Los últimos acontecimientos han construido un escenario perfecto en donde los contrincantes han sido varios líderes políticos, entre ellos, candidatos a la presidencia o aspirantes a candidatos y medios de comunicación. En otro contexto y quizá en otro país, este hecho serviría de asidero para discusiones profundas que permitieran revisar la función de los medios de comunicación en una democracia y su relación con el poder político. En Guatemala no.
Las discusiones en torno a la función de los medios y una democracia atraviesan definitivamente lo relativo a su función como agentes sociales que presentan y distribuyen información y opinión que deben servir para que las personas se formen su propio criterio, pero también para que diseminen corrientes de opinión que conjuntamente se convierten y crean el fenómeno de la opinión pública.
Dicha función puede analizarse desde dos perspectivas, la primera se posiciona durante el ejercicio del poder. Es decir, cómo los medios cumplen su función y se relacionan con un gobierno y el resto de sectores en el tiempo en que éste ejerce su mandato. La segunda es cuando se abre la posibilidad de acceder al poder o el plazo electoral y entran en juego y competencia todos aquellos actores políticos que buscan llegar al poder mediante las elecciones y los actores que juegan de manera periférica y a veces no tan periférica para alimentar el juego político.
La información, sus modos de generación, uso y circulación, se han erigido en elementos constituyentes de la democracia. No se puede pensar un sistema democrático si no existe información y ésta no circula de manera libre y abierta para que pueda proveer insumos a todas las personas para que puedan convivir socialmente, pero también para que puedan tomar decisiones personales y políticas importantes.
Para ello es necesario que exista un entramado de medios de comunicación privado que permita diversas opciones. De esa cuenta, es preciso que el Estado genere una serie de normas que privilegien este ámbito, pero sobre todo que protejan a la ciudadanía de que este mismo sistema no se convierta en un sistema perverso y excluyente. Guatemala es un caso típico de esto último. Diversas investigaciones lo demuestran, entre ellas la última realizada por el colega Gustavo Berganza de Asociación DOSES.
El mismo Estado debe promover otras alternativas legales que abran la puerta a otras opciones de comunicación. Debe comenzar, pues, por revisar su propio entramado legal. Es muy viejo, anacrónico y no se adapta a los estándares y principios más modernos que exige la doctrina del derecho a la información, ni mucho menos de lo que implica las obligaciones de un Estado moderno. Las normas vigentes garantizan únicamente la libertad de expresión de periodistas y la libertad de constituir y de operación de empresas de comunicación. Eso no es malo, pero es incompleto. El derecho a la información es de todos, sin exclusión.
Pero también el Estado debe encaminarse con pasos certeros para promover otra comunicación: la radio comunitaria, los medios públicos, comisiones que aseguren la competencia y disminuyan los monopolios, así como una normativa que aseguren criterios de equidad en la distribución de publicidad oficial son solo algunos casos.
Hay que terminar con la idea de que la comunicación y la información son sólo cuestión de medios. Esa visión es ochentera. Hay que avanzar. Un paso adelante implica tener claro que el paradigma latinoamericano de comunicación ha sido un proceso de enriquecimiento y de propuesta de gran talante.
Toda modificación legal que se plantee a las formas y posibilidades de comunicación debe ser estudiada y analizada con propiedad y seriedad. No todo es cuestión de restringir la libertad de expresión. Una cosa es poner límites a las ganancias empresariales y no necesariamente poner límites al derecho de informar y ser informado.
No obstante, en Guatemala ésa será una batalla difícil de librar. Mientras los políticos faciliten y permitan un entramado legal deficiente o inexistente en materia de información y comunicación, quien gana es el empresariado mediático, pero pierde la democracia. Hay que tener claro que es bueno que el empresariado mediático tenga muchos réditos económicos y prospere. Sin duda. Pero también es bueno que se gane y avance en la existencia de un Estado que tutele y garantice el derecho de información, pero también el de igualdad. En un juego justo ganan todos, pero sobre todo, gana la democracia.
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