De la mano de la impunidad

La perversidad sale a la calle porque el acuerdo de marras pretende restringir la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en tanto que la torpeza se luce con la inclusión de un órgano inexistente: la Corte Interamericana de Justicia (sic).

Las damas van de paseo de la mano de sus creadores: el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno y el jefe de la Cancillería, Harold Caballeros. Perversidad y torpeza unidas para un solo fin: seguir procurando impunidad a los criminales de lesa humanidad, responsables de actos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, violación y esclavitud sexual, durante el conflicto armado interno.

Así, el gobernante, Otto Pérez Molina, concluye su primer año de Gobierno de la misma forma que lo inició: buscando revisar la historia y la memoria, buscando anular los procesos de justicia, buscando en fin, mantener el grado de arbitrariedad judicial contra las víctimas de la violencia de Estado.

Para lograr este cometido, el Gobernante contó con la “talacha” de dos funcionarios que han hecho gala, como se dijo, de perversidad y torpeza en el manejo del asunto. Aunque la prepotencia les ciegue o nuble la vista, no pueden negar que un Estado no puede restringir el mandato de un ente que no existe y, si quiere modificar los términos en que pactó un compromiso internacional, no es por la vía interna con acuerdos de segundo nivel como puede hacerlo.

De acuerdo con el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el principio pacta sunt servanda (lo pactado obliga), “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Es decir, no es solo soplar y hacer botellas. En todo caso, el sistema internacional de derechos humanos no es un cuartel en donde el jefe de turno gobierna y ordena sin más, sino que hay principios fundamentales que han de cumplirse y este es uno de ellos.

Pero si esto fuera poco, también está, no se olviden, la propia Constitución Política de la República, cuyo artículo 149 reconoce la preeminencia de los Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por el Estado. La Constitución entonces, refrenda en el camino legal el principio citado y obliga a su cumplimiento.

Más aún, en materia de derechos humanos, la doctrina internacional establece que los mismos son progresivos. En este caso, significa que lejos de coartarlos, es necesario ampliar su alcance. En esta materia, los acuerdos amistosos ya suscritos y las sentencias ejecutadas, implican que el Estado ha reconocido plenamente esa competencia y ha establecido un nivel del cual no puede descender sino más bien ascender.

Aunque las razones esgrimidas para el entuerto político y jurídico que contiene el acuerdo de marras no son totalmente claras, algo queda plenamente descubierto: el Gobernante y sus asesores intentan, con torpeza, limpiar el camino de los perpetradores. Cabe preguntarse si se trata de un acto cualquiera de camaradería profesional (militares cobijando impunidad de militares) o de prevención del mismo mandatario, temeroso de ser llevado a las cortes.

La maquinaria de la perversidad sustentó al Estado contrainsurgente que fue capaz de cometer actos de genocidio y de asesinar a más de 240 mil personas. Esa maquinaria ha continuado operando para asegurarle a los responsables contar con defensa legal a costa del erario –nuestros impuestos–, a fin de mantener el velo del silencio para impedir la búsqueda de la verdad y anular cualquier intento por alcanzar justicia ante la barbarie.

Con un acuerdo semejante, suscrito un día antes del aniversario de la Firma de la Paz, esta sociedad está muy lejos de alcanzarla. Por el contrario, ahonda las columnas que sostienen la impunidad y la inequidad, cerrando el paso a la sanación de las heridas.

Más que suscribir acuerdos por ocurrencia, cobijar las atrocidades de los criminales de guerra que operaron desde el Estado, el Gobernante haría bien en controlar las desmedidas acciones de corrupción en su gabinete y empezar a gobernar de una vez por todas, para beneficio social y no de criminales en lo individual.