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De Odebrecht a CNO, de culpables a víctimas

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De Odebrecht a CNO, de culpables a víctimas

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Odebrecht fue sinónimo del mayor caso de corrupción en América Latina tras repartir 734 millones de dólares en diez países, en Guatemala fueron 31.95 millones de dólares para diputados y funcionarios del gobierno del Partido Patriota. Los testimonios de los empresarios brasileños que coordinaron los sobornos corroboraron las transacciones, era un caso con argumentos encaminados a obtener una sentencia y reparación a favor del país. Hoy la empresa cambió de nombre (ahora es CNO) y también de postura. Hizo de lado la culpa que aceptó y ahora se presenta como víctima del Estado de Guatemala. El giro ocurrió en los últimos dos años, en medio de una transición del sistema de justicia en donde los acusados se volvieron acusadores.

La empresa constructora que hace cinco años admitió haber sobornado a funcionarios guatemaltecos, la misma que renunció a cobrar montos pendientes y a denunciar al Estado de Guatemala, ahora cambió de nombre y de estrategia: ya no se reconoce como culpable sino como afectada. Lejos de cumplir su promesa inicial, ahora exige una compensación económica de hasta 45 millones de dólares, equivalentes al 140% de lo pagado en sobornos a funcionarios guatemaltecos, según las investigaciones.

El cambio de roles no para ahí.

Del mismo modo, el fiscal y la jueza que procedían con la investigación de los sobornos, ahora están siendo señalados por personajes como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón. Los acusados se volvieron los acusadores.

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El 2020 fue el año del giro. Odebrecht cambió de nombre y pasó a ser CNO, S.A. Así dejó atrás la imagen de aquella empresa que participó en sobornos en una decena de países a nivel mundial. La transformación tuvo efecto en Guatemala y coincidió con una reorientación de la justicia.

La historia de esta transición se resume en tres actos.

Primer acto: Las aves de paso

«Los ministros son aves de paso», dijo Alejandro Sinibaldi la primera vez que pisó la Torre de Tribunales, cuatro años después de haber estado prófugo de la justicia. Estas no fueron palabras lanzadas al viento, eran más bien un adelanto del testimonio que podría involucrar a cualquiera que haya hecho un trato cuestionable con él mientras estuvo en un puesto de gobierno. Sus amenazas también estuvieron dirigidas a Odebrecht.

«Ellos cometieron delitos continuados en el país. Nunca me mandé solo ni actué solo», adelantó.

Trabajó dentro del Estado por años. Pasó por la dirección del Instituto Guatemalteco de Turismo (2003), fue diputado del Congreso (2008), y como Ministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP) ejerció el cargo que le permitió conocer las entrañas del sistema que adjudica contratos millonarios.

Ese día en Tribunales, Sinibaldi dijo un secreto a voces. «…Ellos han creado un sistema de corrupción para lograr adjudicarse prácticamente a dedo las obras que a ellos les interesan. Esa será una de las muchas verdades que aquí, si tengo la oportunidad, vamos a aclarar ante la justicia guatemalteca», dijo en agosto de 2020, al salir de la audiencia en la que el juez Miguel Ángel Gálvez (entonces a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B), le notificó los delitos de los que se le acusaba.

«Ellos» dicho dos veces en la misma frase, como quien tiene la certeza de que los involucrados sabían que se refería exactamente a ellos, adelantaba una acusación que pondría nombres y apellidos a un sistema de sobornos institucionalizado en el Estado.

El exfiscal Juan Francisco Sandoval declaró que en 2020 Sinibaldi estuvo interesado en colaborar con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Esta declaración fue negada por la defensa de Sinibaldi. Dos años después, NoFicción confirmó que sí ocurrió.

El medio digital tuvo acceso a la declaración inicial que Sinibaldi hizo ante la FECI, en ella reconoció que junto a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti favoreció a la constructora brasileña Norberto Odebrecht en 2012, con un contrato de 399.4 millones de dólares y cobró 19.7 millones por comisión, una fracción de los 31.95 millones de dólares que fueron repartidos entre él, Pérez Molina, Baldetti y 108 diputados de la legislatura 2012-2016. En tanto, la participación de Manuel Baldizón dentro de este acuerdo, aún estaba en proceso de investigación.

El contrato de construcción fue celebrado el 13 de diciembre de 2012 entre la Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones para el proyecto «Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 occidente, Cocales - Tecún Umán».

