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Derechos humanos en Nicaragua

Tres informes coinciden en señalar irrespeto del régimen de Ortega.
Recurrente violación de derechos políticos y derechos de mujeres; Magistrada Alba Luz Ramos rechaza informe de Amnistía Internacional.
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Derechos humanos en Nicaragua

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El gobierno de Daniel Ortega no pasa la prueba en materia de derechos humanos. Tres informes presentados en menos de un mes por Amnistía Internacional (AI), el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) coincidieron que en Nicaragua existen situaciones “preocupantes” que lesionan los derechos fundamentales de las personas, establecidos en varias convenciones internacionales.

Los tres organismos, dos internacionales y uno nacional, reúnen en sus informes los hechos más relevantes y violatorios a los derechos humanos sucedidos en 2011. Entre ellos  destacan las violaciones y los abusos sexuales “generalizados” hacia las mujeres  como principal problema, y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

De las categorías antes mencionadas, los informes subrayan situaciones específicas, que a sus juicios, han marcado un antes y un después en Nicaragua como aberraciones a los derechos declarados de las personas. Uno de esos casos es el de Fátima Hernández, víctima de violación por parte de Farinton Reyes, a quien le fue reducida la condena bajo un atenuante bastante cuestionado por estos organismos y la opinión pública, al ser presuntamente Reyes, familiar de un funcionario del gobierno de Ortega.

El caso de Fátima Hernández, avivó el debate sobre los derechos de las mujeres en el país, al punto que meses después el Movimiento María Elena Cuadra, junto con la también cuestionada Corte Suprema de Justicia (afirma Alba Luz Ramos), presentaron a la Asamblea Nacional el proyecto de ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que fue aprobado en lo particular por los diputados y esperan entre en vigor el próximo 22 de junio, dijo la titular de la Comisión encargada del tema Martha Marina González.

La aprobación de dicha ley fue “satisfactoria” para organismos como Amnistía Internacional y el Cenidh. Sin embargo, dejan entrever que el desafío ahora es “conseguir que esta ley tenga tacto y sea implementada de manera que tenga consecuencias reales en las vidas de las mujeres y niñas, para que se sientan realmente protegidas”, concordaron las ONG.

AI: Ortega dice una cosa y hace otra

El informe de Amnistía Internacional intitulado Informe 2012: Para la tiranía y la injusticia, las cosas han cambiado, que fue presentado el jueves pasado en la ciudad de Londres, dedica un capítulo puntual a Nicaragua: se hace hincapié en la violencia “generalizada” hacia las mujeres, la prohibición total de todas las formas de aborto, la “poca independencia” del poder judicial y la coartación de la libertad de expresión.

Esther Major, investigadora dedicada a Nicaragua, en entrevista con Confidencial, dijo que AI mantiene varias preocupaciones sobre violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, pero que los resultados apuntaron que los puntos de tensión residen en los cuatro puntos antes aludidos.

“Dentro del informe en relación a Nicaragua sí vimos desafortunadamente graves preocupaciones sobre la situación de los derechos de las mujeres y niñas; en particular el derecho de vivir sin violencia especialmente la sexual. Esto nos preocupa muchísimo a pesar de la inserción de la nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la cual hemos acogido con satisfacción y vemos como un paso adelante”, aseveró Major.

La funcionaria afirmó que para que la ley sea vea verdaderamente reflejada en la realidad de las mujeres y niñas nicaragüenses, una de las primeras cosas sería no repetir lo que pasó con el caso de Fátima Hernández.

“La sentencia emitida por la CSJ fue una decisión espeluznante, impactante, negativa, incluso ofensiva para los derechos de las mujeres y los derechos humanos universales”, apuntaló Major. 

Luego de esto, AI visitó a la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, y ésta según Major, relató que habían puesto en camino muchos grupos de trabajo y diferentes maneras de informar a los jueces sobre los derechos de las mujeres y niñas.

Desde ese entonces, Daniel Ortega y la primera dama  Rosario Murillo iniciaron una campaña de “restitución de derechos para las mujeres”. Murillo cada mediodía en el oficialista Canal 4, recapitula sobre los programas sociales dirigidos a las “mujeres jefas de familia”, como por ejemplo las 24 cooperativas integradas por mujeres  incorporadas al programa Usura Cero el pasado 15 de mayo.

