De la Puya a Panabaj. Una noción de seguridad.

Los anteriores son escenarios[1] de riesgo que pueden estar presentes en los imaginarios locales o en planes institucionales y cada uno de esos escenarios se contrapone a una noción general denominada seguridad.

La seguridad entonces constituye un concepto límite, una visión opuesta y unificadora del riesgo y su construcción puede ser dicotómica entre el Estado y el ámbito local. Por esa razón, el riesgo se aborda aquí de manera general y no supeditado a las definiciones institucionales. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad[2] abarca cuatro ámbitos fundamentales: la seguridad interior, la seguridad exterior, la inteligencia de Estado y la Gestión de riesgos. Estos ámbitos abarcan competencias que trascienden lo nacional, sin embargo la norma no puede particularizar el riesgo en la dimensión local.

Para un habitante de La Puya[3] los riesgos de enfermedad, contaminación, violencia doméstica, desempleo, incendio forestal o sismo interactúan, se combinan y no dependen de la noción de seguridad estatal.

De manera análoga, usted y su familia están expuestos a riesgos y sus percepciones de seguridad también pueden variar en lo individual, en el tiempo y en el espacio.

El reto democrático puede ser entonces, que los planes estratégicos y contingentes de seguridad se aproximen a las dinámicas del riesgo desde lo local. Pese a lo anterior, esos planes nunca serán completamente coherentes con las necesidades locales, dado que las políticas de seguridad no pueden diseñarse para situaciones particulares.

Hasta este punto, es viable el consenso sobre la necesidad de aproximar la visión del Estado con las necesidades locales de seguridad. Sin embargo, el Estado no responde con exclusividad a las necesidades de las mayorías, y está bajo la influencia de poderes económicos. Tal es la influencia de esos poderes, que en la política nacional de seguridad se consigna:

 “La influencia que ejercen las empresas multinacionales y los grandes agentes que operan en los mercados financieros globales, son capaces de alterar políticas de Estado (…) e intervenir en aspectos hasta ahora no contemplados, como los precios de bienes de primera necesidad que desequilibran las economías de los países, particularmente aquellos con altos niveles de pobreza”.[4]

El párrafo anterior es ilustrativo y debe analizarse en contexto, sin dejar fuera otros poderes que operan de manera “doméstica”. Asimismo, es justo preguntarnos de qué manera se pueden aproximar las necesidades de seguridad de una comunidad, con las necesidades de seguridad de una empresa privada siendo éstas también necesidades legítimas.

Si nos remitimos a los casos recientes de conflictividad social asociados a actividades extractivas, posiblemente encontremos intereses bien identificados. Esos casos constituyen una ruptura en la noción estatal de seguridad, en tanto coexisten intereses legítimos pero irreconciliables que requieren de una aproximación que trasciende lo coyuntural.

Finalmente, el ámbito de la seguridad es más complejo en tanto los procesos de construcción de riesgo sean silenciosos. Por ejemplo, el fortalecimiento de un modelo neoliberal de acumulación que obliga a miles de personas a emigrar en condiciones infrahumanas. O la ausencia de ordenamiento territorial (léase regulación estatal) que en cualquier momento puede generar otra tragedia como la ocurrida en Panabaj.[5]

Usted vive en condiciones de riesgo. Eso es parte de la vida misma. El llamado en estas líneas es para visibilizar las brechas entre esas condiciones particulares de riesgo y las normas jurídicas, políticas de Estado y planes para proveerle de una aceptable seguridad.

* El autor es Administrador con Maestría en Investigación de Política y Sociedad de la Escuela de Ciencia Política de la USAC. Ha trabajado en la gestión de riesgos y ejercido la docencia con varias instituciones los últimos 25 años y se especializa en la planeación, el desarrollo de capacidades y el diseño y desarrollo de procesos de capacitación.