Al reunirnos para comer, me preguntó sobre el motivo de la marcha efectuada por estas personas. Le señalé que eran familiares de militares retirados, que exigían un juicio justo para ellos. Su expresión de perplejidad, nos llevó a un diálogo sobre los retos que la sociedad guatemalteca sigue teniendo para aceptar su historia tal y como sucedió: una condición irrenunciable para pensar en un futuro basado en la justicia y la reconciliación.
Las frases escritas y proclamadas en esta marcha, convocada por organizaciones pro militares que terminan culpando a los intelectuales de nuestras desgracias históricas y entronizando al ejército como defensor de la libertad, nos remiten a una retórica, que solamente es recuerdo del horror de la guerra civil y peor aún, de retorcer la historia para imponer el olvido de las peores formas de represión y terrorismo de Estado que sufrimos como sociedad. Por otro lado, las organizaciones sociales afines a la izquierda reivindican que no se olvide cómo una parte de la sociedad castigó a la otra, pero a su vez, impulsan una narrativa histórica épica, que tampoco nos permite conocer nuestro pasado reciente sin condicionamientos.
La lentitud de los procesos en contra de los militares responsables de la represión estatal sobre la población, la denuncia interpuesta por Ricardo Méndez-Ruiz y la incesante actividad mediática de los operadores políticos de la derecha más rancia, que se oponen a juzgar a los militares y señalar que toda la historia escrita en el país hasta el día hoy es una patraña; son solamente muestras de cuánto nos oponemos a hacer posible el encuentro del pasado con nuestra realidad presente, a asumir la verdad de una historia que en los últimos años nos ha puesto frente a evidencias abrumadoras de las profundas heridas e injusticias que sufrimos como sociedad.
Las batallas por la historia y la memoria, que no son lo mismo, ya que la primera es una ciencia y la segunda la apropiación social que hacemos del pasado; son hasta hoy expresión de cómo un sector, sea de derecha o izquierda, desea imponer su propia visión de la historia y su propia memoria sobre el resto de la ciudadanía. Esta problemática nos resta a todos la oportunidad de superar las fisuras de dolor que dividen nuestro país y construir una nueva sociedad. El derecho a la verdad es un derecho social, pero seguimos empeñados en quitarnos la posibilidad de conocer la historia sin condicionamientos, de enseñarla en las escuelas, y de construir una memoria nacional abierta a la variedad y la diferencia, que nos permita pensarnos consensuadamente como comunidad política.
Por ahora, la historia y la memoria son los campos donde se sigue mostrando cuán polarizada sigue nuestra sociedad y cuán necesario, que su conocimiento, enseñanza y divulgación, sean una política de Estado; derecho que no debe ser reclamado ni por los poetas, ni por los militares, ni por los historiadores, solamente por el conjunto de los ciudadanos, ya que como bien dijo Nelson Mandela, no hay futuro sin perdón y reconciliación.
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