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De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en Livingston
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De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en Livingston

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El contrato 6-98 cedía más de 74 mil hectáreas, incluido el 60% del lago de Izabal.
La protesta de los pueblos q´eqchi´, organizaciones comunitarias, organizaciones ambientalistas y municipalidades de Izabal, provocó que las actividades petroleras se estancaran.
Guatemala: mapa del municipio de Livingston, Izabal, y actividades económicas que se desarrollan actualmente. Fuente: Segeplan
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Tipo de Nota: 
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Tiempo aproximado de lectura: 29 mins
Historia completa Temas clave

La familia de los Campollo Codina, uno de los grupos corporativos del G-8, el círculo que articula todavía el poder económico hegemónico en Guatemala, administra, a través de la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), las concesiones petroleras que realizó el gobierno de Álvaro Arzú en Livingston. Los intereses petroleros de la familia llegan, a través de alianzas con capitales extranjeros, hasta Belice, un país con el que Guatemala mantiene una disputa territorial que tiene, como objetivo, una extensa zona de salida al mar en la que el petróleo es uno de los recursos más apetecidos. En esta primera parte Luis Solano y Rocío García repasan la historia intrincada de esas concesiones.

Por Luis Solano y Rocío García

ÍNDICE
Introducción
De los orígenes de un “crudo” negocio
La mesa está servida: llega la Compañía Petrolera del Atlántico
Fase actual: CPA va por el petróleo

Introducción

La riqueza natural del municipio de Livingston, Izabal, siempre ha sido un atractivo para inversionistas locales y extranjeros. Desde el siglo XIX, cuando se comenzó a expoliar su riqueza forestal, el interés por sus recursos no renovables aumentó considerablemente.

En los últimos tres lustros, megamonocultivos como la palma africana, las licencias mineras para extracción de níquel y los contratos petroleros se posicionaron como los grandes negocios que, como siempre, capitales nacionales y extranjeros asociados los concentran. Junto a proyectos turísticos, otros monocultivos nuevos como la teca y la melina, fincas ganaderas y agroforestales, e incluso “narcofinqueros”, el panorama se torna borrascoso para la riqueza natural y las comunidades del municipio.

La amenaza latente contra la riqueza natural, áreas protegidas, parques nacionales y los desafíos impuestos a los derechos de las comunidades asentadas desde hace décadas en ese municipio, hacen brotar ambientes conflictivos. Las violaciones a los derechos humanos de los comunitarios y las comunitarias así como las constantes amenazas en un contexto donde las comunidades se han visto atrapadas por los modelos estatales de legalización de sus tierras, están creando movimientos de protesta y rechazo contra esas inversiones. La más reciente de estas movilizaciones y voces de protesta van contra las operaciones petroleras que cobraron auge en el último año. Sin embargo, esa lucha comunitaria no es nueva. Dio inicio desde el mismo momento en que el gobierno de Álvaro Arzú y del Partido de Avanzada Nacional (PAN) ofreció una gran extensión territorial del municipio de Livingston que a la vez incluía el Lago de Izabal, para explorar petróleo y gas natural.

En 1997, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), tras una licitación petrolera internacional, concedió dos contratos petroleros a la guatemalteca Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), localizados en Livingston:

a) El primero abarcaba casi todo el Lago de Izabal; y,

b) El otro recorría toda la frontera terrestre y marítima con Belice.

Ambos contratos fueros firmados y autorizados en el año 2001 durante la gestión de Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). El segundo contrato tomó forma con el gobierno de Alfonso Portillo, pero el primero fue cancelado en 2002 durante esa misma gestión. La razón: el posicionado sobre el Lago de Izabal levantó serias protestas comunitarias y de organizaciones ambientalistas a principios de la década pasada, lo cual presionó al gobierno a tomar esa decisión. Sin embargo, el gobierno dejó vigente el contrato que recorre las riberas del Río Sarstún y se adentra en la plataforma marítima donde desemboca ese accidente geográfico, en la frontera con Belice.

Con el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA) dieron comienzo los estudios de la fase sísmica, y ya con el gobierno actual de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), la CPA se prepara para perforar un pozo petrolero exploratorio.

Todo este proceso agudizó las relaciones comunitarias pues dividió  comunidades, perjudicó trámites de legalización de tierras, complicó la vida de muchos comunitarios y comunitarias que hoy se ven afectados con demandas judiciales interpuestas por instituciones estatales, presionadas por la compañía petrolera en cuestión, según las denuncias de los pobladores.

El ensayo que se presenta a continuación es un esfuerzo por develar poderosos intereses que se aglutinan alrededor del potencial petrolífero que yace en el territorio de Livingston y su plataforma marítima.