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El proyecto pretendía ampliar a cuatro carriles esta ruta y, para ello, el Congreso aprobó dos préstamos que financiarían la construcción. El primero con elBanco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y el segundo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Fue un total de 364 millones de dólares.

Las dádivas ofrecidas fueron investigadas y, tras las averiguaciones, resultaron implicados además de Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y varios personeros. Sus participaciones se fueron revelando gracias a información proporcionada por colaboradores brasileños, quienes firmaron un acuerdo de colaboración con la FECI.

En ese entonces, Sinibaldi descalificó la confesión de los empresarios brasileños y alegó que lo culpaban de todo. No negaba los sobornos -incluso los aceptó en su primera colaboración con la FECI- más bien reclamaba la dosis de responsabilidad. Sumadas las dos declaratorias de culpa, para el Estado de Guatemala este era un juego ganado. Pero el contexto cambió.

Tras la remoción de Sandoval, el MP dirigido por Consuelo Porras señaló que el exministro no podía optar a ser colaborador eficaz, una figura contemplada en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y que permite recibir una sentencia menor, entre otros tratos preferenciales, a cambio de narrar cómo operaba la estructura criminal que lo benefició. Para que Sinibaldi recibiera este beneficio hubiera tenido que demostrar que él no era el cabecilla de la estructura, o evidenciar que «ellos» eran los verdaderos jefes.

Dos años después, lejos de defender su testimonio, Sinibaldi dejó de hablar de las «aves de paso» y dio un giro a sus declaraciones y acciones.

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Segundo acto: Los acuerdos anulados

Al revelarse las acciones de la constructora brasileña para el pago de sobornos en una decena de países, la FECI emprendió una investigación para comprobar el cobro de sobornos durante el gobierno del Partido Patriota. Con ese propósito, en septiembre de 2017, la Fiscalía firmó tres acuerdos de colaboración con Marcos Lima Machado, Marcos de Cerqueira Lima y con la constructora Odebrecht S.A.

En países como Perú y Panamá el acuerdo fue similar: los representantes de la empresa colaborarían con las investigaciones para que las autoridades pudieran investigar la red de sobornos y deducir responsabilidades. Además, la empresa pagaría una sanción económica por los delitos cometidos.

En Guatemala la confesión revelada por NoFicción relata detalles importantes. «Sinibaldi pidió el 7.5 por ciento del monto del proyecto informando que sería para él y otras personas que él indicaría, se quedó negociando y Mameri (Luiz Mameri, directivo en Odebrecht) terminó por acceder. Después, en el Hotel Intercontinental, Mameri me comentó que accedió porque de no ser así, Odebrecht no recibiría los pagos. Sinibaldi indicó que sería el único pago por el proyecto a lo largo de su ejecución, indicando que él se encargaría de todo», declaró Marcos de Cerqueira Lima Machado, personero de Odebrecht.

El 3 de agosto de 2022, Sinibaldi, en un comunicado en respuesta a la publicación de NoFicción, aseguró que tres acciones fueron clave para la anulación de dichos acuerdos: los recursos de apelación presentados en contra, el haber denunciado ilegalidades supuestamente cometidas por la FECI que tuvo a cargo el proceso; y haber solicitado ser querellante adhesivo contra los ex fiscales de FECI que participaron en la investigación de Odebrecht.

Después de contar con acuerdos de culpabilidad y transacciones que buscaban probar el traslado de sobornos, desde 2020 la persecución por el caso Odebrecht cayó sobre el exjefe de la FECI, y la jueza que autorizó el acuerdo de colaboración de los constructores brasileños.

Personajes vinculados a la Fundación Contra el Terrorismo impulsaron, a través de redes sociales, un discurso orientado a responsabilizar a Sandoval y otros actores por supuestas inconsistencias e ilegalidades cometidas en el caso Odebrecht. Por su parte, el MP cambió su investigación bajo un lineamiento que coincidió con estos parámetros: ambos señalan anomalías en el convenio de colaboración suscrito entre la FECI a cargo de Sandoval y representantes de la empresa brasileña.

En 2017, para obtener las declaraciones de culpabilidad cuando el caso Odebrecht era ampliamente conocido en el mundo, Sandoval, en su calidad de fiscal titular, solicitó la autorización judicial para viajar a Brasil y firmar los acuerdos mencionados. Fue la jueza de mayor riesgo «A», Claudette Domínguez, quien avaló que, por medio de un sistema híbrido (Sandoval en Brasil y representantes del OJ en Guatemala conectados vía videoconferencia), se lograra escuchar las declaraciones de los colaboradores de Odebrecht. El exfiscal lo solicitó así pues los implicados estaban ligados a proceso en Brasil y no podían salir del país.

