Dicha mafia, en su afán de procurarse impunidad, no ha escatimado costos ni acciones con tal de alcanzar su propósito. En ese camino ha consolidado sus alianzas y puesto en marcha una gigantesca y millonaria operación de inteligencia.
La red de la impunidad se ha tejido, desde hace año y medio aproximadamente, atando cabos entre representantes de la oligarquía, los empleados de estos, caciques del sistema de partidos políticos, militares retirados enquistados en el Gobierno, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones y diputados corruptos. El pacto que tácitamente suscribieron tiene como fin supremo garantizarles impunidad por los crímenes cometidos, para lo cual la disfrazan de legalidad.
Mediante maniobras burdas, en 2017 Morales Cabrera intentó eliminar a un embajador incómodo, el representante del reino de Suecia, Anders Kompass. Luego quiso hacer lo mismo con el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez. Ambas acciones quedaron en suspenso ante resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Un año después, de nuevo el Gobierno da paso a la expulsión de Velásquez y de personal de la Cicig. En esta ocasión, pese a lo resuelto por la CC, desobedece la orden y camina con paso lento, pero con intensidad de terremoto, para destruir las instituciones democráticas. Para ese momento, los financistas del pacto habían invertido millonadas en cabildeo en Estados Unidos para minar el apoyo político a la lucha contra la corrupción. De Washington llegaron los millones al hemiciclo parlamentario y a los controladores de los llamados net centers para difusión de la narrativa proimpunidad.
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Mientras tanto, comenzó la promoción de leyes encaminadas a darle viso de legalidad al golpe, así como de reformas a la Ley de Reconciliación para proveer de impunidad a convictos o procesados por crímenes de lesa humanidad y prohibir la persecución de dichos delitos, a la ley que regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales a fin de otorgar al titular del Ejecutivo la potestad de cancelar organizaciones incómodas y a la Ley de Antejuicio con el propósito de desaforar a los magistrados de la CC o al procurador de los derechos humanos, quienes no se han plegado a la violación de la institucionalidad.
Finalmente llegan los encuentros supuestamente informales entre los cuestionados presidentes de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) para realizar de común acuerdo los cambios que permitan alcanzar su objetivo.
Entre otros hechos ya alcanzados, Sammy Morales, hermano del jefe del Ejecutivo, consiguió que la Policía Nacional Civil (PNC) le entregara certificación de carencia de antecedentes policiales. Con ello pretende inscribirse como candidato a diputado pese a que es un hecho notoriamente público que carece de idoneidad por estar ligado a proceso penal.
En tanto, hace pocos días llegó a ser jefe de seguridad del Organismo Judicial (OJ) un personaje vinculado a Ricardo Bustamante, considerado el artífice de la operación en marcha. Los efectos de dicho nombramiento se han hecho sentir desde el momento en que jueces de alto impacto indican que se sienten en situación de riesgo vital.
De esa manera, el pacto por la impunidad que ha diseñado el asalto a la democracia ha sido financiado por el empresariado corrupto. Los recursos han servido para comprar a jueces, magistrados y diputados en tanto que los titulares del poder político lo utilizan (en claro abuso de autoridad) para formalizar el golpe. Para derrotarlo hace falta no solo ponerlo en evidencia, sino, sobre todo, defender los derechos, las libertades y las garantías que la Constitución Política en vigor protege. El asalto a la democracia no puede ser tolerado ni permitido.
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