Aborda el análisis de estos de intereses desde varias disciplinas tales como la economía política, el periodismo de investigación, la ecología política y la historia política. Para ello se apoya en la interpretación del concepto de territorio ofrecida por David Harvey, quien define esta categoría en términos geopolíticos y estratégicos donde el capital, en crisis de acumulación[1] en algunos países, puede ser absorbido vía desplazamiento temporal[2] o bien desplazamiento espacial[3], lo que implica su incursión en territorios fuera del país que sobreacumuló. De lo contrario, el capital inmóvil se devalúa al perder su capacidad de producir plusvalía. Estas inversiones de capital externo se fusionan con los intereses de capitales locales, y se arman alianzas inversionistas como la que este ensayo analiza.

En este ensayo queremos precisar que esos capitales extranjeros no emergen súbita e inesperadamente como podría deducirse mecánicamente del modelo explicativo. Refuncionalizan relaciones históricas en contextos nuevos y arriban a los territorios a partir de nexos con capitales locales y operadores que conocen la estructura y funcionamiento de toda una institucionalidad ambiental, económica, política, además de aspectos de índole fiscal y jurídica.

Estas conexiones facilitan que los capitales provenientes de otros países se instalen con alguna certeza y estabilidad, al tiempo que dan oportunidad a la conservadora burguesía guatemalteca de insertarse con ciertas garantías en mercados internacionales[4]. Es una nueva relación corporativa que tiene como base precisamente, el movimiento global especulativo del capital financiero.

Este estudio pretende, además, demostrar los fuertes vínculos existentes con otros contratos e intereses petroleros localizados en el sur de Belice contiguos al área fronteriza con Guatemala, e igualmente con la plataforma marítima compartida entre ambos países. Apela a evidenciar cómo los petroleros y elites empresariales guatemaltecas, han sacado amplia ventaja de un diferendo limítrofe entre Guatemala y Belice que está lejos de resolverse y donde el tema de los hidrocarburos subyace entre los mayores intereses de esa añeja disputa territorial. Finalmente, busca exponer a luz pública la difícil situación que atraviesan miles de pobladores comunitarios y pobladoras comunitarias atrapadas entre esos intereses corporativos, la amenaza estatal y los juegos políticos de algunas instituciones ambientalistas estatales y privadas que tienen bajo su autoridad las áreas protegidas y parques nacionales creados en los últimos años en Livingston, y que hoy acorralan a los pobladores.

Para una mejor comprensión de las argumentaciones y las informaciones contenidas en el texto del ensayo, lo hemos dividido en dos partes:

1.- La primera trata, desde una perspectiva histórica, la actividad petrolera en el municipio de Livingston en el transcurso de las últimas cinco décadas, y los múltiples intereses que han confluido en la región. Se incluye en esta parte un análisis de la situación actual y se aborda la estrecha relación existente con contratos petroleros en el sur de Belice y el contrato petrolero en Livingston, todo esto en el contexto de la añeja disputa territorial entre Guatemala y Belice.

2.- La segunda parte aborda igualmente la conflictividad comunitaria creada por la presencia de esos intereses petroleros, en un contexto de la creación de áreas protegidas, conflictos agrarios, incumplimientos estatales para la legalización de tierras y la presencia de grandes negocios lícitos e ilícitos que han colocado en una situación difícil a muchas comunidades. El incierto futuro de estas poblaciones y sus formas de lucha y resistencia quedan plasmados en esta sección.

De los orígenes de un “crudo” negocio

Petróleo, crudo, hidrocarburos, todos sinónimos de un recurso natural no renovable que por décadas se ha buscado ansiosamente en el norte de Guatemala. El municipio de Livingston no ha sido la excepción.

Ubicado en la cuenca petrolera Amatique, el municipio de Livingston es una región de interés petrolero desde la década de 1940. Desde ese entonces se han detectado indicios de la existencia de hidrocarburos, lo que sumado a la cercanía de áreas con potencial petrolero en Belice, hacen del municipio de Livingston una zona geoestratégica.

Según ancianos de la comunidad de Plan Grande Quehueche “en 1949, personas de origen alemán realizaron una exploración en el área y específicamente en el Cerro de la Virgen, Tampico, Quehueche y Cocolí. Se dice que los alemanes encontraron petróleo pero lograron determinar un punto estratégico para extraerlo. Sin embargo, antes de retirarse y llevarse con ellos muestras de rocas, mencionaron que retornarían para continuar las exploraciones”[5].

Esas comunidades se encuentran en la costa atlántica o muy cerca de ella, a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Livingston y de la frontera con Belice. Hoy día, casi todas se encuentran dentro de uno de los bloques petroleros que por años se ha concedido a diferentes petroleras, sin hallazgo alguno de crudo.

Con la contrarrevolución de 1954 y la emisión de un nuevo Código Petrolero en 1955[6], elaborado en inglés por un grupo de compañías estadounidenses conocidas como las “Siete hermanas” para beneficiarse ellas mismas y sus socios, Livingston comenzó a ser el centro de atención.

