No pasaron muchas horas sin que las redes sociales se llenaran de comentarios responsabilizando al Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) del supuesto incremento en el costo de la energía eléctrica. Sin embargo, en menos de 24 horas la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), ente rector de las tarifas y las políticas de distribución de la materia, desmintió que se hubiera autorizado semejante disposición, menos aún que se le hubiera permitido a una empresa privada cargar sus pérdidas a la tarifa de venta del bien comercializado, pues esto está prohibido por la ley.
Pero ¿de dónde y por qué se produjo esta situación? Recordemos que, durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen, bajo la conducción de su ministro de Energía, Leonel López Rodas, Guatemala privatizó la energía eléctrica, así como otros bienes nacionales. El negocio de la privatización incluyó desagregar, por fases independientes, los procesos que van desde la generación hasta la comercialización, pasando por la producción y la distribución. Cada uno de estos se concesionó por separado a dos empresas que asumieron el lucro de un servicio público. No tardaron en hacerse presentes los fallos, que incluyeron pérdida de electrodomésticos por sobrecargas, sin que las empresas, en ese entonces Deorsa y Deocsa, de capital español, asumieran la responsabilidad. Menos aún desistieron de cobros que llegaban a miles de quetzales en las facturas por servicio en zonas rurales, en los cuales se cobraba hasta por un alumbrado público inexistente.
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Entre esto y el movimiento de resistencia comunitaria surgieron agrupaciones que posteriormente llegaron a ser parte del Codeca, cuyos líderes visibles eran denunciados y criminalizados por el supuesto «robo de fluidos», delito añadido al Código Penal como mecanismo de defensa de las empresas comercializadoras del servicio público. Hasta la fecha, y a lo largo de casi una década, ni una sola de las personas sindicadas ha sido encontrada culpable del supuesto robo de energía. Sin embargo, mediante el uso de campañas de difusión en medios periodísticos y en redes sociales, la empresa hoy llamada Energuate y sus entes gremiales lograron instalar el mito de que Codeca es sinónimo de robo de energía pese a que, como se indica, no hay una sola resolución judicial que lo sustente.
En cambio, en los últimos dos años, lo que sí hay es el asesinato con visos de ejecución extrajudicial de los integrantes del Codeca. En 2018 hubo al menos nueve ataques mortales contra miembros de dicha organización. Estos comenzaron justo después de un discurso del gobernante Jimmy Morales, quien en público repitió la narrativa en la cual se asocia al grupo comunitario con el robo de energía.
Este año, lejos de parar, han seguido los asesinatos. Estos incluyen la muerte de candidatos del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que derivó en instrumento político del Codeca y que compitió en las elecciones realizadas en junio. El hecho más reciente es la muerte de Julio Ramírez, líder de la organización, el 12 de julio. Unos días antes habían sido asesinados otros dos integrantes del comité, hecho que coincidió con la publicación del 9 de julio y con una más en el diario El Siglo —reinvención de Siglo XXI, relacionado con Roxana Baldetti—, la cual decía que el «Codeca ataca de nuevo».
Aunque puede que las publicaciones no estén relacionadas con los ataques, es preocupante que las agresiones contra el liderazgo de esta organización sean precedidas, precisamente, por sindicaciones públicas que caen en la difamación o que le generan rechazo social. Es como si se tratara de construir un entorno que justifique las acciones en contra de una organización comunitaria que le resulta incómoda al sistema que se ha aprovechado de los recursos nacionales para enriquecimiento indebido.
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