Por un lado, el simbolismo del cambio de época en el calendario maya a las puertas de un nuevo b’ak’tun que, a decir de nuestros ancestros y contrariamente a lo que reporta la prensa sensacionalista, es simplemente el preludio de una nueva era. Por el otro, el del relevo político a nivel gubernamental, ahora que están formalmente instaladas las nuevas autoridades democráticamente electas en noviembre pasado.
Entre otras generalidades, el nuevo mandatario expresó durante su discurso de toma de posesión el pasado 14 de enero que “la gente quiere que Guatemala cambie y está dispuesta a poner la cuota que les toque”. Quienes han tratado de decodificar el discurso del octavo presidente de la era democrática, nos han advertido que fue un largo y tedioso rompecabezas desarticulado, revestido todavía con tono de campaña electoral. Así que dentro de ese espeso bosque que fue el discurso, yo me pregunto si “la gente” también incluye al sector económico organizado y si esta “cuota” es un mensaje codificado sobre su anuencia a aceptar cambios fiscales, entre ellos un sistema tributario progresivo que se ha venido postergando desde siempre.
Mientras que para algunos el énfasis en la nueva agenda gubernamental es básicamente urbano y unidimensional, enfocado en la seguridad y el combate al crimen organizado, para otros, “el menú” del nuevo gobierno debiera ser más integral, añadiendo a este urgente componente, otros cuatro elementos clave para el desarrollo de Guatemala. Varios analistas, entre ellos el economista Tomás Rosada, al hacer un recuento de los retos y algunas prioridades en materia social y económica, articula otras dimensiones de política para que al cabo de cuatro años se vean procesos fortalecidos encaminados hacia la modernización del Estado y la reducción de la pobreza: sostenibilidad fiscal, protección social, competitividad y desarrollo rural.
Dentro de este menú, no se puede despreciar el monumental apoyo que el nuevo gobernante deberá brindar a la educación pública, base de nuestro capital social y de nuestro desarrollo como país. El diagnóstico de la nueva ministra del ramo, Cynthia del Águila, implica varios retos educativos recurrentes. Entre estos, la ministra menciona “cobertura, calidad, pertinencia, equidad, infraestructura, carencias y desorden”. La gratuidad de la educación es un mandato constitucional. Implementarla con equidad y calidad requiere, al igual que el resto del andamiaje institucional para implementar tan ambiciosa agenda, de recursos financieros y humanos que sean sostenibles a largo plazo. ¿Qué cuota le toca al sector económico organizado?
La expectativa del Presidente sobre la responsabilidad ciudadana es noble, al igual que otros deseos como eliminar el trabajo infantil o impulsar la reconciliación nacional, temas que se evidenciaron en el discurso. El nuevo gobernante enfatizó que las causas estructurales que dieron origen a la guerra perduran. La mayoría de personas interpretará quizás que el mandatario está esperando un cambio individual centrado en buenas intenciones y en un cambio de actitud positiva. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.
Está de moda preguntar últimamente qué nos toca, qué responsabilidad debemos asumir. Más allá de la tradicional retórica individualista que permea a las clases medias capitalinas y urbanas, creo que en los próximos meses es necesario que el mandatario delinee también qué tipo de responsabilidades está esperando a nivel sectorial, particularmente del sector privado. Ya asignó tareas como comandante de las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Resta todavía aclarar de manera más intencional qué tipo de liderazgo y cuáles son las tareas, apoyos, estrategias y mensajes que como primer mandatario busca comunicar y negociar con el sector empresarial respecto a su responsabilidad tributaria históricamente postergada.
¿Qué cuota le toca al sector económico organizado para que Guatemala cambie?
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