“En lugar de estar esperando (TPS) imposibles, es mejor organizarse de otra manera”

El proyecto de ley para una reforma migratoria en los Estados Unidos aún no sale de la Cámara de representantes de ese país. Mientras las expectativas de los más de 11 millones de migrantes indocumentados se centran en el área de la iniciativa correspondiente a su posible residencia y naturalización, y la de los sectores más conservadores se enfoca en el endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur y la importación de mano de obra calificada, existen también quienes centran sus esfuerzos en el cuarto enfoque de la reforma: la regularización de trabajadores temporales.

En este grupo se encuentran el Wilson Center y el Instituto de Política Migratoria (MPI), dos tanques de pensamiento estadounidenses independientes de política partidaria. El primero funciona principalmente de donaciones de particulares y empresas petroleras, de contratistas militares, energéticas, productoras de biocombustibles, fabricantes de bebidas carbonatadas y corporaciones bancarias, entre otras. El MPI también tiene entre sus donadores a particulares y empresas, pero además recibe ayuda de dependencias del Gobierno federal estadounidense, fundaciones, universidades y el Gobierno británico.

De estos dos centros surge el estudio “Pensando regionalmente para competir globalmente”. En su elaboración participaron 24 expertos durante casi dos años. El informe propone líneas de acción para la contratación temporal de extranjeros en Estados Unidos y plantea una política migratoria regional para México y Centroamérica.

El exvicepresidente guatemalteco y coordinador de integración regional de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Eduardo Stein –quien copresidió el estudio junto al exmandatario mexicano, Ernesto Zedillo y el exsecretario estadounidense de Comercio, Carlos Gutiérrez–, explica las metas que persigue la propuesta.

“El objetivo no es sólo el de un mero estudio académico. Es un trabajo para recoger datos dentro del universo de Estados Unidos, México y Centroamérica y ver qué elementos se pueden proponer a todos los países concernidos para cambiar la discusión sobre agendas migratorias que, desafortunadamente, han estado condicionadas sobre todo por términos restrictivos, si no represivos”, explica.

El estudio propone para México y Centroamérica una serie de políticas orientadas a mejorar las condiciones de la salud, la educación, la seguridad y el fortalecimiento institucional.

Con el fin de exponer estos planteamientos, el estudio se ha llevado a instituciones públicas y académicas en Estados Unidos, México y Centroamérica. En el caso de Guatemala hubo una presentación ante las organizaciones civiles y la Comisión del Migrante del Congreso.

¿Ese proceso de socialización garantiza que se acepten las propuestas?

-No es suficiente. Sobre todo porque el trabajo busca superar esta visión –que también es un tanto restrictiva– que algunas organizaciones guatemaltecas han estado promoviendo acerca de conseguir el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los guatemaltecos que están en EEUU en situación irregular.

A mí me apena decirlo pero en el grupo de estudio, eso no va a ocurrir.  No hay voluntad política en la legislatura norteamericana de otorgárselo a los guatemaltecos. En lugar de estar esperando imposibles, es mejor organizarse de otra manera. Y ese concepto tan simple: “de otra manera” involucra esfuerzos mancomunados, tanto de organizaciones gubernamentales como de no gubernamentales, pero en el fondo hay una piedra de toque esencial para que todo esto camine: una reforma migratoria.

¿Por qué MPI y Wilson center?

-Se trata de entes cuyo grado de especialización se enfoca precisamente para la investigación y la propuesta de políticas públicas que no tienen nada que ver con los partidos políticos. La idea es que cualquier posición política representada en las dos cámaras norteamericanas pueda tomar esta información como lo que es, y esté lo más anclada a hechos ciertos y públicamente comprobados.

El estudio atribuye gran parte de los problemas migratorios a la diferencia entre oferta y demanda laboral de extranjeros indocumentados ¿De qué proporción se habla?

-Una manera de medirlo es por la cantidad de deportados. El cálculo que nosotros manejamos en consulta con autoridades de Gobierno es que más o menos 100 mil se van cada año y devuelven a 50 mil. Eso significa que el número de compatriotas que se quedan en Estados Unidos sigue creciendo. Pero ¿qué pasaría si existieran condiciones legales de tal naturaleza que la gente pudiera ir trabajar un tiempo y volver, sin ningún problema de retorno a sus familias?

