El estimado de trescientos mil entradas anuales de indocumentados a Estados Unidos entre 2007 y 2009 constituye menos del 3% del total de los inmigrantes indocumentados que residen en el país. (3)
El gobierno se ha enfocado principalmente en detectar y deportar migrantes indocumentados. La administración de Obama, ha continuado en mayor medida, con algunos ajustes las políticas de aplicación de la ley de la administración anterior. Las grandes redadas en las fábricas donde los trabajadores eran aprehendidos, fueron remplazadas por auditorias federales con las que se multa a los empleadores de inmigrantes indocumentados.(4)Frecuentemente estas auditorías terminan con el despido de los trabajadores indocumentados, en lugar de su deportación. (Componente principal de las redadas durante la era de Bush).(5) Éstas han causado grandes contratiempos para el sector agrícola, donde aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores es indocumentado.(6) Al mismo tiempo, poco ha logrado la administración para lograr que vengan más trabajadores agrícolas con documentos, incluso la visa para trabajadores agrícolas temporales sigue siendo subutilizada por los empleadores.(7) La administración también ha iniciado “e-verify”(8) con la finalidad de que los empleadores sean más responsables al contratar trabajadores indocumentados.(9)
Probablemente la aplicación de “e-verify” tenga el mismo impacto que las auditorias, con un mayor número de migrantes siendo despedidos en lugar de deportados, teniendo como resultado un significativo daño económico para el sector agrícola de Estados Unidos.(10) Se espera que ambas medidas empujen a los trabajadores indocumentados hacia la economía informal, trabajando por menores salarios y en peores condiciones, en lugar de obligarles a salir de Estados Unidos.
Las deportaciones (392,862 en 2010) han alcanzado niveles record durante la administración de Barack Obama.(11) El incremento se debe principalmente a que los estados han tomado papeles más agresivos en las deportaciones en virtud de las leyes federales establecidas. La mayoría de los acuerdos bajo la ley 287 (g) de los 24 estados que los han suscrito, fueron establecidos entre 2007 y 2010.(12) Aunque el propósito de la ley 287 (g) era la coordinación con las autoridades locales para la deportación de migrantes indocumentados que cometieran crímenes, aproximadamente la mitad de los detenidos bajo la ley 287 (g) no habían cometido ningún delito grave.(13) En aquellos lugares donde se utilizó la ley 287 (g) para la identificar y deportar al mayor número de inmigrantes posibles,(14) “menos del 10% de los detenidos por la policía fueron clasificados como criminales”(15); el resto fueron arrestados por delitos menores y violaciones de tráfico, o aquellos que nunca fueron arrestados, sólo tuvieron contacto con las fuerzas de la ley durante operativos policiacos.(16)
Cuadro 1: Deportaciones de inmigrantes mexicanos y centroamericanos
Año
|
1995
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
México
|
34,662
|
151,267
|
150,762
|
122,058
|
155,812
|
175,865
|
169,031
|
186,726
|
208,996
|
246,851
|
280,219
|
282,003
|
Belice
|
71
|
170
|
185
|
178
|
179
|
202
|
219
|
211
|
233
|
218
|
244
|
253
|
Costa Rica
|
43
|
328
|
392
|
376
|
514
|
599
|
676
|
795
|
655
|
687
|
699
|
522
|
El Salvador
|
1,932
|
4,736
|
3,928
|
4,066
|
5,561
|
7,269
|
8,305
|
11,050
|
20,045
|
20,031
|
20,849
|
19,809
|
Guatemala
|
1,763
|
4,543
|
4,716
|
5,396
|
7,726
|
9,729
|
14,522
|
20,527
|
25,898
|
27,594
|
29,661
|
29,378
|
Honduras
|
1,931
|
4,768
|
4,548
|
4,946
|
8,182
|
8,752
|
15,572
|
27,060
|
29,737
|
28,851
|
27,293
|
24,611
|
Nicaragua
|
376
|
513
|
526
|
468
|
820
|
947
|
1,292
|
2,446
|
2,307
|
2,250
|
2,176
|
1,847
|
Panamá
|
90
|
154
|
157
|
163
|
162
|
188
|
187
|
209
|
185
|
192
|
200
|
183
|
Centroamérica
|
6,206
|
15,212
|
14,452
|
15,593
|
23,144
|
27,686
|
40,773
|
62,298
|
79,060
|
79,823
|
81,122
|
76,603
|
Fuente: Yearbook of Immigration Statistics 2009, Department of Homeland Security. Estas cifras no incluyen deportaciones al cruzar la frontera sin documentos, que para Centroamérica son alrededor de 30,000
El actual gobierno inició el programa “Secure Communities” que es visto como una enmienda a la legislación 287 (g) dirigido a detectar y deportar a los inmigrantes indocumentados que sean criminales peligrosos. Aunque las deportaciones se realizarán a discreción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en lugar de los oficiales locales, Secure Communities sigue siendo susceptible a ser usado para detectar y deportar inmigrantes, independientemente de la gravedad de la delincuencia.(17) De hecho, han existido casos del mal uso del programa para cumplir con posturas anti-inmigrantes.
