Edward Snowden, un treintañero informático que trabajaba para una empresa de la CIA, filtró a The Guardian la existencia de un programa masivo de espionaje contra los ciudadanos de muchos países del mundo, con la complicidad de las grandes empresas tecnológicas. El muchacho dejó las comodidades de su vida –ganaba US$200,000 anuales y vivía en Hawai– y renunció para siempre a su tranquilidad al enfrentarse –como WikiLeaks y Julian Assange– al gobierno más poderoso del mundo.
Pero si eso hacen democracias en las que los ciudadanos y ciudadanas tienen más derechos para protegerse que las nuestras en Guatemala y Centroamérica, ¿qué podrían estar haciendo nuestros poderosos a nuestras espaldas? Se ha publicado sobre varias empresas o sistemas privados y estatales de intervención de teléfonos y correos electrónicos. Se ha acusado –sin demostrarlo– a la municipalidad de Ciudad de Guatemala de tener un sistema de espionaje electrónico y de cámaras que después usa para chantajear a opositores. Se ha publicado sobre la afición de los militares del Partido Patriota y del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti por espiar a sus adversarios. Dos ejemplos pueden ser Luis Reyes Mayén y sus abusos sexuales en el IGSS o cuando Álvaro Colom era espiado en la campaña electoral de 2007 y el PP se le adelantaba en los movimientos tácticos como la foto de apoyo de Álvaro Arzú.
¿Quién reclama el derecho a la privacidad en la sociedad guatemalteca? ¿Cuándo va el Ministerio Público o la Procuraduría de Derechos Humanos a investigar estos abusos y a garantizarnos que nuestra privacidad será protegida por el Estado y por los agentes privados a quienes damos información?
¿Qué medidas toman las oficinas de inteligencia del Estado para asegurar que esta información, nuestra información, no será vendida a terceros, sean privados nacionales o extranjeros?
El debate en Guatemala y Centroamérica está pendiente. O iniciando. El día de la publicación de este editorial -discutido cuatro días antes- elPeriódico hizo pública una investigación muy relevante sobre la compra de un "sistema de inteligencia" para analizar información privada de ciudadanos por parte de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) de la Presidencia.
También está lejana todavía una reacción de la ciudadanía como sucedió este mes en Brasil. Salieron a protestar a la calle –en su gran mayoría pacíficamente– en contra del aumento del pasaje del transporte público en Sao Paulo con una consigna: no son sólo 20 centavos por lo que estamos protestando. Protestaban también contra la corrupción y contra la injusticia social. Contra la corrupción en los preparativos por la Copa del Mundo y la falta de fondos para mejorar (más) la salud y la educación. Por los derechos de las minorías y contra el pésimo transporte público. Por medios de comunicación más transparentes. Por más democracia.
Si reemplazamos los preparativos para la Copa del Mundo por preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Quetzaltenango, todas estas demandas podrían ser guatemaltecas. Mejorar la democracia. Mejorar los servicios públicos de educación, salud y transporte público. Avanzar en la justicia social. Fiscalizar a los medios de comunicación –incluida Plaza Pública–. Pero protestamos poco y cuando lo hacemos hay una demonización en las ciudades y una criminalización en el campo. La última gran manifestación fue hace quince meses coordinada por el Comité de Unidad Campesina (CUC) y son muy pequeñas las manifestaciones recientes. Y son invisibles o invisibilizadas por los medios de comunicación y los ciudadanos.
¿Cuándo saldremos a protestar 100,000 guatemaltecos y guatemaltecas?
Las lecciones de Brasil, sin embargo, no se quedan ahí. El Senado acaba de tipificar como “crimen atroz” la corrupción y ha aumentado las penas. La presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, ha llamado a negociar cinco pactos políticos para profundizar la democracia o incluso reformar la Constitución.
¿Cuándo nuestros políticos serán estadistas democráticos?
El mundo cambia muy rápidamente. Y ante los pasos autoritarios hay respuestas, en Estambul, Sao Paulo, Quito o Hawai, que exigen más democracia y más respeto a las personas. ¿Qué falta para que el reclamo también se escuche desde Guatemala?
