro de 2004 a 2013. En la práctica, en seis de esos 10 años, ha sufrido reducciones. Las últimas veces en la gestión de este gobierno, en la que se redujeron Q258.5 millones en 2012, pasando de Q591 millones a Q332.5 millones, y Q132.6 millones en 2013, pasando de Q610.8 a Q478.2 millones, y que era dinero destinado en gran parte a construcción y remodelación de centros penitenciarios. Si la ejecución de la dependencia se midiera sin las modificaciones que sufrió su presupuesto, ésta no alcanza al 60%. No sólo se dejaron de crear nuevos espacios, si no que perdió capacidad para 230 reclusos en el motín de noviembre de 2012 en Fraijanes II. Las carceletas destruidas en la revuelta no fueron reparadas. Aunque el Ministerio de Gobernación la construcción de 5,300 puestos, aunque aún no se ha adjudicado el proyecto –y no resolverían completamente el problema de sobrepoblación-. Analistas en seguridad pública concuerdan en que el aumento de la población carcelaria es producto directo de una mayor y más efectiva persecución penal en el país, sumado a políticas de Estado que priorizan el encarcelamiento; pero que no toman en cuenta las condiciones del capítulo final de la cadena del sistema de justicia: el sistema penitenciario. Si el dato de población penitenciaria fuera constante en todo el año, con base a las estadísticas al 31 de diciembre, se podría ver cómo, mientras la población creció en 144% y el presupuesto vigente en 136%, el gasto por persona recluida en un centro penitenciario ha bajado de Q55.77 diarios a Q53.94 de 2005 a 2013. El aumento de la persecución a los delincuentes se ha encontrado con un cuello de botella en el sistema judicial, donde los jueces pueden determinar que las personas bajo proceso sean sometidas a prisión preventiva, mientras el Ministerio Público (MP) continúa con sus investigaciones. “En muchos casos, el sistema permite la captura de supuestos delincuentes y la prisión preventiva sirve para terminar de ajustar los detalles del caso penal, cuando, salvo en los casos de delitos contra la vida, esto tendría que hacerse desde un inicio para evitar la saturación de los centros penitenciarios”, analiza Iduvina Hernández. En los últimos nueve años, la población de reclusos sin condena pasó de 3,101 a 8,663 personas, al 31 de diciembre de 2013. Esto es el 51.3% de personas que estaban recluidas. En los últimos nueve años, la población femenina en centros penitenciarios aumentó en promedio en un 22%. De 2005 a 2009, la cantidad de mujeres privadas de libertad creció de 361a 1,514. Al 31 de diciembre del año pasado, el 60.3% de ellas no tenían condena. Según Gary Estrada, especialista en temas penitenciarios del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, este aumento se debe a factores sociales, como la falta de oportunidades laborales y el que en algunos casos las mujeres se ven forzadas a replicar actitudes violentas para encajar en una sociedad cada vez más violenta. Además, Estrada percibe cambios en el funcionamiento de estructuras criminales, en las que cada vez más se utiliza a mujeres para cobrar extorsiones o pagos de secuestros, o como encargadas para la venta al menudeo de drogas. En el caso de los hombres, se tuvo un incremento de la población carcelaria del 11%, en promedio en los últimos nueve años. A finales de diciembre de 2013, el sistema penitenciario tenía registrados a 15,373 reclusos, donde cinco de cada diez no tenían condena firme. “¡Pareciera ser que lo que importa es encerrar gente más que prevenir la delincuencia!”, reclama Hernández. “Estamos ante la disfuncionalidad total del sistema prevención, mientras tenemos un sistema penitenciario que hace aguas por todos lados y donde las condiciones violan derechos básicos de los reclusos, aunque esto último no les importa a las autoridades.” El aumento de la población penitenciaria no sería un problema de no ser porque el sistema carece de elementos suficientes para asegurar a los reclusos y, mucho menos, evitar que sigan delinquiendo. Por ejemplo: el número de guardias penitenciarios resulta insuficiente para la cantidad de privados de libertad. Según la respuesta oficial de la DGSP a una petición de acceso a la información realizada por Plaza Pública, ésta contaba con 3,299 elementos de seguridad para custodiar los 22 centros de detención del país a diciembre de 2013.El dato real de quienes prestan seguridad es menor. La Dirección incluye en sus planillas a los aspirantes a custodios, quienes se encuentran estudiando para acceder a un puesto. Para marzo de este año, había 2,988 agentes penitenciarios trabajando bajo un sistema de ocho días laborales y ocho días de descanso, llamado “8x8” que permite al guardia estar 24 horas seguidas a disposición del centro penitenciario a donde es destinado. De esta manera, en el papel, en cada turno hay 1,494 agentes y cada uno de ellos es responsable de 11 reclusos. En la práctica, en algunos centros, el promedio aumenta hasta los 20 reclusos por agente. Según la ley, los agentes penitenciarios tienen la responsabilidad de la seguridad al interior de las prisiones,, previniendo que pueda haber fugas de reclusos. Sin embargo, la seguridad queda en entre dicho cuando las mismas autoridades reconocen que más de 9,500 extorsiones se planificaron desde centros penitenciarios en un período de cinco años aprovechando la capacidad de comunicación que tiene los reclusos. Y los guardias poco pudieron hacer para evitarlo. Por ejemplo, sólo en el último año se reportaron 3,053 teléfonos celulares, 2,075 chips telefónicos y dos teléfonos de mesa en las requisas a los 22 centros penitenciarios.