De horrores e irresponsabilidades

En el mismo se escribe, a manera de conclusión, que “así como está tipificado el delito de Misoginia (odio contra las mujeres), también debería crearse el delito de Misandria, que es el odio o aversión a los hombres, así como penalizar la violencia psicológica contra el hombre“, desviando así las razones de ser de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y olvidando que nace de hechos de violencia concretos.

Y es que hay datos que deberían horrorizar a cualquier ciudadano y avergonzar de manera profunda a nuestros gobernantes. Según el INACIF, hasta finales de octubre de 2013, 592 mujeres habían perdido la vida ese año en el país, 78 más de los casos reportados durante el mismo período del año anterior.

Según la secretaria Presidencial de la Mujer, Sonia Escobedo, durante ese mismo año se recibieron más de 55 mil llamadas de mujeres víctimas de violencia, advirtiendo que el feminicidio "sobrepasa las capacidades del Estado", de un Estado inoperante y guiado por intereses personales que poco tienen que ver con su verdadera función, agregaría yo.

Otro dato de terror: hasta el 18 de enero del presente año se registraban ya 33 muertes violentas de mujeres, es decir, más de una muerte por día.

Con qué derecho, entonces, se puede estar prestando una atención tan torcida a la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, la cual en las semanas pasadas ha sido colocada en medio de discusiones alejadas de las urgentes razones que la motivaron, es decir, de la existencia de un sistema patriarcal que durante siglos—cada vez con menos éxito—ha intentado excluir a las mujeres de sus derechos fundamentales, de su voz y de su presencia en espacios de poder; y que no ha prestado atención a las causas sociales que provocan tanta violencia contra las mismas.

Lo sabemos y nos duele, vivimos en un país violento como resultado de —entre muchas otras cosas— la incapacidad de los gobiernos anteriores de propiciar una transición efectiva de los 36 años de conflicto armado a un Estado verdaderamente democrático; de una historia colonial que durante siglos ha promovido sistemas de poder económicos, políticos y sociales que únicamente benefician a unos pocos y que fortalecen modelos de autoridad totalmente patriarcales; de una sociedad civil en su mayoría excluida, empobrecida, manipulada y víctima de una educación que no promueve el pensamiento crítico.

Es cierto que desde 1996 a la fecha ha habido algunos avances, la mayor parte bastante tímidos en realidad y apenas respaldados por leyes que en general nunca se atrevieron a ir al fondo de las problemáticas que intentaban resolver. Pero también es cierto que a la sociedad guatemalteca le ha costado ir tomando conciencia de su historia o, más bien, de las razones de su historia y de las maneras en que ésta le ha sido contada, por lo que generalmente actúa de manera poco analítica, desinformada y egoísta.

Ahora bien, en relación con la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, la responsabilidad que tenemos es darla a conocer, hacerla elemento de la reflexión y el debate, echarla a andar y, si en su momento es necesario, enmendar lo que haya que enmendar. Pero sobre todo, no permitir que los debates nacionales se desvíen de lo verdaderamente urgente.