Los estados han comenzado a competir por la autoridad en materia de política inmigratoria durante los últimos años. Las legislaturas estatales han adoptado más de doscientas leyes desde 2008 a lo largo y ancho del país,(18) éstas van desde la integración de los inmigrantes hasta la cancelación automática de la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados.(19) Los procesos de apelación por la ley SB1070 de Arizona(20), probablemente llevarán a una decisión de la Suprema Corte sobre el alcance de los derechos estatales para promulgar leyes en materia migratoria.(21) Mientras esto sucede, Arizona retó y ganó el derecho para exigir a los negocios la utilización de “e-verify”, a pesar que bajo la ley federal, participar en “e-verify” es opcional.(22)
En el otro extremo del espectro, Massachusetts, Illinois y Nueva York han protestado contra la participación en Secure Communities, a pesar que la ley federal establece que la participación es imperativa.(23) Las diferencias entre las posturas estatales, son un reflejo de la gran división entre la población estadounidense en la manera de gestionar la inmigración. La opinión pública generalmente está dividida en lo referente a migración. Sin embargo, aquellos en contra de la inmigración son cada vez más extremistas, en parte como resultado al discurso político estadounidense.
Ver Gráfico 1: Percepción Pública de la Inmigración, Países receptores a nivel mundial, 2010
El subproducto de éstas políticas se ha reflejado en Latinoamérica y el Caribe, particularmente en México y Centroamérica. Primero, el número de inmigrantes provenientes de esta región hacia Estados Unidos, ahora es menor que el número de deportados. Segundo, los recursos invertidos en Centroamérica para hacer frente a la migración, se han desviado para atender a los deportados en vez de ser apalancados para el impacto económico de la migración en la región. Tercero, el hecho constante de aplicar medidas de seguridad en las que se subordina la migración a este tema, impone retos para la más amplia realidad migratoria y disminuye un acercamiento a futuro que vaya más allá de la seguridad en sí misma.
Por ejemplo, usando información sobre la transferencia de remesas, información obtenida de encuestas y trabajo de campo, calculamos el número de inmigrantes que han ingresado anualmente entre los años de 2004 a 2010.(24) El promedio anual de inmigrantes que envían remesas hacia América Latina en este periodo consiste de 1.2 millones de personas, (sin embargo el 15% de los migrantes que envían remesas el mismo año en el que llegaron, representan el 65% de los migrantes que llegaron en ese año).25
Ver Gráfico 2: Tipo de migrantes enviando remesas, promedios 2004-2010
Estas cifras muestran que las deportaciones durante los pasados 6 años son mayores que el número de inmigrantes (autorizados o indocumentados) que vinieron en ese período. Por otra parte, como el cuadro de abajo indica, para México y Centroamérica (que representan más del 60% de los migrantes), el número de inmigrantes que llegan es mucho menor que el número de deportados. Esta cifra nos habla de la magnitud de las deportaciones vis-à-vis con la inmigración a Estados Unidos.
Cuadro 2: Migrantes deportados y llegando a EE.UU.