En 1956, la entonces Dirección General de Minería e Hidrocarburos (DGMH) autorizó una extensa área de Livingston a un consorcio de siete petroleras estadounidenses que incluían empresas asociadas para sumar en total 11 socios. Estas petroleras eran Standard Oil Ohio; ESSO; Amerada; Conoco; Standard Oil of California (SOCAL); Signal; y Union Oil de California.

Entre los socios de esas empresas estaban Petróleos Guatemaltecos, S.A. y Petrolera California, S.A., la cual era subsidiaria de Standard Oil of California. Ambas empresas eran subsidiarias guatemaltecas y eran representadas por Amadeo Cordón Cordón y Emilio Cordón Méndez, familiares de Manuel Ayau Cordón, fundador de la Universidad Francisco Marroquín y máximo exponente del neoliberalismo en Guatemala[7].

Ese consorcio realizó un mapeo geológico de superficie. Junto a ese bloque petrolero, la DGMH otorgó otra área que incluía a los municipios de Livingston y Puerto Barrios, a un consorcio de seis socios, operado por la Standard Oil of California.

En 1957, las compañías ESSO, Shell, Socal y Texaco realizaron levantamientos gravimétricos en aquella región del Atlántico guatemalteco. Ese mismo año, una operación conjunta de 17 compañías y operadas por ESSO, condujeron un trabajo aeromagnético en Petén e Izabal (Livingston y el área de Amatique). Como resultado, en 1959 California Petroleum Co. (Petrolera California) perforó el pozo Livingston-1 en el lugar conocido como La Vaca, en las cercanías de la cabecera municipal de Livingston, el cual fue abandonado como seco.

En 1968, nuevamente la DGMH otorgó una concesión de exploración petrolera en Izabal que incluyó los municipios de Livingston, Los Amates, Morales, Puerto Barrios y El Estor. Esta vez, la beneficiada fue la compañía Centram S.A. La concesión tenía 322,926 hectáreas e incluía la plataforma continental (mar).

Centram, S.A. era una compañía petrolera creada por las mineras International Nickel Company (INCO) y Hanna Mining Company. Ambas operaban en Guatemala desde principios de la década de 1960 por medio de su subsidiaria Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), en el municipio de El Estor[8]. EXMIBAL encontró indicios de petróleo conduciendo al consorcio minero extranjero a constituir la empresa petrolera para operar esa inmensa región que abarcaba la concesión[9]. Entre 1968 y 1974, Centram desarrolló estudios sísmicos en Livingston.

A finales de 1974, Hanna Mining vendió sus derechos que tenía en Centram, S.A. a la empresa Zamora, S.A. que fue inscrita en Guatemala en 1973 y era una subsidiaria formada por las petroleras canadienses Canadian Superior Energy, Western Decalta Petroleum, Westcoast Petroleum y Corelex. De esa manera se integró la empresa petrolera Centram-Zamora, S.A., subsidiaria de INCO por tener la mayor parte de las acciones[10].

Entre 1975 y 1980, Centram-Zamora perforó en la plataforma marítima ubicada frente a Livingston los pozos Manglar-1, Manabique-1, Manabique-1A y Manabique-1B, pero todos ellos resultaron secos. En 1981, la petrolera Basic Resources, que para ese año era la única que explotaba petróleo en Guatemala -el campo de Rubelsanto, en Alta Verapaz- adquirió los derechos petroleros de Centran-Zamora pero no reportó actividad alguna.

Posteriormente, en 1990, el MEM aprobó a la petrolera Shell un contrato petrolero que incluía el Lago de Izabal. Junto a su socia en Guatemala Shell Exploradora y Productora de Guatemala B.V. (SEPG), Shell perforó un pozo en las cercanías del puente de Río Dulce, nombrado Colorado 1X por estar localizado en los linderos del sitio arqueológico Colorado y la hacienda ganadera Colorado. El pozo no dio los resultados esperados. Este contrato buscaba fundamentalmente la explotación de gas natural y petróleo, hidrocarburos que se cree, existen en grandes cantidades en esa zona[11].

La mesa está servida: llega la Compañía Petrolera del Atlántico

La exploración petrolera en esos 20 años en Livingston, infructuosa en términos de hallazgos de crudo en cantidades comerciales pero rica en información acumulada, fue la base para que el gobierno empresarial de Álvaro Arzú preparara la mesa para otorgar, una vez más, la apetecida zona petrolera de Livingston.

Durante el gobierno de Arzú (1996-2000) tuvo lugar una de las mayores campañas de la historia del país para atraer inversión extranjera en los campos petroleros y mineros. En consecuencia, varias compañías mostraron interés en invertir. Aunque los resultados en materia de hidrocarburos no fueron los esperados, para los capitales locales las puertas se abrieron de nuevo.

