Denuncian ante PDH retraso en los casos de genocidio

La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que asesoran jurídicamente a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, denunciaron que a las miles de víctimas del conflicto armado se les ha violado el derecho de acceso a la justicia.

Héctor Reyes, de AJR, dijo que la defensa de los ex militares ha interpuesto 17 amparos en los procesos por genocidio y todos han sido descartados. “No se debería entrar a conocerlos pues se retrasa el proceso”, añadió.

Según Miguel Moerth, abogado de la Comisión Internacional de Juristas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado siete sentencias contra el Estado de Guatemala por violaciones a los Derechos Humanos donde se solicita que se investiguen los crímenes de guerra y el retraso de la justicia en estos casos.

El Procurador ofreció que la institución que dirige conocerá la denuncia y se pronunciará “cuando lo considere conveniente” porque “se puede iniciar acciones legales en contra de quienes retarden maliciosamente la justicia”.

La denuncia en la PDH se dio después de que la Corte de Constitucionalidad cancelara la vista pública en relación a la condena de cinco ex PAC en la masacre del Plan de Sánchez. No se llevó a cabo la audiencia porque la abogada Sharon Betzabé Morales, quien planteó la inconstitucionalidad, no llegó a la audiencia para escuchar los argumentos de las partes.

La jurista interpuso una acción legal que pretende que los acusados militares sean juzgados en tribunales militares con la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional y así revertir la condena de los implicados en la masacre del Plan Sánchez.

El 19 de marzo de este año Tribunal Primero de Mayor Riesgo A condenó a Lucas Tecún, excomisionado militar y los ex PAC Santos Rosales García, Eusebio Geleano y los hermanos Julián y Mario Acoj, a 7,710 años de prisión por la masacre de 256 pobladores el 18 de julio de 1982 en Plan de Sánchez, Baja Verapaz, bajo directrices de altos mandos militares.