O, más formal aún, la aprobación de la ley 50-50, que obliga a todos los partidos políticos a presentar mujeres y varones en la misma proporción como candidatos para los cargos de alcaldes, vicealcaldes y concejales para las próximas elecciones municipales.

Sin embargo, la investigadora Major aseguró que el gobierno de Ortega no ha cumplido con los compromisos en realidad: “Está diciendo una cosa y haciendo otra. Dice que está con el pueblo, a favor de una sociedad más justa, a favor de reformar el sistema para procurar más igualdad entre los nicas. Pero a la vez vemos la intromisión de leyes como la prohibición total del aborto, que producen contextos en los cuales florecen los abusos contra los derechos humanos de una parte de la población”.

Según la investigadora, Amnistía Internacional recomienda al gobierno de Nicaragua despenalizar el aborto lo más pronto posible, porque “es ambiguo que haya una ley que proteja los derechos de las mujeres y otra que penalice el aborto”.

“Es imposible para nosotros imaginar cómo se sienten las niñas que son obligadas a ser madres después de un acto de violencia sexual o cuando es contra de su voluntad”, matizó Major.

Asimismo, la ONG aconseja que Ortega debiera enviar una “invitación abierta” a los expertos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de mostrar verdadero compromiso con los derechos humanos. “Pero vemos que las puertas están cerradas para los defensores de los derechos humanos, y nos gustaría que nos sentemos a dialogar”, concluyó Major.

Cenidh: más de 8,000 denuncias

El pasado 16 de mayo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos publicó su informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Nicaragua 2011, que abarca los cinco años del mandato constitucional de Daniel Ortega (2007-2011).

El informe trata de retratar la situación que experimentaron los derechos humanos durante la administración del caudillo sandinista, que alargó otro quinquenio más su período presidencial luego de las fraudulentas y denunciadas elecciones presidenciales de 2011.

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, explicó que para realizar este ejercicio tuvieron que partir del análisis del contexto, porque según la experiencia ninguna valoración de derechos humanos puede hacerse fuera de la coyuntura nacional pues no resulta objetiva. “Siempre hay un condicionante que determina las causas y las motivaciones de estas violaciones”, agregó.

Además, hacen énfasis en 2011 porque en ese año electoral las violaciones al derecho a la vida incrementaron de tres a trece en relación a 2010.

Y este análisis, según el documento impreso que consta de más de 200 páginas, resultó en la caracterización de un gobierno que “concentra el poder a toda costa; que aplica restricciones a los derechos políticos; que se muestra renuente para impulsar las reformas necesarias para la vuelta del sistema democrático; que se niega a abrir espacios a la sociedad civil; que busca desmontar a la ciudadanía desarrollando programas sociales que son meros paliativos frente a la pobreza que afecta a la mayoría de los nicaragüenses; la corrupción y finalmente la falta de voluntad de implementar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y otros órganos ídem”.

El informe, asimismo, compara el comportamiento del gobierno de Ortega en relación a las violaciones de los derechos humanos con su antecesor, el de Enrique Bolaños. Y el resultado no es alentador: el balance es negativo.

“Más de ocho mil denuncias fueron recibidas durante el gobierno constitucional de Ortega. Aunque los casos recibidos son más, en esta cifra sólo reflejamos nada más las denuncias contra particulares, el poder judicial y la Policía”, dijo Núñez.

Según versa el informe, el nivel de comprobación de las denuncias asciende al 70%. “Es decir son casos que se investigaron y que efectivamente se dieron esas violaciones a los derechos humanos alegadas”, dijo la presidenta del Cenidh.

Aunque la cifra de denuncias es apabullante, el informe sostiene que lo que preocupa no es la diferencia cuantitativa sino cualitativa. “Ocupan lugar importante las agresiones de las fuerzas de choque contra los ciudadanos que se expresaron contra la reelección, demandando cédulas o en el ejercicio del derecho de petición consignado en la Constitución, las agresiones y amenazas contra periodistas y la hostilidad hacia los defensores de derechos humanos”, enumera.

Policía la más denunciada

Si bien la Policía Nacional es la más denunciada (31% del total de las 1,930 recibidas en 2011), Mauro Ampié, director ejecutivo del Cenidh explica que eso es normal. “La policía es la institución que más está en contacto con la gente”, dijo. “Aunque esto – agrega - no justifica las situaciones anómalas denunciadas y que han sido comprobadas”.