Una de las compañías que se benefició fue la guatemalteca Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), la cual se inscribió en abril de 1997 en pleno proceso de licitación petrolera. Un mes después fue autorizada para operar durante el gobierno de Arzú cuando se le aprobó las áreas identificadas como A-6-96 y A-7-96; esta última integrada por los bloques N-10-96 y O-10-96.

El 21 de diciembre de 1998, CPA y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) suscribieron los contratos de Opción Sísmica números 6-98 y 7-98, los cuales se publicaron bajo la figura de Acuerdo Gubernativo[12]. En el 6-98, el interés se centraba en la exploración de gas natural mientras que en el 7-98, en petróleo.

Las áreas de contrato aprobadas a la CPA en 1997 estaban localizadas en el Lago de Izabal y en el área del Río Sarstún, ambos en Livingston. El primero, el 6-98, se anuló durante el gobierno de Alfonso Portillo debido a las protestas comunitarias y la crítica de organizaciones ambientalistas. La cancelación quedó plasmada en el Acuerdo Gubernativo 171-2002.

Sin embargo, el contrato 7-98 fue autorizado por ese gobierno que lo firmó pocos días después. En el caso del contrato 7-98, llamó la atención que no se aprobó y firmó sino hasta tres años después que se le autorizó a CPA, y sólo se hizo hasta que CPA demostró que tenía capacidad financiera, técnica y que el estudio de impacto ambiental fuera aprobado para operar los bloques petroleros.

Dos años antes, en 1999, la entonces Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) –ya desaparecida y sustituida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)-, había aprobado el estudio de evaluación de impacto ambiental de CPA, según resolución 10-99AJP/SM. Dicha aprobación se hizo sin consultar al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

El contrato 6-98 cedía más de 74 mil hectáreas, incluido el 60% del lago de Izabal.

Mientras tanto, el contrato 7-98 comprende unas 58 mil hectáreas dentro del territorio que colinda con el Río Sarstún, y de acuerdo con el Artículo 2 del contrato, CPA tenía que presentar un estudio de impacto ambiental al CONAP. Efectivamente, en julio de 2001, cuando el contrato 7-98 fue publicado en el Diario de Centro América, CPA presentó al CONAP el mismo estudio de impacto ambiental presentado a CONAMA. El 4 de junio de 2001, CONAP dio a conocer que la concesión petrolera violaba el Artículo 20 de la Ley de Áreas Protegidas. Se desconoce si CONAP y el MARN) -en sustitución de CONAMA- autorizaron el estudio de impacto ambiental y celebraron un mutuo acuerdo como lo manda el Artículo 20: “Actividades dentro de las Áreas Protegidas. Las empresas públicas o privadas que tengan actualmente, o que en el futuro desarrollen instalaciones o actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, celebrarán de mutuo acuerdo con el CONAP, un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación, determinadas por un estudio de impacto ambiental, presentado por el interesado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual con su opinión lo remitirá a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para su evaluación, siempre y cuando su actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro de la unidad de conservación de que se trate.”

Antes que CPA firmara ambos contratos en 2001, la petrolera realizó las primeras actividades en las áreas contratadas conjuntamente con Geopetrol, empresa guatemalteca que hizo los reconocimientos geológicos y geofísicos. Igualmente participó Petdegua, una empresa que presta servicios petroleros de perforación y que fue creada e inscrita en Guatemala en 1996 por el estadounidense Jerry Kaiser, entonces Presidente de Independent Petroleum Land Services (IPLS), la cual tenía sede en Colorado, Estados Unidos, y operaba en Guatemala por medio de Petdegua[13].

Junto a esas empresas también se incluyó a la estadounidense AB Energy. En 2001, esta empresa tuvo problemas y se dividió en dos: Island Oil y US Capital Energy. La primera quedó en manos de Jerry Kaiser, y la segunda fue presidida por Brian Richter. En 2000, Kaiser era el Gerente de Operaciones de CPA, mientras que US Capital Energy se integró como operadora del contrato 7-98 en 2001.

En aquel momento, Kaiser aseguraba la existencia de petróleo en la zona y afirmaba que “podría vender de 2 mil a 3 mil barriles diarios de petróleo tan sólo a los molinos de caña, uno de los cuales es el propietario de Atlántico, el cual genera energía eléctrica y la vende a la compañía eléctrica del gobierno. También menciona que las compañías podrían trabajar en transacciones bajo las cuales el petróleo guatemalteco podría ser embarcado de Guatemala hacia Texas o comercializado en las refinerías de Sudamérica o para las plantas de energía a lo largo de la costa del Pacífico en la parte sur de Guatemala”[14].

Un dato importante a tomar en cuenta es que el contrato 7-98 sólo se aprobó hasta que CPA demostró solvencia financiera. Así, el 1 de agosto de 2000, el grupo empresarial dueño de CPA formó la compañía Flamingo Energy Investment, la cual fue inscrita en esa fecha en Florida Department of State´s Division of Corporations del Estado de Florida, Estados Unidos.