|
Flujo promedio anual, 2004-2010
|
País de origen
|
Deportados
|
Inmigrantes
|
Ratio (D/M)
|
(%)
|
México
|
282,003
|
106,326
|
2.65
|
42%
|
Honduras
|
24,611
|
10,670
|
2.31
|
4%
|
Guatemala
|
29,378
|
17,723
|
1.66
|
7%
|
El Salvador
|
19,809
|
15,897
|
1.25
|
6%
|
Latinoamérica
|
355801
|
253,399
|
1.40
|
100%
|
Ecuador
|
2,321
|
2,753
|
0.84
|
1%
|
República Dominicana
|
3,309
|
11,513
|
0.29
|
5%
|
Nicaragua
|
1,847
|
6,654
|
0.28
|
3%
|
Perú
|
1,047
|
3,963
|
0.26
|
2%
|
Colombia
|
2,267
|
11,988
|
0.19
|
5%
|
Venezuela
|
369
|
3,238
|
0.11
|
1%
|
Costa Rica
|
522
|
4,742
|
0.11
|
2%
|
Jamaica
|
1,475
|
13,630
|
0.11
|
5%
|
Guyana
|
219
|
4,970
|
0.04
|
2%
|
Bolivia
|
207
|
7,878
|
0.03
|
3%
|
Haití
|
375
|
28,437
|
0.01
|
11%
|
Paraguay
|
39
|
3,017
|
0.01
|
1%
|
Fuente: Cuadro 8, Encuestas realizadas por el autor 2005, 2007-2010.
Uno de los resultados de estas deportaciones masivas ha sido el desvío de recursos para proveer de servicios básicos a ésta población. Por ejemplo, En Guatemala, Honduras y El Salvador, los gobiernos y la sociedad civil han participado en la atención a los retornados bajo diferentes marcos. En Honduras, el gobierno ha creado los Centros de Atención a Migrantes Retornados que son administrados por cuatro instituciones y provistos de personal tanto por gobierno como por organizaciones de la sociedad civil. El gobierno de El Salvador estableció el programa Bienvenido a Casa, como medida para hacer frente al volumen de migrantes retornados. Este año se aprobó la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.
Guatemala también estableció en 2007, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, el cual trabaja con el Centro de Atención al Migrante. Estas instituciones se han estado transformando a lo largo del tiempo en respuesta al largo flujo de migrantes retornados, ofrecen pocos recursos y todavía no ofrecen atención integral.
Otro de los resultados de la visión parcial de la migración subordinada a la seguridad y alimentada por la retórica antiinmigrante, ha sido el estrechamiento del discurso político sobre gestión migratoria. Esta retórica argumenta que la aplicación estricta de la ley es el paso lógico al enfrentar las violaciones a la ley y sugiere o implica que existe una secuencia lineal de procedimientos en migración no autorizada. Como tal esto puede ser cierto, pero parcialmente correcto e incompleto puesto que la aplicación estricta de la ley es precedida por un sesgo político que la hace más estricta, sobre otras realidades y necesidades de fortalecimiento de la seguridad. Este sesgo está enraizado en un profundo sentimiento antiinmigrante, frecuentemente asociado con un desprecio hacia las minorías étnicas. Estos prejuicios utilizan el fortalecimiento de la seguridad apuntando a los sectores más vulnerables en una forma similar a la aplicación de la ley y el encarcelamiento de algunas otras minorías. Aunque el procedimiento normativo, aplicación de la ley, es considerado como imparcial y automático al proceso de quebrantamiento de la ley, en la práctica hay una parcialidad inherente por encima de la justa y equitativa aplicación de la ley. La legalidad de la aplicación de la ley se enfrenta con su legitimidad cuando la intención tiene una parcialidad política por encima del Estado de derecho. En otras palabras, la justificación de aplicar la ley para deportar a inmigrantes indocumentados está basada no sólo en la justicia sino por prejuicios políticos y étnicos.
1 Jeb Bush, Thomas F. McLarty III, and Edward Alden, “U.S. Immigration Policy,” Senate Council on Foreign Relations, June 2009, Independent Task Force Report No. 63, Page 48; Haya el Nassar, “Fewer illegal immigrants entering USA,” USA Today, USA Today, 22 Sept. 2010, Web, 22 June, 2011, .
2 Richard M. Stana, “Border Security: Preliminary Observations on Border Control Measures for the Southwest Border,” United States Office of Accountability, Subcommittee on Border and Maritime Security, Committee on Homeland
Security, House of Representatives, 15 February 2011, Web, 22 June 2011, , Testimony. Página 1.
3 Jeffrey Passel and D’Vera Cohn, "A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United States," Pew Hispanic Center, 14 April 2009, Web. 22 June 2011, . Page i; Haya el Nassar, “Fewer illegal immigrants entering USA,” USA Today, USA Today, 22 Sept. 2010, Web, 22 June, 2011, .
4 Comenzado en 2009, Immigration and Customs Enforcement aplicó auditorías sobre a los archivos de los empleados en más de 2900 compañias. La agencia impuso sanciones record por $3 millones en multas en la primera mitad de 2010 a los negocios que contrataban inmigrantes indocumentados.
