Se supone que la CC, según la Constitución Política de la República, es el más alto tribunal del país en materia Constitucional y por lo tanto de derecho. Se supone también que por ello ha de integrarse con personas de un alto grado de formación académica y ejercicio profesional en la materia, así como de los más altos valores. Sin embargo, paulatinamente, pero sobre todo en la actual gestión, la CC ha devenido en poco menos que una ventanilla para gestiones de impunidad.
El comunicado de marras fue difundido luego de que desde la cuenta oficial de la CC en la red social mencionada, hubo una respuesta con un signo de interrogación de cierre (?). La respuesta de la CC fue a un tuit de Paulo Abrāo, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que aludía a las nuevas élites progresistas de Latinoamérica. Los comentarios y críticas a la respuesta de la CC (con un único signo, por cierto mal empleado según las reglas del español), fueron inmediatas por el contenido marcadamente ideológico del significado de aquella.
La reacción de la máxima corte del país fue decir que sus cuentas en redes sociales habían sido hackeadas y a ello atribuían, sin precisar, la nada seria y desafortunada respuesta en Twitter. Las mismas personas usuarias de la red, en respuesta al comunicado, pusieron de manifiesto lo desafortunado del mismo. Tan desafortunado como la respuesta al tuit.
De entrada le hicieron ver a la persona o equipo que maneja dichas cuentas que, de haber sido hackeada no habría podido tener acceso a la misma para colocar el comunicado. Luego en un nivel de mayor análisis, expusieron la falta de seriedad y cinismo implícito en el comunicado al analizar que cualquier hackeo de una cuenta de tal naturaleza no se limitaría a colocar un signo en una respuesta y que, además, cualquier hacker habría publicitado su hazaña cibernética. Con varias decenas de comentarios, la CC y no solo su equipo de comunicación, quedaron en el más completo ridículo en materia comunicacional.
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En la prisa por responder a su entuerto obviaron lo que implicaba decir que habían sido objeto de hackeo: la enorme debilidad que aceptaban tener en materia de seguridad digital. Esto resultaría gravísimo por cuanto la CC gestiona expedientes y notificaciones por vía digital. En ese sentido, un hackeo de sus cuentas como expresión de debilidad digital podría también anunciar debilidad en controles de otra naturaleza en materia de comunicaciones. Una debilidad que no se justificaría según los costos que esto representa en el presupuesto institucional.
La cuestión de fondo es por qué una reacción oficial que mediante una mentira absurda y cínica busca ocultar la verdad detrás del fallo en el manejo simultáneo de varias cuentas de redes sociales. Y el hecho es que se pone de manifiesto la relación entre quienes manejan las cuentas oficiales de instituciones del sistema de justicia (Organismo Judicial, CC, Ministerio Público) y los perfiles de los llamados netcenters de defensa de la corrupción, la impunidad y la escalada dictatorial en Guatemala.
Ese es en realidad el problema de fondo y que el desliz en la cuenta oficial de la CC pone al descubierto. Si había alguna duda sobre el vínculo de las autoridades de estas instituciones con las redes de abogangsters que alimentan el cyborg maestro de la cuenta que difama, hostiga y amenaza a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia, ahora queda en evidencia.
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