Fase actual: CPA va por el petróleo

En 2002, cuando el gobierno de Alfonso Portillo le canceló a CPA el contrato 6-98, la petrolera entró en un impasse que duró hasta el 2005. La protesta de los pueblos q´eqchi´, organizaciones comunitarias, organizaciones ambientalistas y municipalidades de Izabal, provocó que las actividades petroleras se estancaran.

En 2005, durante el gobierno de Óscar Berger, CPA parecía haber estabilizado sus operaciones al entrar a una nueva fase para explorar el área del contrato 7-98. En noviembre de 2005 se anunció un intento de asociación con una empresa de reciente creación en Gran Bretaña: Taghmen Energy, surgida en julio de 2004[15].

Sin embargo, en enero de 2006, el acuerdo se desechó. No obstante, el documento preliminar del acuerdo ofreció detalles interesantes, por ejemplo, que se firmaría con Flamingo Energy Investment e incluía dos contratos propiedad de Flamingo Energy: el 7-98 en Guatemala, y el Bloque 19, en Belice, inscrito en Belice a nombre de US Capital Energy Belize Ltd., subsidiaria de la estadounidense US Capital Energy Partners(24). Se estableció entonces que Flamingo Energy también controlaba a US Capital Energy[16]. Además, el acuerdo documentaba la existencia de 130 millones de barriles de petróleo de reservas brutas en ambos contratos.

El acuerdo fallido entre Flamingo Energy Investment y Taghmen Energy también puso de manifiesto el profundo interés existente por explorar toda la zona petrolífera en Livingston y en el Distrito de Toledo, incluso, manteniendo la expectativa de reactivar el contrato en el Lago de Izabal.

En toda esta situación pesaba también que en 2005, a través del Decreto 12-2005, se declaró Área Protegida “Área de Uso Múltiple Río Sarstún” una parte de la región del Río Sarstún, por lo que las operaciones parecían suspendidas hasta que se aclarara si podría haber actividad petrolera en la zona. El Artículo 30 del Decreto que a continuación citamos, le complicaba el panorama a CPA.

Artículo 30. Actividades de Exploración y Explotación Petrolera y otros Minerales en el Área Protegida. Las Actividades de Exploración y Explotación petrolera están prohibidas en las Zonas Intangibles y Primitivas. En el eventual caso de un descubrimiento de yacimientos de importancia comercial, se deberán establecer mecanismos de participación de los ingresos económicos provenientes de dichas actividades, para que el área protegida y las comunidades locales se beneficien.

Dicho mecanismo deberá establecerse previamente a la autorización de las licencias de explotación o exploración. En todo caso, las actividades de aprovechamiento sólo podrán hacerse desde la Zona de Uso Múltiple o de la Zona de Amortiguamiento.

El área protegida deberá adoptar y emitir aquellos reglamentos específicos que sean necesarios para monitorear, minimizar y mitigar los posibles daños ambientales provenientes de las actividades de exploración y explotación petrolera o minera.”

Ese artículo fue promovido por organizaciones ambientales como la Fundación para el Desarrollo Ecológico (FUNDAECO), y como se verá más adelante, en 2009, la conjunción de organizaciones ambientalistas, instituciones del Estado a cargo de las áreas protegidas y CPA allanaron el camino para que, entre otras cosas, la petrolera pudiera operar sin mayor problema.

De esa manera, el 6 de octubre de 2010 todo cambió. CPA logró un nuevo acuerdo con la segunda petrolera más importante que opera en Colombia: la canadiense Pacific Rubiales Energy Corp. (PREC), dando paso de esta manera a la fase en la que se encuentran actualmente las operaciones petroleras en el contrato 7-98[17].

En esa fecha, Pacific Rubiales anunció la suscripción de “un Acuerdo de Participación por medio del cual la Compañía posee una participación en la operación del 55% y actúa como operador de Contrato "A-7-98", el cual corresponde al área conocida como "A-7-96", conformada por los bloques "N-10-96" y "O-10-96" en Guatemala. La restante participación en la operación está en manos de la Compañía Petrolera del Atlántico, la cual a su vez pertenece a Flamingo Energy Investment (BVI) Ltd., y a CHx Guatemala imitada”

Este acuerdo hizo público, por primera vez, la sociedad entre CPA y Chx Guatemala Limitada, la cual se originó en 2007 cuando Chx Guatemala se inscribió en el Registro Mercantil.

Chx Guatemala es subsidiaria del consorcio financiero estadounidense Aspect Holdings, cuyo Presidente es Alex Cranberg, y quien es el Representante de la empresa en Guatemala. Los asesores legales en Guatemala son los abogados del bufete Bonilla Montano, Toriello & Barrios, reconocido por representar a mineras y petroleras canadienses en el país. Chx Guatemala ha estado a cargo de la recolección de datos de las operaciones sísmicas que identificarían las áreas de interés para perforar los pozos exploratorios.

