De la revolución ciudadana a la revolución democrática

La gota que rebalsó el vaso fue la denuncia de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), el 16 de abril del 2015, anunciando el desmantelamiento de la red gubernamental de defraudación aduanera denominada "La Línea", que culminó con 22 capturas, entre ellas las del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, y el extitular de esa dependencia, Carlos Muñoz, y pruebas para demostrar la participación en esta, de Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la Vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Hoy sabemos, por las pruebas presentadas por la CICIG y el Ministerio Público durante el proceso judicial, que la pareja presidencial (Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti), supuestamente se quedaban con el 50% de lo defraudado, y que el otro 50% se distribuía entre el resto de los implicados. Así como que red, incluso, estaba penetrada por gente que filtraba información a la embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

Estos hechos desencadenaron una serie de eventos políticos que tuvieron como principal protagonista a la ciudadanía masivamente movilizada durante cinco meses. Los cientistas sociales y analistas políticos se debaten en interpretaciones que van desde las más satisfactorias hasta las más críticas. En este aporte pretendemos dar una visión balanceada de esos hechos, a partir de nuestra participación en las movilizaciones, y como observadores que encontramos en Antonio Gramsci algunas herramientas conceptuales para explicar la mayor crisis política habida en Guatemala desde el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías, en mayo de 1992.

Para ello se ensayan respuestas a tres aspectos que consideramos fundamentales para abordar el análisis.

1) Carácter y naturaleza de la crisis 

En la ciencia política suele entenderse por “crisis políticas” aquellas situaciones de súbito deterioro de legitimidad, o sea de autoridad, que rompen con el normal desenvolvimiento de instituciones estatales que a su vez crean zozobra entre la ciudadanía. Estas crisis no son de orden espontáneo, sino han tenido todo un proceso de acumulación y reacomodo de distintas fuerzas políticas que pujan por el control de instituciones preestablecidas. En su generación, las instituciones vigentes (i.e. las reglas del juego) sufren revisión y modificación de su legalidad o de las formas tradicionales de operar. Son provocadas por actores o casos concretos de las formas tradicionales de operar por parte de las autoridades (como en el caso Serrano) o bien provocadas por las oposición política para su provecho (como el caso Rosenberg), o por actores externos en nombre de una deontología de la cosa pública. (Caso la Línea/Cicig).

En las democracias normales, se asume que instituciones fuertes y numeroso micropactos, consentidos o no entre actores en pugna, ayudan a impedir que los poderes fácticos recurran a la violencia para saldar la crisis o generar más caos.

Dicho lo anterior, queda claro que la naturaleza de lo que vivimos en Guatemala desde el 16 de abril de 2015, es en toda regla una crisis política, cuyo carácter es lo que está en cuestión: es decir, averiguar lo que la hace distinta de otros eventos anteriores o similares en otras partes del mundo, e incluso, qué clase de elementos la configuran como una crisis revolucionaria o una crisis dentro del orden establecido.

Primero, la línea comparativa. Dentro del actual periodo democrático, cada una de las crisis habidas desde los intentos de golpes de Estado contra el presidente Vinicio Cerezo (1986-1990), pasando por lo de Jorge Serrano (1990-1993), la crisis de Rosenberg (mayo 2009), y la actual, sólo han fortalecido el modelo democrático de solución política y pacífica de los conflictos, y pese a la presencia de enclaves autoritarios en el seno de la sociedad civil y en estructuras del Estado, la vuelta al autoritarismo político se ha impedido. La sociedad civil ha fortalecido su pluralismo y adhesión a la competencia electoral como mecanismo de traspaso de autoridades se ha consolidado.

Con todo, la salida política a la crisis de Serrano se saldó con el asesinato del presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Epaminondas González Dubón, y con reformas constitucionales a la medida e intereses de las élites económicas tradicionales. La crisis del caso Rosenberg (2009) fue medianamente esclarecida y el statu quo mantuvo su normalidad, porque provenía de las élites acomodadas capitalinas, reacias al cariz social del gobierno de Álvaro Colom, y por lo mismo, fue más bien una crisis mediática e ideológica.  