Se estaría también resolviendo otro problema que acompaña la migración ilegal y es la disrupción interna en las familias. Hay una generación en Centroamérica que creció con las abuelas porque los padres se fueron. Y otro problema es que en ciertas poblaciones los que se quedaron no tienen estímulo para trabajar porque esperan el cheque de las remesas. En promedio de unos US$350 (mensuales).

En el documento se habla de “capital humano” ¿No genera incomodidad este término al cosificar a la persona como herramienta de producción?

- En efecto, es así; pero es un término tan usado en inglés, en el mercado laboral de Estados Unidos  y a nivel académico que lo que se ha hecho es traducirlo tal cual al castellano. Nosotros preferimos manejar el término de “recurso humano”, pero igual, si se ve con la frialdad de una máquina productiva a cualquiera de los recursos que utiliza para generar esas ganancias sin respetar a la persona humana y sus derechos fundamentales, no digamos sólo los laborales, pues no importa el término que se use. Allí hay un elemento de irrespeto.

Seamos prácticos. No importa el lenguaje: nos está costando como sociedad encontrar las vías por medio de las cuales el pluralismo cultural sea un valor entendido en nuestras relaciones sociales. A la hora de cruzar fronteras de manera irregular, qué importa si uno es criollo, kakchiquel, tzutujil o de dónde sea. Se trata de una persona que arriesga mucho para arreglar su calidad de vida, y el ideal que está en el centro de la propuesta de política regional, es que exista un enorme esfuerzo mancomunado conjunto donde tiene que estar el Gobierno involucrado.

¿En qué áreas hay más posibilidades de trabajos temporales para los guatemaltecos?

- Un ejemplo pequeñísimo, pero importante, está en las empresas agrícolas canadienses que han encontrado que los trabajadores guatemaltecos son los mejores del área.

Los guatemaltecos han demostrado manejar muy bien los procesos de sembrado, germinación, cuido y cosecha de la producción. Ha habido una circularidad positiva en ese sentido. Hay cerca de cinco mil guatemaltecos por año que van a Canadá, están de seis a ocho meses, y más del 99 por ciento regresan. Se han quedado poquísimos porque la idea es que pueden volver a ir.

También hay una demanda enorme de servicios de enfermería calificada para cuidar adultos mayores y se están yendo en grandes cantidades de acá.

Esos son ejemplos todavía muy limitados, pero encontramos en el grupo de estudio que el esfuerzo nacional y regional en mejorar las capacidades y destrezas de las personas puede favorecer que la gente tenga la posibilidad de ir y volver.

¿No es esto institucionalizar una forma de exportar mano de obra barata?

De hecho, ahora estamos exportando mano de obra barata. El objetivo estratégico de la propuesta es precisamente contrarrestar esa exportación de capacidades y mano de obra no calificada y convertirla más bien en calificada que si se llega a ir es porque en efecto tiene destrezas que puede ofrecer a un mercado capaz de absorberlas.

Pero ese mismo incremento de capacidades va a suponer también que localmente exista un incremento en las condiciones de vida que hará que no sea necesario ya migrar con tanto riesgo como hemos visto que ocurrió en los últimos años en México. Que haya condiciones de vida suficientes como para no tener que arriesgar la vida, pero también porque han endurecido los controles migratorios en Estados Unidos.

Como base para mejorar las condiciones de migración, el grupo propone, entre otros aspectos, que en los países de origen se hagan cumplir las leyes, se reduzca la informalidad en la economía y mejoren las condiciones de seguridad, educación y salud. Si todo esto se llegara a cumplir a cabalidad no habría necesidad de migrar.

En principio sí, pero las personas deberían también tener la posibilidad de mudarse a otra parte si fuera su interés, vocación, o deseo.

La idea es que como región pudiéramos garantizar un nivel digno de vida  a las personas y las familias y que de acuerdo a la evolución y desarrollo de los lugares con una geografía tan diversa como la que tenemos nosotros pudiera haber suficientes oportunidades para un ingreso familiar digno que evitara la expulsión por necesidad.

Es decir, si yo en condiciones ideales me puedo ganar la vida aquí, sin sufrimientos ni carencias importantes, lo haría.  Pero encuentro interesante irme a otra parte por razones profesionales o por lo que sea, también pueda hacerlo.

Pero ello implica cambios estructurales a largo plazo.

