López, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, fue detenido bajo los cargos de autoría intelectual en genocidio, delitos contra la humanidad y desaparición forzada, durante varias masacres perpetradas según lo concebido en los planes de Campaña Victoria 82, Firmeza 83 y el plan de operaciones Sofía, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Las mismas fueron ejecutadas en el área Ixil, Quiché.
La importancia de esta detención no solamente está en que, por vez primera, un militar de alto rango es confrontado por lo que se dice llamar la justicia guatemalteca. Este militar, quien tuvo el descaro de participar como candidato a la presidencia durante los comicios de noviembre de 1995, donde, como era de esperar, sufrió un gran revés representando al tétrico y agonizante partido de extrema derecha Movimiento de Liberación Nacional (MLN), a sus 81 años, inicia la ruta en la que, posiblemente, pagará por los crímenes cometidos.
La denuncia que dio pie a este proceso fue puesta en 2000 ante el Ministerio Público (MP) por familiares de víctimas de la represión. Después de 10 años se logra su detención provisional, paradójicamente, en el Mariscal Zavala, según han informado las empresas comunicacionales.
El camino es largo para llevarlo a la cárcel. Quizá tortuoso. Sin embargo, no imposible. Pero, más allá de que la justicia formal se encargue de que sea procesado y pague por los crímenes que cometió, se verá frente a un juicio mayor: el de la memoria.
Aunque en este país se piense, perciba o crea que no hay memoria, sí la hay. La memoria de quienes sufrieron las atrocidades pensadas y concretadas desde macabras mentes e intereses nacionales y extranjeros. Crueldades de asesinos despiadados, muchos de ellos obligados, con el cerebro “lavado”; otros, simplemente porque cumplían con el deber de llevar la represión y el genocidio a sus últimas consecuencias. Algo que sabían por qué, para quiénes y cómo hacerlo. Esbirros de un Estado que hasta la fecha reproduce prácticas de terror en defensa de la propiedad privada, tal y como sucede en el Polochic.
Pero la memoria no muere. Se actualiza en lucha, en rebeldía, en la negación del estado actual de nuestra sociedad. Y, aunque el descaro de quienes participaron en esos infortunios es tal que actúan como si nada hubiera sucedido, pavoneándose tranquilos dentro del ámbito político nacional, sea dentro del Congreso, en sus partidos políticos o como candidatos a cargos de elección popular, habemos quienes no congelamos los hechos en el pasado, menos, el hacer de la memoria.
En este momento, la captura de este personaje es un respiro para las memorias colectivas, simbólico si se quiere, pero sumamente importante. Es el reflejo de una victoria más que se proyecta sobre la imagen de un individuo detenido que por primera ocasión es cuestionado judicial y socialmente detrás de las rejas de unos tribunales. Es una mínima parte que quizá no le cause algún quebranto emocional. Posiblemente ni se arrepienta por lo hecho. Pero, su familia, sus amistades y las generaciones más jóvenes tendrán la oportunidad de identificarlo, encararlo y sentir algo de vergüenza. Los primeros por saber que en nombre de Dios y del anticomunismo su familiar y amigo ordenó cegar la vida de miles de personas; las segundas, porque podrán tomar conciencia de que es imperativo que esa tragedia no vuelva a suceder.
Los familiares de las víctimas también sabrán que una mínima parte de justicia se cumple. Eso no basta pero ofrece esperanza. Y en lo inmediato, quienes votarán en septiembre y en una posible segunda vuelta tendrán una oportunidad más para pensar si desean que la mano dura, esa misma que operativizó planes como Victoria 82 que, a mediados de junio de 1982, el entonces general Héctor Mario López Fuentes firmó y autorizó, llegue a la presidencia.
La posibilidad real que sobrepasa el circense espectáculo electoral está en que la memoria nos mantenga conscientes de lo que ha sido y es nuestra historia. A partir de ello, las verdaderas transformaciones podrán ser cuando se planteen proyectos de nación acordes a nuestra realidad. Mientras, me aferro a la memoria como explicación del presente y actualización de la resistencia de los pueblos golpeados por gente como López Fuentes y la contrainsurgencia como forma planificada, premeditada y ejecutada para reprimir las diferentes expresiones de lucha social.
Vindico la memoria como herramienta no solamente para lograr justicia sobre lo sucedido, sino como herramienta en búsqueda de una sociedad más equitativa en el presente. Luchar por eso desde los distintos espacios que tenemos es pertinente si pretendemos resignificar el sentido de la dignidad. Si la mediatización comunicacional y las omisiones que hacen instituciones académicas, grupos políticos y una masa anestesiada e indiferente ante lo que ha sucedido no cambia, ni las elecciones ni la formal justicia nos permitirán hacer un país distinto.
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