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La crisis de 2015, en cambio, movilizó a sectores urbanos, sobre todo profesionales y estudiantiles, acompañados por organizaciones populares y de los pueblos indígenas, que convirtieron a la Plaza Central en un punto de encuentro pluralista, interclasista e interétnico. Su causa común fue el rechazo al régimen de Otto Pérez Molina, y la indignación contra la corrupción. Sus medios comunes de convocatoria fueron las redes sociales y el factor común, su exceso de apoliticidad, pero político en sus objetivos inmediatos: la caída de la pareja presidencial; la reforma política del régimen electoral, y en el medio, el bloqueo electoral a Manuel Baldizón.

2) Crisis y/o Revolución

La controversia de fondo es si todo ese movimiento fue revolucionario o no, si sirvió de algo o no, si ya terminó o no, e incluso si fue premeditada o no.  Las preguntas mismas revelan que el impacto de las movilizaciones fue de tal proporción que pasarán a la historia como una revolución ciudadana, no obstante que sus resultados, contrarios a los de la Revolución de Octubre de 1944, no una revolución en toda regla, sino como la revolución de 1920 (el movimiento unionista) que botó al dictador Manuel Estrada Cabrera.

Pero como ya se señaló arriba, la revolución ciudadana, caracterizada así porque hubo una efectiva generalización de la indignación, convertida en protesta y porque hubo propuesta de cambio concentrada en la necesidad de una reforma política y en la depuración de la clase política por medio de las urnas, es una revolución en democracia, pero sin revolución democrática, porque no hubo dirección.

Para distinguir tales cosas, primero hay que discernir el concepto de revolución. Pasa que el debate sobre las revoluciones políticas, al menos en Guatemala, está muy preñado de las concepciones leninistas sobre lo que estas deberían ser, es decir, protestas generalizadas y fulminantes a partir de una crisis política que deviene en una substitución radical del orden establecido.

Se piensa que las revoluciones deben seguir un formato jacobino, venido desde abajo pero guiadas por una dirección política catalizadora, donde las autoridades del viejo orden terminan con gran alarde de violencia revolucionaria, puesto que el viejo orden también reacciona con gran violencia indiscriminada.

Pero estas formas de revolución son muy raras. Ocurren pero no son la regla. Las revoluciones más comunes son las que implican movilizaciones masivas, de conocimiento o de personas, casi sin liderazgo y orientadas a modificar determinados procesos tecnológicos y/o problemas de propiedad; de riqueza o de los poderes existentes. De ahí que la democratización plena de la sociedad sea la revolución más grande a la que se puede aspirar.

En todo caso, y en esto debería haber acuerdo, la revolución implica una combinación de fuerza e innovación de las formas, lo cual se convierte en fuente de derecho, de un nuevo derecho diferente al vigente y eso sí es revolucionario.  ¿Ocurrieron estas cosas en Guatemala? Sí y no.

Una revolución se caracteriza por su generalidad, velocidad y profundidad, pero sobre todo por el cambio cultural de sus sectores más avanzados. Conviene recordar que Gramsci ve en las crisis políticas la mayor escuela para la toma de conciencia social de los sectores interesados, y eso sí ocurrió en Guatemala. Hoy mismo, la palabra “revolución” ha dejado de ser palabra infernal para convertirse en palabra creativa.

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Dicha toma de conciencia social ocurre, escribe, primero en el plano de la ética (la indignación) y avanza hasta el plano político y del lenguaje a partir de la generación de una nueve élite de intelectuales. Todo lo cual abundó entre abril y septiembre de 2015. Cuánta sangre nueva de líderes con nuevas agendas se levantaron y que tendrán en los próximos años su mayor protagonismo político.

Pero recuérdese que en esta coyuntura también hubo liderazgos que levantaron consignas estériles, guiadas por el voluntarismo político, todo lo cual era signo de la disputa por darle direccionalidad y cohesión al movimiento, y eso debería motivar la reflexión sobre la organización política como factor necesario para la revolución democrática.