- Algunos de estos escenarios tardan, sobretodo en el área de educación y salud. Estamos hablando de políticas públicas a lo largo de cuatro o cinco administraciones que tienen que ser mejoradas en cada Gobierno sucesivo. Allí tenemos un primer problema en países como Guatemala y es que hay una fractura en cada cambio de administración que resulta costosísima a la sociedad guatemalteca.

El nuevo Gobierno desconoce lo que hizo el anterior, saca a la calle un montón de funcionarios que costó experiencia, tiempo y recursos para su formación. Luego llena las instituciones con nuevos funcionarios que tal vez no necesariamente son las personas más idóneas. Necesitamos que exista una carrera de servicio público estable donde la gente pueda ser promovida por méritos y no por favores o quién sabe qué. De esa manera no importa quién venga y haya una institucionalidad sólida que para garantizar servicios de calidad a la población.

¿Adquirir compromisos de Estado?

- Absolutamente. Entonces la agenda no es un misterio. Sabemos dónde están los principales problemas. El tema migratorio está relacionado con la seguridad, la alimentación, la educación y la salud.

No es un misterio lo que necesitamos hacer. Lo que necesitamos es hacerlo. Varios de nosotros lo hemos dicho hasta la saciedad: nuestro sistema político no da el ancho. Hay una crisis de representación y una crisis de autoridad muy seria, pero eso nos llevaría a otra discusión.

En la propuesta de reforma migratoria en Estados Unidos ya hay una parte que habla de los trabajadores temporales ¿Qué se plantea de diferente en el estudio?

- Es el mismo principio, el de legalizar el tránsito de manera que por una parte la gente que emigra, por razones sobre todo de trabajo, tenga las garantías suficientes sin importar a dónde vaya, pero tenga también la posibilidad de retornar sin ningún contratiempo u obstáculo.

En el caso de visas temporales, hay todavía una discusión en progreso en Estados Unidos que depende de cada estado. Hay algunos que han promovido una coordinación de sus condados o el equivalente de los gobiernos regionales municipales, para invitar gente de otros estados o gente de nuestros países porque se han quedado sin mano de obra.

Esa es la particularidad de un gobierno federal: que le da tanta libertad de decisión a los estados en lo individual. Por eso están teniendo dificultades de cómo conciliar una política nacional estratégicamente importante para ellos en materia migratoria. Contamos con un hecho político innegable en Estados Unidos: el peso del voto latino en el país ya es lo suficientemente significativo como para que los republicanos más conservadores se hayan dado cuenta de lo que perdieron al no buscarlo.

Además, hay también una consciencia muy clara no sólo en los tomadores de decisiones en el sector público sino también en el sector empresarial y académico, de que la política migratoria en Estados Unidos ha fracasado y que necesitan una reforma. Entonces nosotros como grupo de estudio llegamos a la conclusión de que esa reforma va a venir más pronto que tarde porque la situación como está es insostenible.

¿Es suficiente con eso para contrarrestar que el principal interés esté en la seguridad de la frontera sur y que las empresas de seguridad hayan promovido eso en el Congreso?

- No voy a decir que estamos caminando sobre terreno nítido, aquí hay varias aristas. A cambio de la reforma migratoria, sin duda será inevitable un endurecimiento en los controles fronterizos, porque la discusión migratoria no se puede separar de algunos temas de seguridad que para la población norteamericana son muy sensibles.

Son temas de seguridad que involucran la vigilancia de la frontera para evitar que se “cuelen” personas. Esto no es en el marco de la ilegalidad migratoria, sino gente interesada en hacer daño físico a instalaciones estratégicas o a poblaciones: lo que ellos identifican como terroristas.

En los temas de la seguridad fronteriza también se puede encontrar responsabilidad de autoridades estadounidenses. El estudio plantea también un combate a la corrupción, pero ¿qué motivación puede tener Estados Unidos en aceptar esta propuesta?

- Como objetivo general de toda democracia que busque de manera igualitaria servicios de calidad a sus habitantes, la lucha a la corrupción debe ser un esfuerzo continuado. Más aún cuando se trate de corrupción en funcionariados que tienen áreas de responsabilidad pública, sea la policía, sean guardias fronterizos, sea el cuidado de áreas protegidas.

Toda persona a quien la sociedad le delega responsabilidades de seguridad pública necesita más supervisión que garantice la probidad, la transparencia y la honestidad en sus desempeños. Precisamente por la delegación que han recibido, tienen capacidades coercitivas sobre la población que mal usadas tienen resultados terribles.