Uno de los temas que permaneció oculto fue el referido a la problemática de la tierra y del territorio. No hubo una sola noticia que vinculara las promesas de campaña con la inequidad en al acceso a la tierra, lo cual es más que preocupante en un país donde este acceso restringido al uso de la tierra encuentra su fundamento en la estructura histórica del poder económico que ha concentrado las propiedades en pocas manos y en los diferentes gobiernos que —por falta de voluntad política o por ausencia de correlación de fuerza— no han generado políticas públicas para resolverlo.
Esta ausencia de abordaje, tanto de parte de los candidatos como de los medios, llama más la atención cuando nos encontramos en una coyuntura donde la lucha campesina por la tierra ha concentrado sus exigencias en la reforma agraria y cuando el Gobierno arremete haciendo uso del monopolio de las fuerza física contra poblaciones rurales en el Polochic y otras zonas del país. Otros temas que han quedado con saldo negativo del gobierno de Álvaro Colom que —recordemos— prometió ser un Gobierno “con rostro maya, con olor a tamal de maíz y una socialdemocracia guatemalteca, en beneficio de las comunidades más pobres y olvidadas de Guatemala”, son aquellos que el sector campesino ha reclamado durante estos casi cuatro años de gestión: el cese de los desalojos, la promoción del desarrollo rural, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores del campo, la promoción de la seguridad alimentaria a nivel nacional. Nada de eso se mencionó durante 10 días de seguimiento a las coberturas.
Si bien es cierto que algunas piezas hicieron hincapié en la participación política de las mujeres, en ninguno de los casos se abordaron las problemáticas específicas de ellas. La ausencia de tratamiento noticioso del acceso a la tierra para las mujeres cobra mayor gravedad, pues en un contexto patriarcal permanece oculto como problema, ya que se ha naturalizado que los dueños de la tierra son los hombres con lo cual se las subordina legalmente y se les restringe su derecho a la propiedad. Los datos en 2004 confirmaban que las mujeres solo representan el 10% de quienes son propietarios y la inmensa mayoría de sus propiedades son minifundios.
Es válido que nos preguntemos, ¿por qué la situación de las poblaciones campesinas empobrecidas y sus demandas permanecen sin ser discutidas por los medios? A la hora de analizar los resultados, coincidimos en que esa quizás fuera atribuible a que la campaña oficial aún no había comenzado en el tiempo que se realizó el monitoreo y tal vez esa fuera una excusa válida. Sin embargo, también es cierto que las y los periodistas tienen en ello una responsabilidad importante, ya que tampoco consultan sobre dichos temas. Como bien establece el periodista colombiano Sergio Ocampo, “la prensa debe llenar algunos vacíos que no llenan ni la autoridad ni la sociedad”. Por tanto, sería importante sugerir a las y los periodistas que obliguen a las y los candidatos a referirse al tema, porque trasladar esta información a la sociedad constituye una tarea importante de fiscalización del quehacer estatal.
Otra cuestión importante que arrojó los datos permite corroborar algo que ya se ha mencionado en otras oportunidades, pero que se agudiza en este caso. De las piezas seleccionadas, el 70% de las fuentes utilizadas correspondían a algunos de los poderes públicos o eran candidatos de los partidos, mientras que sólo el 30% restante eran personas de la sociedad civil, generalmente simpatizantes de algunos de las agrupaciones políticas. No se constató esfuerzo sustancial para dar a conocer las perspectivas y propuestas de otros sectores. De esta forma, se niega a la sociedad la posibilidad de conocer otras maneras de interpretar la realidad y otras perspectivas. Se contribuye, por tanto, a fortalecer la lógica unívoca desde la que como sociedad interpretamos los problemas.
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