Luego de la movilización espontánea al Congreso el día viernes, la protesta ciudadana ha empezado un proceso de articulación más orgánico, gracias también a un actor resucitado a la vida pública: la USAC. A partir de la reciente elección histórica en la AEU, los sancarlistas han sacado pecho y casta y se han convertido en los líderes indiscutibles de la indignación nacional.
Pero, mientras la movilización ciudadana avanza con entusiasmo y alegría, los poderosos de siempre fruncen el seño. La razón es simple: mientras los que no tienen poder no arriesgan nada al promover cambios políticos radicales (lo peor que les puede suceder es quedarse como están), para los que sí tienen poder los cambios políticos pueden traducirse eventualmente en una merma de su influencia.
Los poderosos no quieren alimentar discursos de paros nacionales contra el presidente y el Congreso, ya que ese escenario implica muchos riesgos para sus cuotas de poder actuales. ¿Y si cae Jimmy y sube un Hugo Chávez? ¿Y si cae el Congreso y suben diputados que no atienden las señales de los poderes históricos?
No necesariamente con ese lenguaje, pero sí con esa angustia, los poderosos construyen escenarios de caos y futuras Guatemalas distópicas partiendo de la eventualidad de que grupos radicales lleven agua a su molino. De alguna manera, todavía tienen presente aquel antiguo canto de guerra estudiantil de que «el pueblo no sabe lo que es democracia».
[frasepzp1]
Armados de sus temores y de sus ansiedades, los sectores poderosos han generado un segundo polo político que articula a las comunidades religiosas conservadoras, al Cacif y al Foro Guatemala (coordinado en la práctica por Asíes). Sus llamados al diálogo nacional para superar la crisis y su claro apoyo a la institucionalidad política existente los hacen creer que la salida a nuestro caos pasa por respaldar indirectamente al presidente (y quizá incluso al Congreso).
Sin embargo, para desmayo de los poderosos, Jimmy no logra atinarle a nada. Convencido de que su tarea histórica es evitar que la comunidad internacional siga dirigiendo los destinos de Guatemala a través de la Cicig y de que el comisionado Velázquez y la fiscal Thelma Aldana confabulan diariamente contra él, el presidente da señales de vivir en una dimensión paralela, fuera de este mundo. No lo ayudan sus asesores sin duda alguna, pero tampoco lo ayuda el hecho de que se cree las historias de que está ungido por Dios para salvar nuestra patria. Y para colmo, ya no le quedan ministros capaces en quienes apoyarse luego de la renuncia de los encargados de las carteras de Finanzas, Gobernación y Trabajo.
Si Jimmy delira, el Congreso alucina. Los diputados miran terroristas protestando en medio de manifestaciones pacíficas y luego se cubren de agua bendita para jurarnos que ya no van a volver a traicionarnos ni van a seguir luchando contra la Cicig y el MP. Como buenos lobos cubiertos con pieles de ovejas, los diputados ofrecen de manera sutil entregar la cabeza de Jimmy y así apaciguar los ánimos populares.
Esa es la realidad deprimente de los poderes públicos constituidos que los poderosos desean preservar para que se respeten la institucionalidad y la paz. Sin embargo, también es cierto que un cambio político caótico no beneficia a nadie. Por lo tanto, la salida a la crisis política pasa por un cierto orden en los pasos que se deben seguir.
En primer lugar, hay que tener claro el objetivo: fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esa es la batalla central en este momento histórico y ese es el principal clamor de la ciudadanía en todo el territorio nacional. El pueblo tiene sed y hambre de justicia y de honestidad en la función pública y no quiere que existan más acciones gatopardistas mediante las cuales todo cambia para que nada cambie.
[frasepzp2]
En segundo lugar, hay que tener claridad con qué bueyes se va a jalar la carreta. La actual composición del Congreso y el gobierno de Jimmy Morales son totalmente tóxicos para la lucha contra la impunidad y la corrupción. Ellos representan la última línea de defensa del viejo régimen y han operado desde esa perspectiva. Con esos bueyes, la carreta de la justicia no va a caminar. Y más bien corre peligro de ser lanzada a un barranco. En pocas palabras, el cambio parcial o total de los poderes públicos constituidos es un imperativo ineludible.
En tercer lugar, es preciso dialogar sobre cómo se llenarán las vacantes eventuales en el Congreso y en el Ejecutivo. El pueblo estará satisfecho con cualquier fórmula política que garantice un Congreso y un Ejecutivo que sí respalden a la Cicig y al MP, pero los operadores más sofisticados están pidiendo que la nueva composición del Congreso sea capaz de aprobar nuevas reglas de partidos políticos y de financiamiento electoral, así como las reformas mínimas a la justicia que garanticen una mayor independencia del órgano judicial frente a los otros poderes del Estado.
En cuarto lugar, es importante que el nuevo Congreso también discuta reformas legales que le den al MP la posibilidad de negociar con mayor flexibilidad procesos penales y penas por colaborar con la justicia. Si existe reconocimiento del delito, aceptación de la pena y acción reparadora frente a la sociedad, el MP debe contar con un poder de negociación que fortalezca la justicia sin darle espacio a mayor impunidad.
Los pasos anteriores son lo que bien podemos llamar una demolición controlada del viejo régimen político, caracterizado por la corrupción y la impunidad. Entre el pueblo que clama cambios verdaderos y ningún retroceso en la lucha contra la corrupción y los poderosos que temen perder su poder en un proceso de cambio institucional, la demolición controlada es el único mecanismo que puede satisfacer a ambos segmentos de la sociedad.
Lo más importante es darnos cuenta de que sin demolición controlada habrá caos. Y el caos es el peor escenario para nuestro futuro democrático. En río revuelto, ganancia de narcotraficantes, contrabandistas y evasores de impuestos.
Más de este autor