Los representantes de las Fuerzas Armadas del istmo discutieron, entre otros temas, la posibilidad de crear una fuerza de reacción rápida, que podría ser puesta a disposición de la ONU, cuando ésta lo requiera.
Esta reunión regional es un peldaño más en la carrera del ejército de Guatemala, por liderar el campo de las Operaciones de Paz en la región. Hay que recordar que en el pasado mes de agosto, Guatemala asumió la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz (Alcopaz), que agrupa a las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En esta asociación participan como observadores Canadá, Estados Unidos, Francia, Rusia y Sudáfrica. Ejercer la presidencia de Alcopaz implica que el ejército de Guatemala estará a cargo de coordinar los esfuerzos para la formación del personal militar que participa en estas operaciones de la ONU.
Este esfuerzo debe entenderse como una oportunidad estratégica que el ejército de Guatemala ha tomado para mantenerse en el rol que corresponde a las Fuerzas Armadas dentro de los sistemas democráticos, y revertir esa tendencia que lo acerca cada vez más hacia el modelo de una Guardia Nacional. Pese a que la participación de los militares en toda la región latinoamericana en tareas de seguridad pública es una constante, la prolongación de esta actividad en Guatemala, –si se toma como punto de partida el Acuerdo 40-2000, han pasado 13 años− ha hecho que el ejército, bajo las constantes solicitudes del Ejecutivo, tome a su cargo funciones que corresponden a los servicios especializados de una policía. El último ejemplo es la “intervención operativa” de las aduanas. Esto genera un desgaste en la institución, que desnaturaliza sus valores y misión.
Sin embargo, este esfuerzo por incorporarse como un protagonista en el mantenimiento de la paz, está lastrado por un elemento cuya importancia no es menor. Las exhumaciones en curso en el CREOMPAZ, hacen que se convierta en un contrasentido el entrenar a tropas que deben prevenir a la población civil de las peores atrocidades de un conflicto armado interno, justamente en instalaciones militares que son una escena de esos mismos crímenes. Seguramente no fue cómodo para la cúpula del ejército, explicar a sus pares de la región, el porqué de la presencia de equipos de antropólogos forenses y del Ministerio Público en las instalaciones de la ex Zona Militar 21.
A todo esto, no está de más explicar cuál es la relación del Sistema de las Naciones Unidas en este tema. Al inicio del proceso de las exhumaciones, fue sorprendente para las víctimas y los equipos de antropólogos y del Ministerio Público que entraron al CREOMPAZ, el encontrarse con soldados con insignias de la ONU y vehículos con las siglas UN, aportando un elemento surrealista al proceso.
Y es que la existencia del CREOMPAZ está avalada por la política estandarizada para la formación del personal que participa en las Operaciones de Paz de la ONU. En esta política, se creó el Servicio de Capacitación Integral (ITS), como una dependencia del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO), entidad que certifica que el entrenamiento que provee el CREOMPAZ cumple con los requisitos establecidos por la ONU para las fuerzas militares que participan en sus operaciones.
En otras palabras: CREOMPAZ funciona con un aval de que la capacitación que extiende, cumple con los requisitos solicitados por la ONU. Sin embargo, cabe preguntarse si alguien en Nueva York, Ginebra, o la Zona 14 de Guatemala, ha considerado la conveniencia de mantener dicho aval, al menos mientras las exhumaciones siguen en proceso.
Una verdadera modernización del rol del ejército pasa necesariamente por el reconocimiento de lo sucedido en el CREOMPAZ cuando era aún la Zona Militar 21, la desactivación de esta unidad, y la dignificación de las más de 600 víctimas encontradas durante la exhumaciones.
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