De esa suerte, la algarabía con que un grupo de laborantes del Congreso celebró la elección de la nueva Junta Directiva así lo evidencia. Los pasos iniciales en la ruta de la transparencia, muy pequeños aún para las dimensiones del problema, muy probablemente se detengan e incluso retrocedan.
Durante la administración que concluye su mandato en enero, la sociedad pudo conocer en detalle un cúmulo de información que debía ser pública, pero que se escondía. Montos salariales establecidos con discrecionalidad permitían ingresos mensuales superiores al sueldo mínimo anual: pagos que en la mayoría de los casos no respondían a las cualificaciones de quienes los recibían ni a las tareas por las cuales se les pagaba. De hecho, había quienes recibían un sueldo, pagado con nuestros impuestos, sin siquiera presentarse al Legislativo. Eran los rostros invisibles de las plazas fantasmas, que por años nutrieron las bolsas corruptas de bastantes congresistas.
Al igual que en los sistemas de educación y salud, las prestaciones laborales han sido negociadas en pactos colectivos suscritos con liderazgo sindical corrupto, una práctica que, además de afectar sensiblemente los fondos del erario, lesiona también la legitimidad de las luchas sindicales, cuyos logros han costado la vida de miles de personas honestas. En tal sentido, lejos de compartir, en realidad produce vergüenza ajena ver a laborantes celebrar el triunfo de la impunidad y la corrupción.
Una y otra, impunidad y corrupción, ahora toman por asalto el Legislativo de la mano del tristemente célebre presidente del Ejecutivo, Jimmy Morales. Inactivo en la conducción de los asuntos de la presidencia, casi actor decorativo en la gestión del Gobierno, Morales sí ha servido para consolidar los pactos del entorno de opacidad que lo rodea. De ahí que no sorprenda su convocatoria a la finca presidencial Santo Tomás a fin de concretar el acuerdo que ha llevado a la conducción del Congreso a la planilla del tratado de impunidad.
El Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) tendrá así un control directo de los tres organismos de Estado. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial estarán presididos por sendas figuras ligadas al manejo de los asuntos públicos en función de espurios intereses particulares y privados. En el caso del Congreso, además, contará con la venia de un cuerpo laboral permeado por la corrupción y proclive a las prácticas clientelares.
El dilema es, entonces, qué hacer. ¿Cómo salir al paso a semejante destino? La respuesta no es única. No puede serlo en un entorno tan complejo como el presentado. Sin duda habrá mucho por hacer. Todo pasa, sin embargo, por la participación crítica, unitaria y organizada como base sustancial de una plataforma de lucha contra la impunidad y la corrupción: un llamado que corresponderá realizar a las generaciones de relevo en todos los entornos.
A estas alturas de la acción política, el relevo generacional es requisito para identificar, construir y consolidar las alianzas necesarias. La atomización de los entornos sociales y sectoriales solo favorece a quienes por siglos han acumulado el ejercicio del poder económico y político mediante el autoritarismo, la corrupción y la impunidad.
Por lo tanto, buscar la unidad es un imperativo. De lo contrario, el acuerdo de opacidad definido en la finca Santo Tomás será la norma que rija las acciones de la política nacional: un lujo que ya no podemos darnos si queremos rescatar algo de la constreñida democracia que intentamos rescatar.
Más de este autor