5 http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/immigration-and-emigration/index.html
6 http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/immigration-and-emigration/index.html; Jeffrey Passel and D’Vera Cohn, "A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United States," Pew Hispanic Center, 14 April 2009, Web. 22 June 2011, .
7 Jeb Bush, Thomas F. McLarty III, and Edward Alden, “U.S. Immigration Policy,” Senate Council on Foreign Relations, June 2009, Independent Task Force Report No. 63
8 Base de datos electrónica.
9 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/immigration_blueprint.pdf
10 Andres Oppenheimer, “Plan to expel illegal immigrants will backfire.” Miami Herald. 19 June 2011. Web. 22 June 2011. .
11 http://articles.latimes.com/2010/oct/06/nation/la-na-illegal-immigration-20101007
12 “Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act,” US Immigration and Customs Enforcement, Web, 22 June 2011, , Factsheet.
13 Randy Capps, Marc R. Rosenblum, Cristina Rodriguez, and Muzaffar Chishti, “Delegation and Divergence: A Study of 287(g) State and Local Immigration Enforcement,” Migration Policy Institute, Jan. 2011, Web, 22 June 2011, page 1.
14 Por ejemplo, Cobb County, Georgia y Frederick, Maryland, los ofiales levantan órdenes de detención sobre cualquier migrante indocumentado que esté en prisión o sea encontrado en un operative policiaco. Randy Capps, Marc R. Rosenblum, Cristina Rodriguez, and Muzaffar Chishti, “Delegation and Divergence: A Study of 287(g) State and Local Immigration Enforcement,” Migration Policy Institute, Jan. 2011, Web, 22 June 2011, page 3.
15 Liz Goodwin, “Chance of immigration arrest varies greatly by count,” The Lookout, Yahoo! News, 1 Feb. 2011, Web, 22 June 2011, .
16 Randy Capps, Marc R. Rosenblum, Cristina Rodriguez, and Muzaffar Chishti, “Delegation and Divergence: A Study of 287(g) State and Local Immigration Enforcement,” Migration Policy Institute, Jan. 2011, Web, 22 June 2011, .
17 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/26/AR2010032604891.html
18 "Immigration and Emigration," The New York Times, 7 June 2011, Web, 22 June 2011, .
19 "Immigration and Emigration," The New York Times, 7 June 2011, Web, 22 June 2011, .
20 The Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act (SB1070) se firmó por la legislature estatal de Arizona a finales de abril de 2010. La ley atribuye a las fuerzas de seguridad pública la responsabilidad de identificar, procesar y deportar a los indocumentados en el estado. La ley requiere que los oficiales estatales obtengan información para determinar el status legal de individuos sospechosos, prohíbe a los indocumentados de buscar trabajo en Arizona y obliga a los empleadores que operan en Arizona la utilización de E-verify al momento de contratar personal.
21 Dylan Smith, “Appeals court rules against SB1070: Ninth circuit denies Brewer’s appeal, wont lift stay,” Tuscon Sentinel.com, 11 April 2011, Web, 22 June 2011, .
22 Chamber Of Commerce Of The United States Of America Et Al. v. Whiting Et Al. Supreme Court of the United States, Oct. 2010, Supreme Court of the United States, 26 May 2011, Web, 22 June 2011,
23 Too Little, Too Late," The New York Times, 19 June 2011, Web. 22 June 2011, .
24 Los flujos anuales varían año con año, los cambios se explican por una diversidad de factores, que incluyen necesidades personales, flujos migratorios, tasas de inversión, número de dependientes a los cuales se remite. La información de los Bancos Centrales muestra el número anual de transacciones como resultado de la cantidad promedio anual remitida y el volumen total anual. La información de las encuestas de 2007, 2008, 2009 y 2010 con inmigrantes latinos muestran que los migrantes que remiten en el primer año de su llegada a Estados Unidos representan el 15% o menos del total de inmigrantes que envían dinero. Las encuestas también han mostrado que menos del 20% de los remitentes son individuos que utilizan operadores de transferencias monetarias para otras transacciones distintas al envío de remesas. Por otra parte, uno de cada cuatro migrantes dice enviar dinero para necesidades específicas como una emergencia o hacer una inversión. Finalmente, los resultados de las encuestas muestran que los inmigrantes envían dinero a 1.38 personas.
25 Los inmigrantes que remiten representan el 65% de todos los migrantes. Entre los migrantes mexicanos el porcentaje es menor.
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