“Las denuncias se tipifican en detenciones ilegales, allanamientos sin orden, malos tratos, incluso tortura en algunos casos; éstas son parte de las denuncias contra la autoridad policial. También estamos viendo que no se da el traslado, de conformidad con la constitución y las leyes, de las personas que ya están condenadas y permanecen en las celdas policiales”, especificó Ampié.

Cárceles sin condiciones

Al hablar de la Policía Nacional, inevitablemente estos defensores de derechos humanos se refieren al estado de las cárceles nicaragüenses. Un tema que se ha mantenido latente en la palestra pública luego del motín registrado en el penal Puertas de la Esperanza en Estelí, donde los reos demandan mejores condiciones carcelarias dado el hacinamiento que se encuentran.

El debate sobre la situación en las cárceles ha sido intensificado por supuestas denuncias de torturas que cinco ex reos de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) han interpuesto a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). El empresario Henry Fariñas, acusado por tráfico internacional de drogas fue quien encendió la alarma de estas denuncias. Por su parte la Policía Nacional mediante la Comisionada General Glenda Zavala insistió que los reos tienen las condiciones mínimas de una cárcel.

“Negamos enfáticamente que en nuestras celdas se realicen prácticas o métodos de tortura para sacar información a los reos”, dijo Zavala refiriéndose a las celdas de la DAJ, conocidas como el Chipote.

Comprobar tal situación les ha sido imposible a estos organismos. El Cenidh, relata el informe, desde hace más de tres años ha enfrentado dificultades para el ingreso a los centros penitenciarios, a pesar de haber sostenido entrevistas con la Ministra de Gobernación Ana Isabel Morales, quien solicitó al organismo presentar un calendario para realizar las visitas.

Lo que sí puede confirmar Vilma Núñez es que “últimamente se han agravado los tratamientos que les han dado a los presos en las cárceles. Hace dos meses el Cenidh denunció ante la PN un hecho hasta ahora inédito: la violación sexual de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios, perpetradas por custodios”.

Núñez dice lo siguiente: “La Policía está rebasada. Hay cierto nivel de receptividad de las denuncias pero no de solución. Investigan y no dan respuestas”.

Magistrada Ramos: “AI es atrevida”

La presidenta de facto de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, fue invitada a un foro legislativo la semana pasada como panelista para hablar sobre la actuación del sistema judicial ante la inminente aprobación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Al brindar su opinión sobre los cuestionamientos hechos por Amnistía Internacional sobre la “poca independencia del poder judicial”, Ramos dijo que le parecía “muy atrevido de parte de AI que por un caso señale a la CSJ de poco independiente”. El caso al que la magistrada se refería era al de Fátima Hernández, que AI usa para ilustrar las deficiencias de ese poder del estado.

“Nosotros no vamos a ningún país del mundo a decirles si las cortes supremas de Francia o Estados Unidos son independientes o no. Ni siquiera nos interesamos en estudiar los casos de esos países. ¿Por qué ellos tienen tanto interés?, me parece que interés político”, declaró Ramos.

Según esta funcionaria pública apenas se sacó la sentencia de “esa señora” (Fátima Hernández), AI hay no más vino a Nicaragua. “Cayeron al día siguiente como que estaban esperando. Ellos no tienen por qué venir a juzgar la sentencia de un sistema judicial de un país. ¿Es independiente Amnistía Internacional cuando se mete a juzgar una sentencia del sistema judicial de un país?, me parece que no”, dijo.

Ramos aseguró que no existe impunidad en casos de violencia en perjuicio contra las mujeres.

“¿Cuáles casos de impunidad, hay una vara acaso para medir impunidad? Aquí los casos se resuelven con lo que los jueces deciden, después hay un sistema de apelación, de casación donde se reforman o se confirman las sentencias. Y eso está dentro de los parámetros de los países del mundo. ¿AI anda midiendo lo que pasa en todos los países del mundo en esta materia? No, no lo andan midiendo, sin embargo, en todos los países del mundo hay violencia contra las mujeres. ¿Por qué sólo Nicaragua? Es mi pregunta”, dijo airada la magistrada.

 

*Este artículo es parte de Confidencial y es reproducido con su autorización por Plaza Pública. 

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