En Belice, Chx opera con el nombre de Chx Belize Ltd., subsidiaria de Chx Capital y que es una afiliada de Aspect Holdings. Es reconocida porque posee el 36% del único contrato petrolero productor de crudo en la actualidad conocido como Spanish Lookout, localizado en la frontera con Guatemala del lado del municipio de Melchor de Mencos, Petén. Este contrato es operado por la compañía Belize Natural Resources que posee el 54%, y donde el gobierno también tiene una participación del 10%.

El acuerdo con PREC también estableció que "durante el 2010, la Compañía inició actividades de campo cuyo objetivo era identificar aspectos como (a) logística, acceso y diseño de futuros trabajos de campo geológicos y geofísicos; (b) disponibilidad de compañías de perforación y adquisición sísmica en Guatemala; (c) permisos ambientales y otras áreas de apoyo relacionadas. Todas estas actividades beneficiaran el establecimiento del programa exploratorio que será presentado para aprobación en el primer trimestre del 2011.

Las actividades de exploración para el 2011 en Guatemala incluirán: reprocesamiento de 300 km de sísmica 2D, adquisición y procesamiento de 300 kilómetros adicionales de sísmica 2D; 6,800 kilómetros de datos aero-magnéticos y de aerogravimetría; 6,600 km2 de levantamientos de percepción remota, un proyecto de análisis de geología de superficie (incluyendo análisis de muestras), y el comienzo de un análisis geológico integrado para definir las ubicaciones de los prospectos sitios para exploración que serán perforados en el 2012.

Bajo el Contrato, la Compañía recibirá participación, al igual que los derechos de operación del Contrato, al realizar las siguientes actividades (en conjunto el "Compromiso"): 500 kilómetros de reprocesamiento de información sísmica 2D existente; 12.000 km2 de aerogravimetría & magnetometría; Estudios Geológicos y Geofísicos; Adquisición, proceso e interpretación de 300 km de sísmica 2D; la perforación de un pozo exploratorio.

Las primeras cuatro actividades tendrán un costo aproximado de USD$ 11.200.000.oo., y la perforación del pozo exploratorio tendrá un costo aproximado de USD$10 millones. En virtud del Contrato, si la Compañía determina que se debe realizar la perforación de un segundo pozo exploratorio, procederá de conformidad con su nueva participación. Por lo tanto, el monto total a ser invertido por la Compañía en el Contrato en el corto plazo, incluyendo el segundo pozo exploratorio, se calcula en USD$ 25.875.000.oo."

En agosto de 2012, PREC dio a conocer un informe de gestión actualizado a junio de 2012, en el que informa que: En los bloques localizados en Guatemala (N-10-96 y O-10-96) la Compañía, por intermedio del operador de los bloques (Compañía Petrolera del Atlántico S.A. (“CPA”), completó los estudios de aerogravimétricos y aeromagnéticos, y dio inicio a la adquisición de 324 kilómetros. de sísmica 2D y un estudio de detección remota. La conclusión de estos programas está programada para el segundo semestre del 2012.

Estos trabajos se hacen conjuntamente con la empresa ecuatoriana Aerosurveys, S.A., asociada con la ecuatoriana Wicap, S.A[18].

De acuerdo con un mapa de Flamingo Energy Investment, existen tres zonas de interés en el contrato 7-98, las cuales aparecen marcadas con amarillo abajo del Río Sarstún. A mitad del mapa se observa el Río Sarstún y las zonas de interés del lado de Belice, tal como se puede observar en este mapa.

Las tres zonas de interés identificadas, de acuerdo con un mapa de Livingston elaborado por la Secretaría de Planificación y Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), se encontrarían aproximadamente en las fincas Blue Creek, Tripa de Gallina y entre la finca Chocón Anexo y la aldea Sebilá -las fincas están marcadas en el mapa con puntos verdes-. En esta última comunidad es en donde hay más oposición a las actividades petroleras de CPA.

Por distintas informaciones de prensa se deduce que PREC también se involucrará en actividades de prospección sísmica en el Bloque 19 en Belice. Incluso, que estaría interesada en ofertar en áreas petroleras cercanas a Livingston que el MEM sacó a licitación internacional en agosto de 2012. El área de posible interés sería la denominada Cancuén 5-2012 que colinda con el contrato 7-98, y que contiene una parte del municipio de Livingston, limítrofe con el departamento de Izabal y con Belice, tal como se ve aquí.

En diciembre de 2012 se conocerá si se adjudicó el área y que empresa fue la ganadora. 

Esta es la primera parte de De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en el municipio de Livingston, Izabal, un artículo que elaboró El Observador, y Plaza Pública republica con su autorización. Su continuación es esta: Comunidades invisibilizadas por la cruda realidad petroleraAquí está la versión original en pdf.


