El señor Giordano dijo con todas las letras que esperaba poner de rodillas al gobernador de su departamento para luego obligarlo a darle lo que le pidiera, para lo cual usó las más soeces de las metáforas. Su jefe de bancada no solo no lo reprende, sino lo estimula a actuar de esa manera, mostrando que está al tanto de tales prácticas y que ese es el comportamiento de los miembros de su grupo parlamentario con los distintos gobernadores, comportamiento que ya había quedado en evidencia cuando, sin el mayor recato, se dedicaron a presionar a la gobernadora de Alta Verapaz, quien debió comparecer ante ellos y ante los medios de comunicación desprovista de cualquier colaborador.
El hecho, que ha causado repulsa en un amplio sector de la sociedad, apenas si mereció un comentario genérico del presidente de la república, quien dejó para el próximo evento electoral la sanción pública a dichos diputados. Lo que sería apenas aceptable si los implicados fueran miembros de partidos de oposición es totalmente inadmisible al tratarse de miembros del propio partido y, en consecuencia, de los encargados de promover en el Congreso las acciones que desde el Ejecutivo se intentan impulsar.
Giordano y Hernández han quedado totalmente descalificados como representantes y actores de la renovación del sistema político nacional, por lo que resulta incomprensible cómo el señor Morales, que se autocalifica de no corrupto, podrá de ahora en adelante ampararse en ellos para defender sus posiciones. Si él no combate de frente los públicos comportamientos corruptos de sus aliados y, por el contrario, se apoya en ellos para ejercer el poder, estará mostrando que en el fondo, y aunque de inmediato no se beneficie de esas prácticas, es tan corrupto como ellos.
El hecho ha dejado al desnudo la debilidad y la incapacidad política del actual gobierno, pues, si por un lado en casi todos los departamentos se afirma desde distintos sectores que las personas nombradas como gobernadores departamentales no cumplen con los mínimos requisitos para ejercer el cargo, la bancada oficial, formada con sobras de los distintos partidos, ha confirmado, en apenas unos días, que se ha integrado simple y sencillamente para continuar usufructuando ilegal e impunemente los recursos públicos.
El presidente ha entrado demasiado temprano en el callejón sin salida del descrédito político. Además, ha resultado aislado de su propio partido. Sin organización política que objetivamente lo respalde, de ahora en adelante lo veremos caminar a la deriva. La tibieza con la que ha enfrentado este asunto permite suponer que para él humillar a los funcionarios públicos es, como lo dijo su vocero, una práctica política apegada a derecho, sin que podamos comprender a qué tipo de derecho se refería.
Con su débil comportamiento, Morales nos ha demostrado que para él la deshonestidad, el abuso y la coacción son cuestiones menores en el ejercicio de la política y que él es incapaz de, al menos teatralmente, mostrar indignación ante tal práctica. Todo lo contrario, la ha aceptado como algo natural y necesario para mantener una falsa y espuria mayoría en el Congreso, de la que, como se ha visto hasta ahora, solo tratarán de sacar beneficios ilegítimos los diputados que sin mayores escrúpulos han defraudado a sus electores al cambiarse de bancada, aunque en su mayoría se mantengan como miembros y hasta dirigentes de las organizaciones políticas por las que fueron elegidos.
Posiblemente por ello es que Morales ha optado por refugiarse en brazos de lo más oscuro y atrasado de la exoficialidad del Ejército. Imagina ingenuamente que al menos allí encontrará respaldo y apoyo para cumplir con su gestión, la que a todas luces se concentrará en discursos moralistas, pero sin contenido ni sentido político, jugando a figurar como reina de feria, cortando cintas en la inauguración de eventos y en la entrega de supuestos beneficios.
Pero el comportamiento repudiable de los diputados Giordano y Hernández no puede quedarse en una llamada de atención verbal por parte de la Junta Directiva del Congreso. El Ministerio Público está llamado a investigar su comportamiento de manera efectiva, para lo cual deberá accionar el pedido de retiro del derecho de antejuicio, de manera que puedan ser analizadas todas las conversaciones de quienes, amparados en la inmunidad parlamentaria, de manera abierta y descarada se han dedicado a extorsionar a funcionarios públicos.
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