Delitos de lesa humanidad

Con este caso, más que con los otros descubiertos, se pone en evidencia directa la perversidad de las acciones de corrupción en un país como el nuestro. «Son enfermos con un alto índice de mortalidad», dijo más o menos, en una entrevista informal, cuando estaba llegando al juzgado el jueves recién pasado, el director de la institución y ex secretario privado de la Presidencia Juan de Dios Rodríguez.

Poco se necesita de imaginación para darse cuenta de que, sin duda, este fue uno de los criterios para la selección de la empresa Pisa, a todas luces fraudulenta. Unos millones fácil y rápidamente ganados a costa de la vida de 530 personas. Una especie de limpieza social más en la mentalidad de un exjefe de inteligencia militar y de sus allegados.

Y es aquí precisamente donde mi indignación llega al tope. Este enojo sube de temperatura con la declaración del presidente aceptando su responsabilidad por los nombramientos de estas personas en los cargos públicos, pero no por las acciones individuales por las que hoy se les acusa. Otro Pilatos que se lava las manos de manera simplona y maniquea. Sucede que Pérez sabía de la trayectoria de cada uno y, aún así, o quizá precisamente por ello, los seleccionó para los cargos públicos que ocupan. De los otros imputados, aun cuando se publiquen comunicados en los periódicos hablando de su supuesta honorabilidad, etcétera, poco puedo decir. No los conozco. Lo que sí sé es que, si se está en un cargo de esa envergadura, si se firma aprobando un tratamiento que involucra tanto la vida como la salud de las personas y si en esa aprobación va el nombre y el compromiso personal, lo menos que puede hacerse es informarse, indagar, cerciorarse hasta agotar todas las posibilidades. Porque sucede ahora que algunos directivos del IGSS alegan que no son responsables de los hechos que se les imputan. Pero a mi juicio sí lo son, al menos moral y éticamente. Porque si por descuido o negligencia, por dejar pasar o dejar hacer, firmaron un contrato que luego tiene estas consecuencias mortales, pues lo menos que pueden hacer es pagar por la falta de responsabilidad, por la complicidad, por la indiferencia o quizá porque también resultaron beneficiados económicamente con su aprobación.

Porque las declaraciones de Rodríguez, más que liberarlo de culpa, logran el cometido contrario. Lo poco bueno del IGSS no funciona bien gracias a su gestión, como él dijo, sino a otros factores anteriores a él, pues ya lo hacía bien muchos años antes de que él asumiera la dirección de esta institución.

Como empleada que paga mes a mes este servicio, como mujer, como madre, como hija, como ciudadana, exijo que se llegue a fondo, que realmente se castigue legalmente a todos los implicados de esta y otras situaciones similares que puedan darse en la institución y que se les obligue a devolver lo robado.

Solo el castigo justo que la ley determina a los culpables de estos delitos de lesa humanidad y la indemnización a las víctimas y a sus familias harán posible el perdón y la reconciliación para que este país sea un lugar diferente, digno, honrado: el que todos merecemos y necesitamos.