[1] Las crisis de sobreacumulación se caracterizan por excedente de trabajo (creciente desempleo) y excedente de capital (expresado en la sobreabundancia de mercancías en el mercado que no pueden venderse sin pérdidas como capacidad productiva inutilizada o excedentes de capital-dinero que carecen de oportunidades de inversión productiva y rentable). Harvey, David. “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”. Universidad de Oxford. página 100.

[2] El desplazamiento temporal de las inversiones se refiere a proyectos de largo plazo o gastos sociales como educación e investigación. Harvey habla de la resistencia de los países con sobreacumulación a una reorganización interna que permita el desplazamiento temporal vía gasto social, por lo que se prefiere la del desplazamiento temporal vía inversión o en proyectos del tipo de la infraestructura. Ibídem.

[3] Este desplazamiento espacial hacia la búsqueda de nuevos mercados genera lo que Marx llamó acumulación originaria de capital, pero su vigencia como forma de evitar las crisis de sobreacumulación de capital en forma de desplazamientos espacio-temporales, invitan a Harvey a replantear el concepto como acumulación por desposesión. Esta incursión en nuevos territorios, que Harvey llama desplazamiento espacial de capital, se hace vía inversión, por lo que se observan inversiones financieras extranjeras que, en países como Guatemala, se concretan en la proliferación de actividades.

extractivas, monocultivos, declaratoria de áreas protegidas y la consecuente deslocalización y/o desterritorialización de comunidades indígenas y campesinas.

[4] Otra precisión necesaria es que la sobreacumulación también puede ocurrir "en pequeño", es decir, al interior de los mismos países. Esto se experimenta como una dinámica en la cual los capitales locales relativamente grandes, invierten en nuevos negocios dentro de un mismo país.

[5] Tally, Engel. “Cuando las áreas protegidas invaden las comunidades. La violación de los derechos de las comunidades maya q´eqchi´ del Sarstún”. Asociación Aj Rahonel re li Cho´ch´- Amantes de la Tierra. En prensa.

[6] Las Siete Hermanas eran las siguientes empresas: 1. Standard Oil of New Jersey (ESSO), que al fusionarse con Mobil formó ExxonMobil (EE.UU.); 2. Royal Dutch Shell (Anglo-holandesa); 3. Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), luego conocida como British Petroleum (BP), (Reino Unido); 4. Standard Oil of New York, luego conocida como Mobil. Hoy en día se encuentra fusionada y es parte de ExxonMobil (EE.UU.); 5. Standard Oil of California, luego conocida como Chevron. Se fusionó posteriormente con Texaco para formar ChevronTexaco. Actualmente su nombre es Chevron Corporation (EE.UU.); 6. Gulf Oil Corporation, que en 1985 fue adquirida casi totalmente por Chevron mientras que la otra parte de las acciones quedó en poder de BP (EE.UU.); y, 7. Texaco, que se fusionó con Chevron en 2001. Esta fusión fue conocida durante algún tiempo como ChevronTexaco pero en 2005 cambió su nombre nuevamente a Chevron. Texaco es ahora una marca de Chevron Corporation (EE.UU.). Tras las fusiones, las 5 empresas norteamericanas del club de las siete hermanas se funden en dos: ExxonMobil (Exxon y Mobil) y Chevron (Chevron, Gulf Oil y Texaco). A su vez, British Petroleum se fusiona con Amoco después de comprar otras grandes petroleras norteamericanas, y Royal Dutch Shell (Anglo-holandesa) permanece como tal. Por tanto, a partir de 2005 sólo sobrevivían cuatro de las Siete Hermanas: ExxonMobil, Chevron, Shell, y BP. Fuente: http://www.cayetanogutierrez.net/docs/noticias/siete%20hermanas%20del%20petroleo.pdf

[7] Manuel Ayau falleció en 2011. Fue Presidente de la petrolera Basic Resources que explotó petróleo en Rubelsanto, Alta Verapaz y el campo Xan, en el Parque Laguna El Tigre, Petén. No es casual entonces que uno de sus sobrinos, Antonio Minondo Ayau sea el Representante en Guatemala de la francesa petrolera PERENCO que explota el contrato 2-85, Xan, en la Laguna del Tigre, norte del departamento de Petén, así como el de Rubelsanto, ubicado en el municipio de Chisec, Alta Verapaz.

[8] Ver: Equipo de El Observador. “Un mapeo de actores y amenazas para el Valle del Polochic”. Mayo 2012, 68 páginas, en prensa.

[9] El Representante Legal de Centram, S.A. era el abogado guatemalteco Ernesto José Viteri Echeverría, quien también lo era de EXMIBAL y además tenía la representación de transnacionales petroleras. Viteri Echeverría, quien también era miembro de una familia de terratenientes y abogados, sostuvo esa representación en EXMIBAL durante muchos años después. Su hijo, Ernesto Viteri Arriola es integrante del bufete de abogados Viteri & Viteri y también fue Gerente de EXMIBAL en los años de la década de 1990.

