El juicio principal en el Palacio de Justicia de Núremberg intentó determinar el grado de responsabilidad de los más de 20 dirigentes del nacionalsocialismo de Hitler en los crímenes contra la humanidad cometidos por dicho régimen en el ejercicio del poder.
De los acusados, menos de la mitad fueron condenados a muerte en la horca. Algunos, a cadena perpetua, o bien a 20, 15 y 10 años de prisión. Otros fueron absueltos y quedaron sin condena.
Sin pretender entrar en detalles valiosos acerca del juicio de Núremberg, como la justicia del vencedor o el hecho de juzgar acciones que fueron tipificadas como crímenes después de ser cometidas, sí quiero llamar la atención en dos aspectos que surgen al seguir de cerca el papel activo de los jueces, el MP y la Cicig en los casos de corrupción conocidos en mi querida tierra Guatemala.
El primero es que, de todos los acusados en Núremberg, sea por activo o pasivo, se decidió impartir castigos ejemplares pensando en que, al condenar a los de mayor rango o responsabilidad, se estaría siendo específico en nombrar a los que dieron las órdenes y dictaron las normas perversas. Tal opción implicó dejar en segundo plano a los muchos que hicieron posible poner en práctica y ejecutar los mandatos.
Y el segundo, que, de los condenados por su cargo o implicación directa, fueron dos o tres los que mostraron algo de remordimiento por los crímenes cometidos, siendo el común denominador alegar en defensa propia que simplemente cumplían órdenes de Hitler y no eran responsables de nada o justificar sus acciones alegando locura y considerándose víctimas, pues fueron presionados y obligados a cumplir y ejecutar tales órdenes.
Eso fue en Núremberg. ¿Y en Guatemala?
Entre sindicados, ligados a procesos por asociación ilícita con medida sustitutiva o enviados a prisión preventiva, ¿cuántos van?
- De los vinculados con la estructura de defraudación aduanera La Línea, sin ser tan exactos, van más de 20.
- Por la red de plazas fantasmas en el Congreso van alrededor de 32 sindicados.
- Por el caso Cooperacha, una «lógica perversa del ejercicio del poder político», según la Cicig, van 8 implicados.
- Por el caso Cooptación del Estado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público imputó delitos a 29 sindicados.
Debemos considerar que algunos sindicados aparecen en varios casos. Por lo tanto, los números no pretenden ser precisos, sino solo demostrar que los Jueves de Cicig —término que hace temblar a los que mucho deben— pueden multiplicarse y requerir una sala de audiencia con capacidad para más personas.
Lejos de pensar que jueces e investigadores dejen libres a los que obedecieron o callaron frente a los actos de corrupción, imagino que lo mínimo es determinar responsabilidades y exigir que devuelvan el dinero, petición hecha el pasado 11 de junio (#11J) en la Plaza de la Constitución. Y en cuanto a los que son señalados de ordenar y exigir resultados (es decir, a los meros meros), toca esperar que se armen de valor y asuman sus responsabilidades.
En fin, espero con agrado el momento en que —ya sabemos quiénes— levanten la mano y digan, cada uno por separado, que son los responsables y asumen las consecuencias de sus actos y decisiones. De no hacerlo, la historia nos dice que tienen dos opciones: masticar una cápsula de cianuro o argumentar que simplemente cumplían órdenes.
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