Es notorio y sabido que la sociedad guatemalteca se enfrenta, dolorosamente, a un duro proceso de saneamiento institucional. Algunos de los que hasta ahora han especulado y negociado con la pobreza y el esfuerzo de la mayoría de los ciudadanos están siendo llevados a juicio gracias a la conjunción de normas legales cada vez más severas, aprobadas a regañadientes en anteriores legislaturas, así como al papel responsable de buen número de agentes del MP, de jueces y de magistrados probos y, claro está, con el apoyo decidido de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig).
Los golpes han sido fuertes y la sociedad apoya, pues ha sido informada clara y detalladamente de las razones de las detenciones. Pero el actual presidente, sus ministros y sus diputados odian que en Guatemala se intente que al menos impere la ley con aplicación para todos. De ahí su deseo de expulsar al comisionado Iván Velázquez y de nombrar a un fiscal general dócil a los intereses de los grupos corruptos: alguien como Molina Barreto, que actúe como Pérez Aguilera lo hizo en el gobierno de Arzú o como Juan Luis Florido en el gobierno de la GANA. Y, claro, de tener un procurador bullicioso pero amigable, como Sergio Morales o algo peor.
Eso fue lo que intentaron con la elección de Jordán Rodas. Imaginaron plazas y viajes para los diputados electores. Complacencia gatuna con el presidente y su familia. Solo que, como ocurrió con Thelma Aldana, puestos a escoger entre la impunidad y la justicia, optaron por lo segundo y de inmediato se convirtieron en enemigos de los que con demagogia, autoritarismo, insolencia y abusivez quieren seguir usando los recursos públicos como propios para llenarse de toscas y burdas alhajas al estilo de Rodolfo Castañón.
A Rodas no le perdonan haber impedido legalmente el intento de expulsión del comisionada Iván Velázquez, por lo que, con el pretexto de haber apoyado la marcha de la Poderosa Vulva, solo porque pasó frente a las marchistas y las saludó, quieren aprovechar para expulsarlo del cargo.
La estrategia ha sido rápida y debidamente diseñada, con funciones claras para cada uno de los grupos y actores que sin mayor recato ni cuidado se identifican cada vez más con el régimen de impunidad y mordaza de los gobiernos militares.
Así, mientras lo más obsceno y turbio de los miembros del Congreso pidió citarlo al hemiciclo mediante una moción privilegiada, curiosamente solicitada sin fecha, sus aliados en la calle, con la promesa de entregar bolsas de alimentos, han reunido a gente de la tercera edad y de los asentamientos, clientelas dóciles del alcalde Arzú, para firmar notas pidiendo el retiro del procurador. No comprobaron números de identidad, pues lo que interesa es tener listados falsamente abultados para hacer creer que la población pide masivamente el retiro del procurador. Como expertos en fraudes y engaños, han puesto en práctica todas sus habilidades.
Por otro lado, el nuncio apostólico, representante del ala más conservadora de la Iglesia católica romana y aliado de los sectores proimpunidad, declaró públicamente que en Guatemala hay una «persecución [sic] que se está desarrollando últimamente por parte de grupos microscópicos, pero dotados de fondos financieros poderosos, no demasiado [sic] controlados y provenientes de lobbies internacionales que quieren imponer a Guatemala una agenda totalmente ajena a su cultura y religiosidad», discurso que no solo coincide en Guatemala con el de la Fundación contra el Terrorismo, que se opone a los juicios contra los crímenes de lesa humanidad, sino con el de los grupos que controlan el poder en Hungría y Polonia, abiertamente neofascistas y ultraconservadores. A ellos se han unido grupos retrógrados de supuestos voceros del catolicismo, amantes del silencio frente a la injusticia y usufructuarios permanentes de la impunidad.
Las mujeres que realizaron la marcha lo hicieron en el uso de su derecho de opinión y protesta. Que algunos o muchos no estén de acuerdo con la forma y el contenido de dicha marcha es una cuestión de opinión en la que ni Gobierno ni Congreso tienen nada que decir, pues se desarrolló en paz, como lo hacen los estudiantes en el Desfile Bufo, muchos de ellos ataviados como supuestos curas y que pasan bendiciendo a los espectadores con orines. El vicepresidente Cabrera compartió con ellos señales obscenas en 2016, y no por ello le fue pedido antejuicio por los deshonrados diputados, hoy supuestos defensores de la religiosidad más extrema.
El coronel (honoris causa) que actualmente administra la Arquidiócesis de Guatemala de la Iglesia católica romana puede aplicar las sanciones que quiera a las mujeres de la marcha. Está en su derecho si las desfilantes pertenecen a su religión, mas vincular al procurador con ellas simplemente porque al pasar por donde manifestaban las saludó y los periodistas lo fotografiaron es como acusar por crímenes contra la humanidad y genocidio a Mario Casariego por haber vivido de besos y abrazos con Lucas García y aun con Ríos Montt, acusados de cometerlos, o como hacer la misma acusación contra Juan Pablo II, que en su visita de Estado se tomó fotos junto al dictador.
En todo esto hay que dejar claro que Guatemala es aún un Estado laico, donde la religión es una cuestión de fuero interno. Y si algunos creyentes se sienten ofendidos porque otros hacen demasiada bulla con sus cánticos mientras otros se molestan por el culto a imágenes de madera y otros más critican agriamente a los que no aceptan vacunas ni transfusiones de sangre, son cuestiones en las que ni el Gobierno ni el Congreso deben inmiscuirse, mucho menos usarlas de pretexto para querer imponer mordaza e impunidad a la sociedad retirando de su cargo al procurador.
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