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De la caravana de migrantes a la militarización de la frontera
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De la caravana de migrantes a la militarización de la frontera

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Tipo de Nota: 
Opinión
15 04 18

«¡Aquí estamos y no nos vamos! ¡Y si nos echan, nos regresamos!».

Es 26 de marzo y el puesto de control migratorio en Huehuetán se encuentra vacío. Muchas personas sienten alivio al ver que los agentes abandonan el sitio. Al mismo tiempo se alegran por esta pequeña victoria y aseguran que la caravana «ya ha derribado fronteras». La caravana Migrantes en la Lucha, constituida hace algunos años por la organización Pueblo sin Fronteras, inició su recorrido en el parque central de Tapachula el 25 de marzo con más de 1,000 centroamericanos. La mayoría son hondureños que huyen no solo de los problemas estructurales de su país de origen, sino también de la creciente inestabilidad tras el fraude electoral.

El objetivo de muchos era llegar a la frontera de México con Estados Unidos, entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza y solicitar refugio. Entre sus demandas a los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador se encuentran el cese de la corrupción política (entre maras, funcionarios y agentes policiales), el cese de la violencia contra la mujer y la población LGBTI, el reclutamiento forzado de jóvenes y de menores por grupos del crimen organizado y del narcotráfico, la impunidad, la injusticia, etc. De igual manera, expusieron exigencias a los Gobiernos de Estados Unidos y México como el respeto de los convenios internacionales que respaldan los derechos humanos de las personas migrantes, el cese de las deportaciones masivas y la protección del TPS. Cabe mencionar que la caravana llega unos meses después de que Donald Trump solicitara un proceso de selección más estricto para los solicitantes de asilo.

El 1 de abril, Trump lanzó un mensaje que tensó nuevamente la relación con México al asegurar que ese país «está haciendo muy poco, si no es que nada, para impedir que la gente se mueva por México a través de su frontera sur y luego hacia los Estados Unidos». Además, amenazó con la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) si dicho país no endurece sus leyes migratorias. Días después firmó un memorando presidencial para enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera y detener a quienes intenten cruzar de manera irregular, al tiempo que afirmaba que «la seguridad de Estados Unidos está en peligro por un aumento drástico de la actividad ilegal en la frontera sur».

Nuevamente se evidencia que el abordaje de la problemática migratoria por parte de la actual administración de Estados Unidos parte de una visión de seguridad nacional que clasifica a las personas migrantes como criminales que amenazan el orden establecido. A esto cabe agregar que el uso de la Guardia Nacional no debe ser tomado a la ligera, puesto que ningún cuerpo militar debería ser utilizado para fines políticos domésticos, sobre todo porque no están entrenados para proteger y servir a las poblaciones con un mínimo de violencia. Si bien son servidores públicos, estos soldados no están para hacer cumplir la ley de inmigración, sino más bien para combatir y desplegarse en zonas de guerra. Además del posible agravamiento de las violaciones de derechos humanos, el costo invertido supera por mucho los logros que puedan alcanzarse. Según información presentada este año por el Latin America Working Group (LAWG), en el 2017 se detuvo a 18 personas en promedio por cada agente de la Patrulla Fronteriza, cifra que representa una aprehensión cada tres semanas. Por otro lado, contrario a las declaraciones de Trump, el Gobierno mexicano ha mantenido un nivel constante de detenciones y de deportación de migrantes, principalmente de América Central, a través de la implementación en los últimos años de su Programa Frontera Sur. Sus deportaciones durante los primeros dos meses de 2018 superan las del mismo período en 2017. El número de solicitudes de asilo que ha recibido México, principalmente de los países de la región norte centroamericana, también se ha cuadruplicado en los últimos tres años (LAWG, 2018).

Los migrantes no solo se encuentran en una persecución violenta en sus países de origen, sino que deben enfrentar también problemas relacionados con la falta de empleo, la pobreza y la desigualdad. Asimismo, sufren un doble calvario al transitar por territorios tomados por bandas delictivas y al estar sometidos a políticas estatales que los marginan, persiguen y privan de su libertad. Una vez más Trump demuestra su desesperación al no encontrar consenso en el Congreso, un característico belicismo basado en medidas coercitivas y en amenazas que tensan sus relaciones con los países vecinos. La caravana Migrantes en la Lucha es una muestra más de la resiliencia de nuestros connacionales ante el sistema fallido de nuestros Estados. Por eso a la sociedad civil nos queda la tarea de velar por los derechos de las personas que buscan protección internacional a través de la hospitalidad.

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