Una de las acusaciones que ahora surgen en contra de Sandoval, y por la cual tiene una orden de captura vigente, es no haber involucrado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en la firma de esos convenios. Al ser consultada por algunos medios, la exprocuradora Annabella Morfín señaló que Sandoval se extralimitó en sus funciones. Por su parte, Sandoval responde que no existe legislación que lo obligue a involucrar a dicha entidad en acuerdos de ese tipo. La Ley Contra la Delincuencia Organizada en sus artículos 96 y 97 establece que los fiscales tienen vía libre para celebrar acuerdos de colaboración con el propósito de enriquecer investigaciones.

«La ley no nos habla de incluir a la PGN en los acuerdos de colaboración, actuamos bajo el marco de la ley, no hubo ninguna ilegalidad en los acuerdos e incluso tuvimos el aval de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», aseveró Sandoval.

Recientemente, el MP promovió una solicitud para retirar el antejuicio a la jueza Domínguez, la acusa por incurrir en los delitos de «prevaricato y abuso de autoridad» al autorizar la celebración de los acuerdos.

Esta acusación contra la jueza es otro giro en la dirección del caso.

Según los documentos consultados, después de los reclamos de la PGN, la jueza Domínguez consultó a la CSJ sí actuó correctamente. Tras analizar el caso la Sala Segunda de Apelaciones resolvió en abril de 2019: «En principio», se lee en la resolución, «la PGN únicamente tiene facultades para intervenir en los procesos en ejercicio de la acción civil o reparadora que le corresponde en nombre y en representación del Estado de Guatemala, constituye una desviación jurídica al pretender atacar actos judiciales que nada tiene que ver con el papel que juega dentro del proceso penal». Es decir, la misma sala de la CSJ avaló la solicitud de la jueza Domínguez, pero dos años después, en junio de 2022, anuló las confesiones a través de una nueva resolución.

Los acuerdos obtenidos originalmente en Brasil establecieron compensar al país los sobornos entregados y, en caso de que al cuadrar saldos hubiera una deuda a favor de Odebrecht, la empresa no intentaría cobrar ningún monto ni emprendería acciones contra el Estado.

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Los colaboradores se comprometieron a brindar información sobre las dádivas a las autoridades guatemaltecas, que sumaron  31.95 millones de dólares.

Además, la constructora había aceptado pagar al Estado de Guatemala, a título de reparación económica, 17 millones 900 mil dólares, sin perjuicio de que, por la vía administrativa, pueda determinarse un monto distinto en cuanto a la terminación del contrato. También se comprometieron a pagar otros 17 millones 900 mil dólares por materiales de construcción.

Por último, los implicados, se comprometieron a pagar como multa por la comisión del delito de cohecho activo admitido la cantidad de 500 mil quetzales, y a no tener contacto con ninguno de los exfuncionarios o beneficiarios de ese delito.

Ahora, tras el nuevo giro de la investigación y con los acuerdos anulados, no existe impedimento para que la empresa pueda proceder contra el Estado y exigir los pagos que considere pendientes.

La actual PGN sostiene que no accederá a una conciliación con la empresa. Jorge Luis Donado, procurador general, aseguró públicamente en abril de este año que una conciliación es inviable, especialmente porque los personeros de la constructora están sujetos a una persecución penal. Plaza Pública solicitó una postura ampliada a la PGN, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Por su parte, la empresa se mantiene firme en su propósito de llevar el caso a un tribunal e iniciar un arbitraje a finales de este año. El proceso podría tomar al menos un año.

De forma paralela, el proceso penal y la investigación para dilucidar la entrega de sobornos, abrió la puerta a que figuras como, por ejemplo, Baldizón, presentara recientemente una solicitud para constituirse como querellante adhesivo en el caso Odebrecht, y sumarse a las acusaciones contra los fiscales que participaron en los convenios de colaboración.

El abogado y analista jurídico, Andy Javaloys, señala que en el caso Odebrecht, así como otros promovidos en contra de personas que podrían estar involucradas en actos de corrupción, se produjo un desafortunado giro «que pone en entredicho la confianza ciudadana en el sistema de justicia».

Parece constituir, dice el abogado, un retroceso en la posible averiguación de la verdad y la deducción de responsabilidades. De la misma forma, la persecución promovida contra jueces, fiscales y abogados que han intervenido en procesos de corrupción pone al sistema de justicia en un estado de precariedad.