3) Origen de la crisis: la crisis orgánica del Estado

Cuando en sus Cuadernos de la Cárcel, Antonio Gramsci reflexiona sobre las crisis políticas, habla de por lo menos tres de corte sustantivo: 1) la crisis fundamental del capitalismo; 2) la crisis orgánica del bloque histórico; y 3) las crisis de gobierno, o coyunturales. Tiene en mente a la Italia de entreguerras que sufre el auge del fascismo, que en su fuerza nacionalista busca contener su inevitable dependencia de las pugnas comerciales y políticas externas. La alta burguesía, como diría Gramsci, desarrolla una política de nacionalismo para que su finca sea su finca, lo cual colisiona con importantes intereses extranjeros, y en su momento desencadena lo que él llama un “origen técnico” de la crisis.

En Guatemala, el origen político de la crisis está en la contradicción entre los intereses cosmopolitas (estadounidenses) versus los intereses oligárquico-gubernamentales locales, reflejados en el nacionalismo político reaccionario de las élites, en dos aspectos: 1) el rechazo a la presencia de la CICIG; y 2) y la incapacidad del Estado de financiar el desarrollo local de las comunidades pobres que causaban una salida masiva de niños hacia los Estados Unidos, 30 mil anuales tan solo en el 2014. Este último es el “origen técnico de la crisis”.

Fuentes cercanas a la embajada de los Estados Unidos y a la cancillería guatemalteca explican que tras la masiva presencia de niños en territorio estadounidense, la crisis humanitaria se convierte en crisis de seguridad nacional para dicho país. Se pone entonces las opciones sobre la mesa: “Debe haber más inversión social en los territorios que son la base la pobreza y falta de empleo, los cuales están ubicados en el altiplano suroccidental de Guatemala”.  La respuesta es: no se puede hacer reforma fiscal porque causa desosiego y tampoco se puede mejorar la recaudación porque hay corrupción. 

Es entonces cuando el gobierno estadounidense encuentra en la CICIG las herramientas para echar andar un plan contra la impunidad gubernamental, y en la Alianza para la Prosperidad, la estrategia para promover una contrapartida local al esfuerzo nacional de financiamiento del desarrollo en el altiplano suroccidental.  El nacionalismo fingido de Otto Pérez Molina durante la visita del vicepresidente Joe Biden lo recuerda todo.

Esto significa dos cosas: que el origen de la crisis tuvo un fuerte componente de la crónica crisis fiscal del Estado guatemalteco, fortalecido por una corrupción sistémica avalada desde altas esferas de Gobierno, las que combinadas, se convierten cada una por su lado en el eslabón débil de cada factor. La corrupción descarada para el caso del gobierno y la asfixia fiscal para el caso del Estado.

¿Qué viene tras la crisis?

La crisis de gobierno ya empezó a resolverse. Se lograron, por ejemplo, las renuncias de la pareja Presidencial, así como capturas en el sector justicia y la búsqueda de enjuiciamiento a diputados corruptos en el Organismo Legislativo. Se logró parcialmente en la depuración de un grueso de la clase política corrupta mediante las urnas, si bien bajo las mismas reglas: fue poco lo avanzado. 

La transición lograda hasta ahora es una transición desde arriba, pero transición al fin. Pero las causas de la crisis se interrelacionan. El origen de la corrupción en la gestión pública está sin dudarlo en la privatización de la cosa pública. Por tanto, la desprivatización de la política electoral es el primer paso para fomentar la función pública, pública; servicios públicos, públicos; y el bien común. 

Pero nunca como ahora, ese consenso fue tan grande, lo cual implica que la nueva legislatura y las próximas elecciones, han de reflejar las nuevas reglas que condenan el patrimonialismo y eso pasa inclusive por un consenso sobre reformas constitucionales, cuyo método y alcance dependen de la madurez de las fuerzas políticas y de la presión social. La revolución democrática del Estado sigue pendiente.