La BBC le llamó “la protesta social”, ya que los manifestantes se coordinaron a través de Facebook y otras redes sociales para expresar su rechazo a la pobreza, la corrupción y el desempleo imperante. Días antes de la caída de Mubarak, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hilary Clinton, expresamente pedía al gobierno egipcio que rompiera el bloqueo que había impuesto a sitios y redes de Internet ya que la fuerza lograda por las tecnologías de comunicación no eran reversibles.
El efecto cascada de Egipto lo vimos reflejado en los días siguientes en protestas en Irán (una vez más reprimidas por el gobierno) y el pasado fin de semana en Libia. El reporte de corresponsales enfatizaba que una de las primeras acciones del gobierno libio fue bloquear no sólo Facebook y Twitter sino el acceso completo de los ciudadanos a Internet dado el poder que las tecnologías de la información ponen en manos de los ciudadanos. Así, el acceso y uso de las tecnologías de la información se ha convertido en todo un indicador de gobernabilidad y democracia (o represión y cesarismo).
Pero el ciber-poder ciudadano no sólo se muestra al otro lado del mundo. En Guatemala, más importante que el efecto de las redes sociales en zonas urbanas (hasta cierto punto previsible), es interesante observar cómo en comunidades rurales donde los recursos son limitados, las tecnologías de información han comenzado a utilizarse como herramientas de participación ciudadana. El pasado viernes 18 de febrero se realizó en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, la Consulta Comunitaria de Buena Fe sobre el tema de la minería, a la cual fui invitada como observadora y corresponsal de comunicación durante el proceso. Más allá de los resultados que, consistentes con las anteriores 47 consultas realizadas hasta ahora en todo el país, indicaron la negativa de los vecinos hacia la extracción minera (alrededor de 98 por ciento de unos 50 mil vecinos votaron NO a la minería en el municipio), el proceso de la consulta es un ejemplo por demás revelador del potencial de las redes (humanas y tecnológicas) en procesos de organización, participación e incidencia política.
Los medios tradicionales como reuniones y conversaciones entre vecinos hicieron mancuerna con teléfonos celulares, radios comunitarias y el Internet. El proceso de información, sensibilización y convocatoria fue amplio y se realizó no sólo de boca-en-boca sino por mensajes de texto, radios, correos electrónicos y los más jóvenes también participaron a través de Facebook. El mensaje también traspasó las fronteras del país a través de blogs y páginas web de personas, activistas y organizaciones que hicieron resonancia a los mensajes por el ciberespacio; muchos enviaron observadores al evento.
Interesante fue observar las filas de mujeres atendiendo a la votación y jóvenes que, mientras esperaban su turno en la fila, enviaban mensajes de texto invitando a otros para que asistieran. Todo esto fue transmitido por radios que cubrían el evento en vivo desde los más recónditos centros de votación a través de teléfonos celulares.
El caso de la consulta comunitaria en San Juan Ostuncalco sugiere el gran potencial de las tecnologías de la información y de las redes (humanas y tecnológicas) para el fortalecimiento del poder local y la participación de grupos tradicionalmente excluidos en nuestro país. Pero eso es sólo la mitad de la historia. La otra mitad es que a sabiendas de ese potencial, debemos garantizar el acceso a dichas tecnologías.
De acuerdo con las convenciones de la Sociedad de Información de Naciones Unidas, el acceso a las tecnologías de información es un derecho de todas y todos los ciudadanos. Sin embargo, en Guatemala, según cifras para 2010 de la ITU (International Telecommunication Union, www.itu.int/ITU-D/ict) tenemos solamente 17 por ciento de penetración de Internet, muy por debajo de otros países de la región, como Costa Rica con 44 por ciento, Brasil 38 por ciento o Chile con 50 por ciento; y de países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Holanda donde alrededor del 80 por ciento de la población utiliza Internet. Es indispensable que se promueva en la agenda política el acceso de todos los guatemaltecos a las tecnologías de información, desarrollando la infraestructura de comunicación necesaria (e.g., la banda ancha), leyes que favorezcan los procesos de democratización de la información (e.g., Ley de Radios Comunitarias) y precios accesibles de las tecnologías que ya están disponibles (e.g., telefonía móbil celular). Estas serían señales claras de un verdadero compromiso para fortalecer la participación, gobernabilidad y democracia en el país.
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