«Al acudir a giros tan inusitados, se vulnera, asimismo, la posibilidad de la tutela judicial efectiva. En suma, pareciera imposible que se cumplan con los fines del proceso penal y se respeten las garantías y derechos de las partes involucradas en los procesos. Esto representa un claro retroceso en el acatamiento de la Constitución, la normativa penal, tanto sustantiva como procesal, y los tratados internacionales de los que Guatemala es parte», sentencia el entrevistado.

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Tercer acto: Ahora Odebrecht quiere demandar a Guatemala

A inicios de este año, la entidad CNO,S.A., mejor conocida por su anterior nombre Constructora Norberto Odebrecht, inició un proceso de conciliación que podría concluir en una demanda contra el Estado por el incumplimiento de un contrato de 3 mil millones de quetzales para la rehabilitación y ampliación de la ruta CA-2 Occidente.

La solicitud para una conciliación fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala. El alegato de la empresa es que el Estado de Guatemala debe cumplir con una liquidación fiel al contrato inicial del proyecto . Esto implica que el país solvente pagos por tramos ejecutados que no fueron pagados en su momento. 

La empresa argumenta que, tras ser suspendido el proyecto, el Estado quedó debiendo 45 millones de dólares a la empresa. La inconformidad surge a partir de que, en mayo de 2017, el Ministerio de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos, suspendió la ejecución del proyecto de construcción de 140 km de carretera. Posteriormente, se oficializó la terminación prematura del contrato, lo que dio paso a un proceso de liquidación a cargo de una Comisión Receptora y Liquidadora de Proyectos (Corelip). En mayo de 2018, dicha comisión estableció que existía un saldo a favor del Estado por 370 mil dólares.

Pero la empresa presentó un recurso de revocatoria por no estar de acuerdo con el monto calculado por la comisión. Según la compañía, no se reconocieron montos pendientes por trabajos realizados, compra de materiales, intereses moratorios, entre otros costos en los que incurrió la constructora. La compañía estima que tiene un saldo a favor entre 21 y 46 millones de dólares.

El recurso fue interpuesto ante el Ministerio de Comunicaciones el 12 de junio de 2018 y, hasta la fecha, no ha sido resuelto. De ahí surge el interés de la empresa de invocar la opción de una conciliación en la que el Estado reconozca los montos supuestamente pendientes.

Hay un factor extra que juega a favor de CNO, el contrato no fue declarado lesivo durante el gobierno de Jimmy Morales, y las razones de esta omisión aún no están claras.

La PGN nunca solicitó la nulidad del contrato y tampoco ejecutó las fianzas del proyecto. Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones buscó un acuerdo con la empresa para culminar el contrato y liberar los tramos carreteros que no fueron trabajados por la empresa; sin embargo, la compañía no accedió.

Según Aldo García, exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales, fue la empresa quien incumplió con sus obligaciones, por tanto, no habría fundamento para demandar al Estado.

En ese contexto, el Ministerio de Comunicaciones interpuso una denuncia ante el MP alegando que la empresa había incurrido en incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato. Sin embargo, tras peritajes realizados ese extremo no pudo ser comprobado y las acusaciones quedaron sin fundamento.

«Cuando suspendimos el proyecto, se realizó un análisis y determinamos que había más desembolso financiero para la obra que avance físico. La empresa argumentó que, debido a las distintas modificaciones del contrato, los trabajos se retrasaron, pero no era una justificación válida para nosotros. Por eso denunciamos el contrato ante el Ministerio Público», asegura el exministro García.

Después de la denuncia presentada, el siguiente paso debió ser una declaración de lesividad del contrato, pero eso no se concretó.

Por otra parte, tras las modificaciones y ampliaciones realizadas al contrato inicial, el proyecto se hizo más grande, por tanto los dos préstamos aprobados por el Congreso fueron insuficientes para financiarlo. «Las autoridades que hicieron las modificaciones al contrato no estaban facultadas para eso porque debieron tener en cuenta que habían recursos específicos aprobados para ese proyecto», recalca el exministro.

Hasta la fecha, existe un desacuerdo e incertidumbre para saber quién debe a quién, si la empresa al Estado o viceversa. Será una interrogante que tendrá que ser aclarada en el posible arbitraje, cuyo costo podría ascender a 4.6 millones de dólares, más el reclamo arbitral, si es que el Estado resulta desfavorecido con la sentencia.

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