Así lo dio a entender durante su intervención ante la audiencia en el 152 período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una afirmación que forma parte de un discurso empujado por la burocracia estatal favorable a la industria extractiva y, obviamente, por los empresarios del sector.
Según esa lógica, para querer el desarrollo hay que aceptar que se se rompa la vida comunitaria, que el entorno se contamine, que se talen hectáreas y hectáreas de bosque para instalar fábricas de cemento o que se arriesgue a la inundación del entorno que habitan. Es la razón del poder político y económico. Misma que de ser cierta y dadas las condiciones prevalecientes, situarían al país mucho más arriba del puesto 125 de 187 en el índice de desarrollo humano.
Sin embargo, la realidad es otra. El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 2013-2014, ubica a nuestro país en un nivel bajo. Afirma el PNUD que si continuamos al ritmo actual, en un cuarto de siglo nos habrán superado otras naciones con índice medio.
Los indicadores de desarrollo humano buscan medir el estado de bienestar de la persona. Los indicadores de desarrollo de autoridades como Balcárcel y sus jefes o patrones, se refieren a cifras de crecimiento económico general. Hay dos visiones y por lo tanto, en el enfoque hacia el desarrollo hay también dos rutas para alcanzarlo.
Hasta ahora, Guatemala sólo ha transitado por la ruta de la exclusión de la mayoría y el privilegio de la minoría. Ésta sí que marca altos niveles de desarrollo empresarial a costa del favoritismo que les ha representado la construcción de sus monopolios. El pequeño núcleo de familias favorecidas y privilegiadas son el club de clanes que concentra la producción y proveeduría de productos cuasi únicos en el mercado.
Por ejemplo, la cerveza. Mientras Bélgica promueve y luce con orgullo nacional la fabricación de miles de cervezas artesanales, Guatemala luce una única marca con el 75 por ciento del mercado y otra más llegada desde el Sur con el 20 por ciento del mismo. La producción artesanal está prohibida por ley pues, de darse, atentaría contra la base existencial de la familia que desde 1886 ostenta y controla la producción cervecera nacional.
En la construcción, ni se diga. Desde principios del siglo pasado, la fabricación de cemento ha estado en manos de una única familia, protegida contra viento y marea mediante el control arancelario a la importación de otros productos. Hoy día, es la empresa que atenta contra la seguridad de comunidades que ven amenazada su existencia por la voraz expansión de la empresa monopólica.
¿Seguimos? Bueno, veamos los licores. La tradicional cusha, ha sido históricamente perseguida por la desaparecida Guardia de Hacienda, de manera que su producción resultaba delictiva. ¿Por qué? Básicamente porque la producción de licor, llamado “clandestino”, afectaba los intereses del único productor autorizado, el cual llegó a controlar el mercado nacional de rones y licores en una sola familia.
No digamos lo que ha representado el monopolio de los molinos de trigo que sentaron las bases del monopolio en la distribución de pollo. Raíces económicas de otro grupo empresarial, acrecentado a partir de la generación de privilegios.
Desarrollo entonces, en estos grupos familiares y empresariales monopólicos, dueños del cartel político, es garantizar la continuidad de las prevendas que el Estado les ha dado desde su fundación. Armados al tenor del despojo y la evasión fiscal, siguen alimentándose de la misma teta y engrosando su patrimonio a costa de la mayoría. Una mayoría que hoy es acusada de negarse al desarrollo porque se opone a que le extraigan las pocas gotas de vida que le quedan en las venas.
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