[10] El Representante Legal de Zamora, S.A., y quien la inscribió en Guatemala fue el abogado y cafetalero Carlos Roberto Sánchez Lazo, quien había sido asesor legal de la Dirección de Minería; poseía intereses en la empresa Minas de Oriente; tenía lazos con compañías petroleras estadounidenses y con la empresa ferrocarrilera International Railways Central América (IRCA). Fundador de la Universidad Francisco Marroquín y miembro de las élites económicas, Sánchez Lazo también destacó por haber sido Presidente de la poderosa, aunque poco conocida, Asociación de Amigos del País en los años de 1980. En las décadas del 70 y 80 fue representante legal de varias compañías petroleras estadounidenses; en los 90 y 2000 fue miembro del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sánchez Lazo también era representante legal de EXMIBAL ya que compartía la representación con el abogado y banquero Gabriel Biguria Sinibaldi, uno de los socios de EXMIBAL y miembro del directorio de la minera. En la actualidad, Sánchez Lazo posee la finca cafetalera San José Ocaña en San Juan Sacatepéquez, desde donde ha creado un serio conflicto comunitario con habitantes del lugar, quienes también están enfrentados con Cementos Progreso en la aldea San José Ocaña y otros lugares del municipio.

[11] En el mapa aparece un supuesto pozo denominado Jaguar-1. Según información recabada en el MEM, ese pozo no existe. Sin embargo, aparece marcado en el mapa que el MEM publica en su página de internet. En todo caso, la zona donde se ubica Jaguar-1 está considerada como la de mayor interés para explorar debido a que se ha detectado petróleo a flor de tierra e, incluso, habitantes y/o propietarios lo usan para fines personales.

[12] Acuerdo Gubernativo 285-2001 emitido el 5 de junio de 2001 y publicado en el Diario de Centro América el 20 de julio de 2001; y Acuerdo Gubernativo 346-2001 emitido el 6 de agosto de 2001 y publicado en el Diario de Centro América el 10 de agosto de 2001.

[13] En el pequeño mundo petrolero guatemalteco se mencionaba insistentemente que uno de los socios de PETDEGUA era el ex Embajador estadounidense en Guatemala, Thomas Strook, quien era un reconocido petrolero en el Estado de Wyoming, Estados Unidos. Fue Embajador en Guatemala entre 1989 y 1992 con los gobiernos de Cerezo y Serrano Elías.

[15] Taghmen Energy inició sus operaciones internacionales en Guatemala cuando en 2004 adquirió la empresa Mexpetrol y sus derechos petroleros del contrato 6-93, Las Casas, localizado en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz. En 2005 participó en la licitación del área 7-2003 del contrato 1-2005, colindante al Parque Nacional Laguna Lachúa, en los municipios de Ixcán, Quiché y Cobán, Alta Verapaz. En esta licitación participó bajo el nuevo nombre que adoptó: Petrolatina Energy.

[16] En su página de internet, US Capital Energy informa que entre sus proyectos están los contratos de Guatemala y Belice.

[17] PREC es una corporación surgida de una fusión ocurrida en 2008 entre la venezolana/canadiense Pacific Stratus Energy y la canadiense Petro Rubiales Energy. PREC opera 35 bloques petroleros en Colombia y 3 en Perú, y cuenta con 80 pozos petroleros en ambos países. Actualmente tiene una alianza estratégica con la petrolera colombiana Ecopetrol, S.A. PREC es considerada la compañía petrolera independiente más grande de Colombia, la cual es parte del consorcio liderado por el acaudalado empresario boliviano-brasileño, Germán Efromovich, Synergy Group of Companies, que incluye a las mineras de oro y carbón Bolivar Gold Corp. y Coalcorp, con operaciones en Colombia. Efromovich es uno de los principales accionistas (socio mayoritario) de la fusión celebrada entre las aerolíneas Avianca (del grupo Synergy) y Grupo TACA, a principios de 2010.

[18] Las comunidades donde se están realizando los estudios petroleros se encuentran en su mayor parte en el bloque 0-10-96: Setal, Cerro Blanco, New Creek, Creek Lo de En medio, Sarstún Creek, San Juan, San Martín, Rosario y La Guaira Cocolí. Las comunidades de Plan Grande Tatín y Plan Grande Quehueche han quedado fuera del área de contrato.

[19] En este sentido, las “inyecciones” de capital internacional en forma de inversiones, préstamos o donaciones estarían activando la maquinaria económica para que el nuevo espacio receptor del capital tenga capacidad de consumir la forma mercancía del capital desplazado de los países con sobreacumulación y genere condiciones para obtener ganancias en el futuro. En ese sentido, las áreas protegidas estarían fungiendo como un desplazamiento espacial y temporal del capital y que hoy empiezan a desenvolverse en su vocación de generar ganancias a partir del aumento en la renta de la tierra.

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